Los activistas comunitarios han vivido un año oscuro en México, pues su labor de defensa de los derechos de las comunidades ha derivado en amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos.
"Hay amenazas, la situación se ha agravado por la criminalización a diferentes protestas. Por eso, se pone en riesgo a los defensores", dijo a IPS Gubidcha Matus, portavoz del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), afincado en el sureño estado de Chiapas.
El último expediente en esta materia es el asesinato el 27 de noviembre en Chiapas de Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), quien se opuso duramente a la operación de la firma minera canadiense Blackfire Exploration en territorio chiapaneco.
Abarca y otros pobladores del municipio de Chicomuselo han combatido a esa empresa transnacional, que extrae desde el año pasado barita, un mineral empleado en la perforación de pozos petroleros y en la industria automotriz.
"Un ámbito de riesgo para los defensores de derechos humanos está relacionado con proyectos de inversión en distintas regiones del país, como mineras y grandes complejos hidroeléctricos.
Hay un elemento común, la impunidad, que contribuye a generar más condiciones de riesgo", declaró a IPS Edgar Cortez, director de la Red Todos los Derechos para Todos, que agrupa a organizaciones de derechos humanos de todo el país. Miguel Pérez, activista del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en el sureño estado de Morelos, fue secuestrado, torturado y ultimado el 31 de octubre. Se oponía a proyectos de urbanización en una reserva natural en ese territorio.
"La contaminación del agua y la crisis alimentaria, producto de la venta de la tierra agrícola para proyectos de urbanización, están provocando el descontento general y la organización de los pueblos", escribió en el periódico mexicano La Jornada, días después de ese crimen, Francisco Taboada, documentalista que ha filmado las luchas de los pueblos por proteger los recursos naturales.
Los activistas locales suelen dedicarse a la defensa del territorio, de los derechos religiosos y ambientales, además de promover el respeto a los derechos humanos.
Chiapas y los también sureños estados de Guerrero y Oaxaca han sido escenarios de persecución en contra de los defensores comunitarios. El suelo chiapaneco es rico en materiales minerales, un filón para las empresas de ese sector, especialmente las canadienses.
En Guerrero fueron ejecutados en junio Leonel Castro y su sobrino Ezequiel Castro, miembros de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y cuya labor era la protección de los bosques.
En ese mismo territorio, los cuerpos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, dirigentes de la no gubernamental Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, aparecieron torturados y ejecutados en febrero de este año.
En el también sureño estado de Puebla, cuatro activistas se encuentran bajo proceso penal desde 2008 por enfrentarse a la operación de la empresa productora de ganado porcino Granjas Carroll, subsidiaria de la estadounidense Smithfield Foods.
Durante la Jornada Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, realizada en Puebla en noviembre, un grupo de organizaciones sociales reclamaron el cese del hostigamiento oficial y la liberación de activistas.
Un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los activistas, difundido en octubre, dio cuenta de los peligros que afrontan en su labor.
La agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidenció, entre enero de 2006 y agosto pasado, 128 casos de agresiones a activistas, 10 de ellas terminaron en asesinato, y recibió 54 denuncias de ataques en todo el país.
Las amenazas representaron 27 por ciento de los expedientes, la persecución penal de los promotores otro 20 por ciento, el hostigamiento ascendió a 17 por ciento y la injusticia arbitraria, como robo de información y allanamiento a oficinas, a 10 por ciento, según el reporte.
"En esta región existen diferentes movimientos en contra de la minería, ya que están siendo afectados en su medio ambiente y en consecuencia en su salud por la extracción del mineral", señaló Matus.
Entre los colectivos que defienden la tierra, el territorio, los recursos naturales y el ambiente, se hallan, entre otros, los comités de derechos humanos Oralia Morales y 10 de Enero, quienes han denunciado amenazas de muerte por parte empleados de Blackfire Exploration.
"La respuesta del Estado es de muy pocas acciones efectivas, no ha habido investigaciones que den resultados satisfactorios. Hay que seguir haciendo tareas como presentar y dar todos los elementos de denuncia ante las autoridades respectivas, y presionar para que estas instancias puedan realizar una investigación objetiva, pronta y efectiva", planteó Cortez.
La ONU propuso la creación de un mecanismo nacional para la protección de los defensores, la consolidación de un programa especial de atención a los promotores amenazados y una campaña de difusión masiva sobre la labor de los activistas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, señaló que el respeto en esta área "en un estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los activistas para desplegar libremente sus actividades"
También indicó "que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos".
Mientras, la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, que data de 1998, indica que "el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos".
