La libertad de prensa es puesta a prueba en Eslovaquia, según organizaciones no gubernamentales, que denuncian un cambio de actitud del canal de televisión estatal a favor del gobierno en el marco de la campaña para las elecciones previstas para junio.
Organizaciones que hacen un seguimiento de los medios de comunicación en este país sostienen que la estatal STV ha abandonado su tradicional manera objetiva de informar sobre el gobierno de coalición, y que está amordazando al periodismo de investigación y a toda transmisión de noticias que puedan verse como críticas.
"Los últimos acontecimientos en STV son muy alarmantes, especialmente a la luz del hecho de que habrá elecciones este verano (boreal). Nosotros ya hemos tenido las primeras señales de que el gobierno está usando a STV como herramienta de propaganda", dijo a IPS Rastislav Kuzel, analista de medios de MEMO98, una organización no gubernamental con sede en Bratislava.
Las advertencias llegaron apenas unos días después del despido de un periodista del canal, a raíz de la controversia generada por un documental sobre el uso de fondos de la Unión Europea (UE) en uno de los varios proyectos especiales de institutos de bienestar social presentados por la ministra de Trabajo, Viera Tomanova. Posteriormente, algunos de esos proyectos fueron vinculados a parlamentarios del partido de gobierno, así como a sus amigos.
El documental fue retirado horas antes del momento en que tenía previsto salir al aire, en octubre, por orden del director de STV, Stefan Niznansky.
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Niznansky, quien antes de asumir su cargo fue asesor de medios de la actual ministra de Trabajo, argumentó que se canceló la transmisión porque los periodistas que hicieron el programa no siguieron los procedimientos internos de edición.
Pero luego se supo que el documental había sido aprobado por jefes editoriales para su emisión días antes de la decisión de Niznansky.
La medida fue condenada por las asociaciones de periodistas del país y se especuló con que el canal había sido presionado para cancelar la transmisión. A comienzos de este mes, una auditoría de Bruselas comprobó la malversación de los fondos denunciada en el informe periodístico en cuestión.
El canal también es acusado de tendencioso, por un episodio de inicios de este mes vinculado a su programa de debate político, que se transmite los domingos a mediodía.
Habitualmente el programa presenta a un representante del gobierno y uno de la oposición debatiendo sobre temas de actualidad, tanto políticos como sociales. Pero en la transmisión del primer domingo de este año los únicos invitados fueron el primer ministro Robert Fico, el presidente del Parlamento, Pavol Paska, del mismo partido Smer, y el presidente Ivan Gasparovic.
Pese a considerarse neutral, el año pasado Gasparovic dijo ser "prácticamente un miembro" del Smer.
Los políticos de la oposición dijeron que el programa no había sido más que propaganda del gobierno.
"Esto y el despido del periodista por el documental muestra que la coalición gobernante presiona políticamente al canal", dijo Kuzel a IPS.
Funcionarios de STV negaron cualquier vínculo político con el despido del periodista, así como con la emisión del debate. También desestimaron reiteradamente las acusaciones de influencias políticas en el canal.
Pero desde que Fico llegó al poder, en 2006, se han suscitado preguntas sobre la influencia de los políticos del gobierno. Los periodistas del canal sostienen que los contactan para decirles cómo realizar las coberturas informativas.
En octubre de 2006, el entonces jefe de noticias en la emisora, Roland Kyska, dijo que Fico lo había llamado para decirle qué esperaba de la cobertura de una visita de Estado que estaba por realizar. Entonces Kyska declaró a los medios eslovacos que el gobierno esperaba que STV fuera "servil" en relación a él.
El personal de STV también confirmó que la portavoz del ministro de Cultura, Marek Madaric, había llamado en otras ocasiones para discutir la presentación de noticias.
En 2007 renunciaron 11 periodistas de STV, argumentando que su trabajo era objeto de censura y que las decisiones sobre las transmisiones eran influidas políticamente.
Críticos señalan que Niznansky, el director del canal, se está asegurando de que el gobierno sea presentado de la mejor manera posible.
Andrej Skolkay, analista de medios y director de la Escuela de Medios y Comunicación en Bratislava, dijo a IPS: "Él sabe exactamente cómo presentar las cosas para dejar bien al gobierno. STV evita temas delicados y produce propaganda encubierta".
También advierten que si el gobierno tiene control sobre las noticias que emite STV podrá usarlo para manipular votantes en las elecciones programadas para junio.
Preocupaciones similares se han planteado en torno a la restricción del gobierno a la manera de informar en los medios impresos.
Las relaciones entre el gobierno y los diarios están en su punto más bajo desde el régimen autócrata de Vladimir Meciar, que en los años 90 llevó a Eslovaquia al aislamiento internacional y que fue condenado por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo por, entre otras cosas, su manipulación de los medios públicos de comunicación.
Políticos del gobierno han insultado abiertamente a algunos periodistas desde que llegaron al poder. Fico los calificó públicamente de corruptos, estúpidos, mentirosos e idiotas, así como de prostituirse. En diciembre también comparó a los editores de los medios impresos con una mafia, y sostuvo que se reunían en secreto para discutir cómo desacreditarlo. Por esas declaraciones, un editor presentó ahora recursos legales contra el jerarca.
Pero Fico y otros altos funcionarios del gobierno lanzaron una serie de acciones difamatorias contra los medios impresos, muchas de las cuales resultaron exitosas. Solamente el año pasado, el propio Fico ganó más de 100.000 euros (más de 141.000 dólares) en compensaciones de periódicos y revistas.
Además, en abril de 2008 se aprobó una nueva ley de medios que introdujo un "derecho a réplica", bajo el cual los medios impresos están obligados a publicar la reacción de cualquier persona que sienta que un artículo difundido allí dañó su reputación, aunque los hechos contenidos en el artículo sean verdaderos.
La legislación estipula que la réplica tendrá que publicarse en el mismo lugar del diario o la revista en que salió la nota original. Si la publicación se niega a hacerlo, tiene que pagar multas de hasta 5.000 euros (7.054 dólares).
Varios editores protestaron contra la aprobación de la ley, y organizaciones periodísticas internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, además de instituciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la cuestionaron por considerarla un ataque a la libertad editorial.
Pero los políticos que redactaron la ley sostienen que ésta no fue introducida para restringir la libertad de prensa sino, en cambio, para proteger a los ciudadanos comunes contra las falsas acusaciones.
