El hostigamiento contra la mexicana Obtilia Eugenio no conoce fin desde 1998. Un día sí y otro también esta mujer del pueblo tlapa, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Mephaa (OPIM), ha sido presa de intimidaciones y amenazas por su labor social.
Su historia, junto a otros 15 casos, está contenida en el informe "Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México", presentado este jueves en la capital mexicana por Amnistía Internacional (AI) para desnudar la realidad que afrontan los y las activistas.
"Hoy se enfrentan a intimidaciones y amenazas, corren el grave riesgo de perder la vida, sólo por defender los derechos y pedir justicia y dignidad", expresó en el acto la colombiana Nancy Tapias, adscrita al Secretariado Internacional de AI, la organización no gubernamental humanitaria con sede en Londres.
El reporte documentó cinco expedientes de asesinato, cuatro de acoso penal y seis de intimidación en contra de promotores de los derechos humanos en el país ocurridos entre 2007 y 2009.
"Nunca el gobierno ha respetado los derechos humanos, así lo hemos vivido nosotros. Nuestra situación es muy difícil, necesitamos educación y medicamentos, y nunca los hemos tenido", indicó en la presentación del informe Eugenio, quien radica en una comunidad del estado de Guerrero, al sur de la ciudad de México.
En febrero de 2009 fueron secuestrados y asesinados en Guerrero Raúl Lucas y Manuel Ponce, dirigentes de la autónoma Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, cercana a la OPIM. Este crimen aún permanece impune.
Los ataques contra los activistas "rara vez son investigados de forma efectiva" por las autoridades", concluye el documento de 29 páginas de extensión. "La gravedad de los ataques de que han sido víctimas estas personas en México en los últimos años exige la acción urgente de las autoridades", cita el texto.
AI señala que los promotores de los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas y de protección al ambiente se hallan en riesgo, pues su labor interfiere con "poderosos intereses políticos o económicos". Pero la organización humanitaria no levanta el dedo contra los potenciales autores de las violaciones.
Jesús Emiliano, dirigente del Frente Democrático Campesino, también conoce los rencores del poder. En marzo de 2006 fue aprehendido en el norteño estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, acusado de sabotaje por haber participado en una manifestación. Fue liberado pocos días después por falta de evidencias.
"Ni disculpas me pidieron. Hemos encontrado que no le gusta a los gobiernos que reclamemos por los recursos", manifestó Emiliano, presente también en la actividad de este jueves.
Este estado es escenario desde hace dos años del llamado Operativo Conjunto Chihuahua, que involucra a cientos de militares y policías desplegados para luchar contra el narcotráfico y que ha elevado los niveles de violencia en esa zona.
Luego de asumir el gobierno en diciembre de 2006, el presidente conservador Felipe Calderón lanzó a miles de soldados y policías en contra de las bandas del crimen organizado, una campaña que desde esa fecha ha dejado más de 15.000 muertos. En 2009, se registraron en este distrito más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales.
Esa región, ambicionada por los carteles de la droga para pasar las sustancias ilegales al jugoso mercado estadounidense, fue el escenario del primer asesinato de una activista en el año.
Josefina Reyes, integrante del Frente Nacional contra la Represión, fue asesinada el 3 de este mes, luego de denunciar los ataques de los narcotraficantes y violaciones de los derechos humanos cometidas por soldados.
"Nos hemos vuelto incómodas para el gobierno, por nuestras denuncias de desapariciones forzadas de personas y homicidios", dijo a IPS Cipriana Jurado, presidenta del no gubernamental Movimiento Obrero, en ese mismo estado y quien ha denunciado amenazas de muerte por su labor.
El informe de AI coincidió con otro de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, que el miércoles denunció que los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas mexicanas aumentaron en los últimos tres años, sin que el gobierno de Calderón tomara medidas al respecto.
La respuesta del gobierno a los señalamientos ha sido como una letanía. La Secretaría (ministerio) de Gobernación dijo en un comunicado que las acusaciones son "infundadas".
La investigación de AI se suma a un reporte similar dado a conocer en octubre por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En ese documento, la agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidenció, entre enero de 2006 y agosto pasado, 128 casos de agresiones a defensores, 10 de ellas terminaron en asesinato, y recibió 54 denuncias de ataques en todo el país.
Las amenazas representaron 27 por ciento de los expedientes, la persecución penal de los promotores otro 20 por ciento, el hostigamiento ascendió a 17 por ciento y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, a 10 por ciento, según el reporte.
En el estado de Oaxaca, al sur de la capital mexicana, la cabeza del sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador del Centro de Atención Pastoral Católica para Migrantes, tiene precio.
"Así me lo dijeron los internos de la cárcel de Juchitán", precisó durante el acto público el también director de un albergue para inmigrantes centroamericanos que cruzan México en ruta hacia Estados Unidos.
Esa recompensa se debe a la labor que desde 2005 realiza el religioso en pos de la defensa de los inmigrantes, que por miles tratan cada año de llegar a suelo estadounidense. En su camino padecen extorsiones y secuestros de policías municipales y de bandas criminales, coludidos muchas veces en esos delitos.
Con las denuncias penales "no ha pasado nada", resumió tristemente Solalinde, quien en enero de 2007 ayudó en Oaxaca a un grupo de centroamericanos a escapar de sus captores.
AI recomendó la creación de un mecanismo integral de protección a defensores de derechos humanos, como medida de prevención de actos violentos en su contra.
"Se debe lanzar el mensaje de que un asesinato de un defensor no se tolerará más", insistió Tapias.
El gobierno mexicano se comprometió en marzo pasado en el Examen Periódico Universal, que cada año efectúa el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en su Programa Nacional de Derechos Humanos a instituir un esquema de protección para los activistas.
"¿Pero cómo te van a cuidar los que cometen las violaciones?", se preguntó Jurado, quien no cuenta con escolta especial, a pesar de las intimidaciones en su contra.
Amnistía Internacional sugirió también "garantizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales" sobre los abusos "para prevenir nuevos riesgos, identificar a los responsables, llevarlos ante la justicia", de modo que esos hechos no se reproduzcan.
