La creación de un fondo con reservas monetarias para el pago de vencimientos de deuda pública, diseñado por el gobierno de Argentina con el propósito de generar confianza entre los acreedores, derivó en una crisis en torno al Banco Central, que ahora se dirime en la justicia y en el parlamento.
Tras dos días de tensiones, la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, destituyó a Martín Redrado de su cargo de presidente del Banco Central (emisor) ante su rechazo a entregar 6.569 millones de dólares "en disponibilidad" para el Fondo del Bicentenario por el Desendeudamiento y la Estabilidad, creado por decreto a mediados de diciembre.
Fernández utilizó la figura del decreto de necesidad y urgencia (DNU) ante la negativa de Redrado a renunciar, como se le había pedido por las discrepancias que manifestaba con el gobierno nacional.
Este viernes, Redrado presentó una denuncia judicial por la presunta inconstitucionalidad del decreto que lo despidió, y reiteró su negativa a dejar el cargo.
Argumentó para su negativa a nutrir al Fondo del dinero requerido que "las reservas son de todos los argentinos y si hay que darles algún destino alternativo al respaldo de la moneda corresponde que el tema pase por el Congreso" legislativo, en receso hasta el 1 de marzo por las vacaciones del verano austral.
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Estos enfrentamientos de Redrado con el gobierno desataron también denuncias político-judiciales.
La dirigente opositora Elisa Carrió, de la centrista Coalición Cívica, consideró que la presidenta, con su decisión, comete "abuso de poder" y se expone "a un juicio político". Y el diputado Fernando "Pino" Solanas, del izquierdista Proyecto Sur, adelantó que la denunciará ante la justicia penal.
Legisladores analizan la convocatoria del plenario del cuerpo para sesionar y definir tanto la legalidad del decreto que creó el Fondo del Bicentenario como el que removió de su puesto al titular del Banco Central.
Redrado se manifestaba renuente a transferir fondos del Banco Central al gobierno centroizquierdista de Fernández argumentando que el decreto que creó el Fondo no había sido sometido a la ratificación del Congreso Nacional.
El gobierno, a su vez, entendió que la resistencia era un acto de rebeldía y desplazó al titular de la autoridad monetaria, que es designada por el gobierno con la necesaria anuencia del Senado.
La jueza federal de lo contencioso administrativo María José Sarmiento dispuso este viernes la suspensión de la aplicación del decreto que crea el Fondo del Bicentenario a la espera del pronunciamiento del Congreso, así como del que destituye a Redrado, quien pretende volver a ocupar la presidencia del Banco Central.
Sarmiento hizo lugar, en el primer caso, a una medida cautelar presentada por dirigentes de la oposición en diciembre, y el gobierno adelantó que apelará la resolución.
La idea del gobierno era disponer del Fondo del Bicentenario esta misma semana, en vísperas de la publicación oficial de una oferta pública a los tenedores de títulos de deuda en mora que no ingresaron al canje de bonos concretado en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, antecesor y esposo de Fernández.
Pero la iniciativa fue denunciada ante la justicia por la oposición, con el mayor protagonismo de los sectores derechistas, que pidieron una medida cautelar para frenar la entrega de esos recursos al menos hasta que la propuesta pase por el control de los legisladores.
También presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina el gobierno de la occidental provincia de San Luis, conducido por Alberto Rodríguez Saá, del sector derechista del Partido Justicialista (peronista) y enfrentado con Fernández y Kirchner, quienes encabezan el ala centroizquierdista.
En su presentación, el gobierno de San Luis cuestionó la legalidad del decreto, remarcó que las provincias tienen dominio sobre las reservas del Banco Central y planteó sus dudas respecto del verdadero destino de esos fondos, ya que en el presupuesto nacional 2010 está previsto ya el pago de vencimientos de deuda.
A fines de 2009, la Corte aceptó el recurso del gobierno provincial y pidió a la presidenta que informe sobre los fundamentos del decreto de creación del Fondo Bicentenario.
El Banco Central ha acumulado de modo constante reservas desde la llegada de Kirchner al gobierno en 2003, que a fines de 2009 sumaban casi 48.000 millones de dólares. De ese total, se calcula que unos 30.000 millones se requieren para respaldar la base monetaria y el resto es considerado de libre disponibilidad. El gobierno, en su decreto, dispuso tomar para el Fondo del Bicentenario 37 por ciento de ese resto.
Ese total equivale a la mitad de los vencimientos de deuda previstos para este año, que llegan a unos 13.000 millones de dólares. Como Argentina tiene dificultado el crédito internacional desde que declaró el cese de pagos de su deuda en 2002, en medio de una debacle económica y política, la idea del gobierno es asegurarse un fondo para la cancelación de esos compromisos.
Pero tanto el ahora expulsado titular del Banco Central como economistas y dirigentes de la oposición dicen temer que el Fondo del Bicentenario no sea destinado al pago de deuda y que se utilice para gastos corrientes, lo cual generaría una mayor inflación, que fue prevista para este año en 17 por ciento.
Miguel Ángel Arrigoni, de la consultora económica Deloitte y Touche, indicó a IPS que es "absolutamente normal y técnicamente correcto" usar reservas para dar credibilidad al pago de la deuda, y quienes digan lo contrario están hablando "a nivel político y no a nivel técnico económico".
Sin embargo, admitió también que esta decisión debería realizarse "bajo un mecanismo que no altere la política monetaria ni impacte en la economía en su conjunto". "Si los referentes políticos y expertos económicos dieran un paso atrás y estudiaran los elementos técnicos esta crisis podría solventarse eficazmente", aseguró.
Lo cierto es que el gobierno, ante las demoras de Redrado en disponer del Fondo, le pidió la renuncia. Pero éste se negó a dimitir y se desató una crisis político-institucional. Para remover al presidente de la autoridad monetaria, el Poder Ejecutivo debería acusarlo en primer lugar de mal desempeño.
Luego, un consejo integrado por legisladores debe pedir al acusado que haga su descargo a fin de realizar un informe. Con ese escrito, que no es vinculante, pero es parte del procedimiento, el Poder Ejecutivo puede pedir el desplazamiento del titular. Pero la presidenta salteó la participación del parlamento en este punto.
Como el informe no es vinculante y el Congreso está en receso, la presidenta Fernández consideró ocioso involucrarlo en su decisión y echó al funcionario. Redrado dejó su cargo, pero no renunció, y anticipó que acudirá a la justicia para pedir la nulidad de su remoción, como finalmente hizo, en un puesto cuyo período debería seguir hasta septiembre de este año.
Redrado fue designado para el puesto por Kirchner en 2004 para un período de seis años. Ahora, en forma provisoria, asumió la titularidad del banco el vicepresidente, Miguel Pesce.
El gobierno justifica su política en su capacidad de acumulación de reservas y en antecedentes de la utilización de estos fondos para cancelar deuda. En 2003, cuando asumió Kirchner, había unos 8.000 millones de dólares de reservas y ahora ese monto creció a 48.000 millones.
En 2005, a fin de contar con mayor independencia en las decisiones económicas, el entonces presidente Kirchner canceló la deuda total de Argentina con el Fondo Monetario Internacional con dinero de reservas monetarias. Pero en ese momento, el decreto fue respaldado por el Congreso Nacional.
"Si no supieron gobernar dejen gobernar ahora y no sigan poniendo palos en la rueda", criticó este viernes la presidenta Fernández.
