Quedó listo para sentencia un juicio contra el sociólogo y cronista Alfredo Molano, por presunta calumnia e injuria, que puso a debatir en Colombia sobre dos asuntos tan unidos como diferentes: la gramática y la libertad de expresión.
Molano fue demandado por calumnia e injuria (delitos penales en el país) por cuatro jóvenes Araújo, miembros de una poderosa familia de provincia, debido a su columna de opinión "Araújos et al", publicada en febrero de 2007 en el diario El Espectador, editado en Bogotá.
Los cuatro demandantes, de entre 25 y 30 años, se sintieron aludidos en el retrato que hizo Molano en su columna sobre el secular "modo de hacer negocios" de las elites regionales, su fuerte injerencia política y cómo salen siempre indemnes de todo ello.
Para convencer al juez, la técnica que usaron los demandantes, respaldados por la Fiscalía General (órgano de investigación y acusación pública), consistió en alterar el texto original de Molano.
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Donde el columnista usó de manera sarcástica la expresión genérica "los notables" para referirse a actividades de dichas elites, la parte civil la sustituyó por "los Araújos de Valledupar", la capital del nororiental departamento de Cesar.
Dos de los denunciantes de Molano, al rendir testimonio, aseveraron que habían perdido respectivamente un empleo y un reconocimiento honorífico únicamente debido a la columna del sociólogo.
Pero la semana en que Molano escribió su comentario había rodado la cabeza de la entonces canciller, María Consuelo Araújo, después de que varios de sus más cercanos parientes fueron acusados de atentar contra la seguridad del Estado al conformar grupos paramilitares.
Este tema, sin embargo, salió a relucir en el juicio apenas débilmente.
En cambio, la proverbial afección colombiana por la gramática puso a debatir ante los estrados judiciales si la columna trataba de una generalización o de una acusación individual y hasta dónde una generalización es aplicable o no a un individuo.
Cada cual desde sus disciplinas, la gramática Adriana Camacho y el representante del Ministerio Público, Sabino Pulgarín, coincidieron en que no se puede demostrar que se está hablando específicamente de una persona si no se está hablando de ella.
Ante la duda jurídica, Pulgarín, recomendó al juez David Ernesto Vega absolver a Molano, basándose en definiciones penales y sentencias de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia.
No es obligatorio para el juez acoger el concepto del Ministerio Público, aunque lo tiene en cuenta.
Por su parte, con el argumento de la "complejidad" del caso, el juez dejó en vilo el anuncio de su decisión hasta el día 9, cuando se festeja en Colombia el oficio de los periodistas.
Durante la audiencia final de dos días, uno de los demandantes, Andrés Alfredo Rafael Molina Araújo, no sólo acusó a Molano de haberlo afectado laboralmente con sus opiniones en la columna.
También señaló al escritor de haber "instigado a otros columnistas, colegas de él, en una solidaridad de cuerpo inexplicable, para que saquen cada tanto columnas en contra de la familia y reiteren las acusaciones injuriosas y calumniosas que él hizo en su primer momento".
Posteriormente el declarante se retractó, entre otras afirmaciones, del término "instigar".
Pero, señaló que la demanda "ha sido una pelea desigual, en donde hemos estado sometidos al poder casi omnímodo del periodismo".
"¿Por qué cree que las cámaras están aquí? No son gratuitas", señaló sobre la presencia de varios medios de prensa en la audiencia, que achacó a "una estrategia muy calculada del señor Molano".
Molina Araújo es hijo de la periodista Consuelo Araújo Noguera, asesinada en septiembre de 2001 por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando el ejército intentó rescatarla luego de que fue secuestrada.
La familia Araújo tiene al menos 40 miembros y es dueña de la principal estación radial de Cesar, Radio Guatapurí.
Para la periodista María Teresa Herrán, catedrática y autora de varios libros sobre ética, la razón de la presencia de muchos medios en la audiencia contra Molano se debe a que "lo que está en juego es la libertad de expresión y la libertad de opinión en un Estado de Derecho. Esa es la importancia de este proceso".
"Obviamente no podemos pronunciarnos sin esperar la sentencia final", señaló a IPS, "pero evidentemente lo que está en juego va mucho más allá que simplemente una cuestión gramatical o semiótica. Es la libertad de expresión y de opinión frente al poder de las familias en Colombia".
Llamados por la defensa de Molano testificaron, entre otros, el laureado poeta Juan Manuel Roca, el ex presidente de la Corte Constitucional y ex candidato presidencial de la izquierda Carlos Gaviria, y el columnista y penalista Ramiro Bejarano, director en los años 90 del Departamento Administrativo de Seguridad, el servicio de inteligencia más conocido por sus siglas DAS.
Al contrario de la catedrática Herrán, Gaviria no vaciló en opinar que el fallo debe ser absolutorio.
El ex magistrado consideró que "el juez tiene una responsabilidad inmensa. Porque se trata de determinar si la libertad de expresión y la libertad de prensa tienen o no vigencia en Colombia".
También debe establecer "si al columnista le tienen que enseñar el lenguaje que utiliza, si no puede utilizar una licencia retórica para referirse a una situación social, como lo ha hecho Alfredo Molano", afirmó.
Se trata de resolver si Molano, el sexto columnista más influyente del país según la encuesta de enero de Panel de Opinión, "va a ser silenciado", advirtió Gaviria, o incluso si "va a ser sancionado con una pena privativa de la libertad".
"Si el juez tiene duda acerca de si se tipificó o el delito de injuria o el delito de calumnia", subrayó a IPS, el principio que prevalece es el de que "las dudas se resuelven a favor del reo".
La demanda contra Molano, autor de más de 15 libros, concitó la atención y seguimiento de organizaciones como las estadounidenses Human Rights First y el Comité de Protección de Periodistas, y del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (Ceso-FIP).
El XVI Congreso de la Asociación de Colombianistas, realizado en agosto en la estadounidense Universidad de Virginia, dedicó parte de su programación a conversatorios sobre la obra de Molano, que documentan la realidad y las historias de las gentes del país en guerra.
En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia en su sede de Washington sobre el derecho a la libertad de expresión en Colombia, durante su 134 periodo de sesiones.
Ante esa audiencia, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe solicitó que la CIDH inste a los Estados de la región a adecuar sus legislaciones a la tendencia internacional, de despenalizar la injuria, la calumnia y el desacato.
En el mismo sentido se pronunció la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa. "La libertad de opinión es un valor fundamental en una sociedad democrática y, salvo restricciones muy específicas, no conoce de límites y no debe ser objeto de sanción penal", argumentó.
