La destrucción de los bosques y el cambio climático están detrás de las devastadoras inundaciones que han destruido viviendas y cultivos en distintas partes de Bolivia, según ambientalistas. La magnitud del desastre llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia nacional.
Informes oficiales dan cuenta que ya han muerto ocho personas y han sido damnificadas 22.614 familias en el país, mientras que sólo en el barrio de Huanu Huanuni de la La Paz, ciudad sede del gobierno, se desplomaron unas 80 viviendas en la víspera por la inestabilidad de suelos. En esta zona conviven personas acomodadas con vecinos pobres.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, visitó ese barrio este viernes y prometió destinar recursos financieros para la construcción de viviendas en un proceso ágil y apoyado en un decreto que facilita la gestión institucional y la captación de donaciones.
Hasta el jueves, 65 de los 327 municipios bolivianos habían sufridos diversos daños cubriendo una superficie de 23.000 hectáreas de cultivos, vías camineras y viviendas, según un reporte de la Dirección Nacional de Emergencia del Ministerio de la Defensa.
"Existe una estrecha relación, entre los daños ambientales y el exceso de precipitaciones debido, por una parte, al cambio climático global que modifica el régimen de lluvias", explicó a IPS la directora ejecutiva de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Jenny Gruenberger.
"Pero también incide la inadecuada gestión ambiental, que no ha detenido el aumento de las tasas de deforestación en el país", denunció.
El presidente Morales expresó este viernes, en un mensaje ante el saludo protocolar del cuerpo diplomático extranjero acreditado en el país, que es el momento de salvar a la humanidad, acabando con el hambre, aumentando el cuidado del ambiente y dando espacios para la mayor participación de los pueblos.
"Cada año y durante la época de lluvias, la geografía boliviana muestra una alta vulnerabilidad que rebasa nuestra capacidad de prevención y sólo es afrontado con medidas de corto plazo", comentó a IPS la especialista en gestión de conflicto social y coordinadora de género de Acción Climática 350 para América Latina, Daniela Lestón.
Los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni, es decir de norte a sur y de este a oeste del país, registraron la mayor cantidad de inundaciones por el aumento del caudal de los ríos.
Para colmo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología considera que hasta ahora sólo ha caído 50 por ciento de las lluvias pronosticadas, por lo cual se estima que el drama aumentará.
Gruenberger lamenta que los esfuerzos por frenar la deforestación y el cambio de uso de suelo no hayan alcanzado su propósito de generar condiciones para la conservación de ecosistemas.
Sugiere implementar una adecuada gestión de cuencas y la disminución de la tala de bosques, e incrementar los esfuerzos de forestación, principalmente con especies nativas.
"La gestión de riesgos debiera también considerar políticas para disminuir las amenazas sobre los medios que sustentan la producción y soberanía alimentaria de las poblaciones", afirma Gruenberger.
Leytón considera otros impactos asociados en marcos económicos y sociales, con efectos en la población indígena, la mujer, la agricultura y la seguridad alimentaria de los pobladores.
"Este tipo de desastres se asocia a enfermedades, aparición de plagas y roedores y provoca desplazamientos humanos importantes", detalló.
Recuerda que el desborde y crecidas de ríos provocaron en 2008 pérdidas en la ganadería y la agricultura, localizadas en los departamentos de Beni y Pando, por 500 millones de dólares.
La crecida del río Mamoré, que cruza Beni, afectó a 22.500 familias en ese año, explicó.
Gruenberger propone trabajar desde una perspectiva integral y un enfoque ecosistémico, "lo que requiere el fortalecimiento de capacidades internas del gobierno y articular con otros actores" la tarea de prevención.
Además sugirió una adecuada distribución de la tierra para la producción agrícola en espacios aptos para la actividad.
En las agendas de trabajo del gobierno izquierdista y las organizaciones civiles "se debe incluir temas como la justicia climática donde los casos a ventilarse contengan datos fehacientes y se avance en soluciones equitativas para contemplar a poblaciones vulnerables, como la mujer y los indígenas, y se otorgue prioridad a la seguridad alimentaria", sostuvo Leytón.
