La organización Human Rights Watch (HRW) llamó a presionar al gobierno de Colombia para que actúe contra grupos sucesores de los paramilitares de ultraderecha, que continúan atacando a la población civil.
Al presentar el miércoles en Bogotá el informe «Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia», producto de una investigación de campo de dos años, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, calificó de «fracaso» la publicitada desmovilización parcial de esas milicias ultraderechistas entre 2003 y 2006.
«La amenaza que representan los grupos sucesores es a la vez grave y cada vez mayor», se lee en el informe.
Su surgimiento «era predecible, en gran parte debido a que el gobierno colombiano no desmanteló las estructuras criminales de las AUC (las Autodefensas Unidas de Colombia), ni sus redes de apoyo económico y político durante las desmovilizaciones», dice el texto.
Las bandas que surgieron o se mantuvieron tras esa desmovilización «cometen habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia», advirtió HRW.
[related_articles]La aparición de estos grupos coincidió con el «incremento significativo» del desplazamiento forzado entre 2004 y 2007, según el informe.
Vivanco dijo que HRW comprobó el aumento «dramático» de amenazas de muerte contra sindicalistas y líderes sociales que son suscritas por dichas bandas.
«El poder de esas amenazas es incalculable», señaló, pues los líderes y comunidades afectadas «no necesitan demostración» de lo que son capaces los paramilitares.
Las AUC, surgidas en la década de 1980, fueron responsables en su momento de 80 por ciento de los crímenes en la guerra civil colombiana, según las Naciones Unidas.
Para esconder miles de asesinatos llegaron a construir hornos crematorios, donde reducían los cuerpos a cenizas; para ahorrar el esfuerzo de cavar fosas descuartizaban a sus víctimas con motosierras o las lanzaban a los ríos.
[pullquote]1[/pullquote]La mayoría de los sucesores de las AUC heredaron la forma de actuar del paramilitarismo: aliarse con sectores de la fuerza pública en pos del control territorial y contra la guerrilla de izquierda.
No hay acuerdo sobre qué nombre darles ni sobre cuántos son.
A comienzos de 2007 el Poder Ejecutivo declaró oficialmente el fin de estos grupos, con los cuales el Estado colombiano tenía nexos, según sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde entonces, la policía llama «bandas criminales» o «bacrim» a los grupos nuevos o remanentes, y les calcula más de 4.000 integrantes.
Coincide así con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), que en su momento convalidó las cifras de la desmovilización paramilitar y les dio legitimidad.
Para el Observatorio del Conflicto Armado de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, los neo-paramilitares son poco más de 10.000 combatientes.
Aunque, a mediados de 2007 el propio ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos, puso la cifra en 16.000, y advirtió que las mejores armas no habían sido entregadas.
Según la policía, a mediados de 2009 operaban en 173 municipios de 24 de los 32 departamentos de Colombia; había al menos nueve grupos de determinado poderío regional; y la mayoría de sus jefes eran ex mandos medios de las AUC.
El reclamo central de HRW es por la insuficiente atención que da el gobierno al fenómeno. Vivanco indicó que la Fiscalía General de la Nación asigna apenas a cuatro fiscales y a 12 investigadores de tiempo completo para las «bacrim».
En contraste, dijo, el gobierno de Álvaro Uribe se gasta al año un millón de dólares en propaganda e incidencia en Washington, para conseguir la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Estados Unidos y Colombia.
«¿A cuántos fiscales se pudo haber contratado con esos recursos?», inquirió Vivanco, tras aclarar que HRW no se opone por filosofía a los TLC.
[pullquote]2[/pullquote]El TLC permanece congelado en el Congreso legislativo estadounidense por el bloque del gobernante Partido Demócrata, que dice condicionar su aprobación a mejoras en materia de derechos humanos en Colombia.
El país andino negocia un TLC también con la Unión Europea (UE), pero un grupo del Parlamento Europeo presiona para que se apliquen los parámetros en derechos humanos que exige la UE en el ámbito comercial.
Catherine Ashton, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, informó a esos parlamentarios la decisión de la Comisión de «hacer una pausa en las negociaciones del TLC con Colombia».
«Según su apreciación, no era apropiado para la nueva Comisión Europea sacar todavía conclusiones sobre un tema tan delicado», reportó el 29 de enero desde Bruselas Emmanuel Raison, portavoz de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, integrada por 35 organizaciones europeas de la sociedad civil.
«Y frente a las demandas insistentes de los eurodiputados», continuó Raison, «el comisario de Comercio designado, el belga Karel de Gucht, se comprometió a tomar el tiempo necesario para abrir una discusión política a profundidad sobre los derechos humanos en Colombia».
