La justicia española cuenta finalmente con los archivos de la Operación Sofía en Guatemala, que documentan órdenes de jefes militares y civiles para exterminar a la población indígena y renuevan la esperanza de reparación para algunos de los 200.000 muertos y desaparecidos del conflicto armado en el país.
En las 359 páginas del expediente hay planes operativos, mapas, órdenes, informes de resultados y reportes de patrullajes ejecutados en el noroccidental departamento de Quiché, dentro de un plan militar para aniquilar a hombres, mujeres y niños civiles y arrasar sus viviendas y tierras, al considerarlos enemigos en una alegada lucha contra "el comunismo".
"Eso me anima para seguir luchando y que se haga justicia en estas comunidades para dignificar a las víctimas", dijo a IPS, Manuel Calel, familiar de varios asesinados en una de las 327 masacres ocurridas en Quiché, según ha establecido la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Calel forma parte de un colectivo de afectados que "estamos tratando de que se dé justicia en contra de las personas que realizaron la masacre en Lacamá II", una matanza de más de 200 personas, perpetrada en 1982 en la comunidad de Chichicastenango, en Quiché.
Para los familiares, la justicia internacional es el camino para obtener la reparación y dignidad para sus muertos que no encuentran en el país. "Consideramos que sí se va a lograr, siempre que tengamos el apoyo de las instituciones", dijo Calel, "aunque lastimosamente en Guatemala el Ministerio Público no hace justicia".
[related_articles]
La entrega el 2 de diciembre de los documentos fue hecha al tribunal español por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés) una institución que forma parte de la Universidad George Washington, de Estados Unidos.
Kate Doyle, directora del Proyecto Guatemala del NSA, dijo que el expediente no deja dudas sobre la existencia de un plan sistemático para hacer desaparecer pueblos enteros, atestigua el asesinato de miles de indígenas entre julio y agosto de 1982 y demuestra que el dictador Efraín Ríos Montt fue quien ordenó el genocidio.
Por esas matanzas, la justicia española decidió acusar del delito de genocidio al general Ríos Montt y a otros altos oficiales, en un proceso que atiende al requerimiento hecho en 1999 por la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
Durante el bienio en que Ríos Montt estuvo en el poder (1982-1983) se produjo el peor periodo de violación de los derechos de la población civil en Guatemala, al aplicar una sistemática política de "tierra arrasada" en las comunidades mayas establecidas en Quiché.
A principios de este mismo año, el ministro de Defensa, general Abraham Valenzuela, afirmó que era imposible localizar el archivo de la operación, para poder presentarlos ante un juez en Guatemala, como ordenó en 2008 la Corte de Constitucionalidad.
Durante la guerra interna entre el ejército y la guerrilla izquierdista que asoló Guatemala entre 1960 y 1996, se ha establecido que 93 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas fueron perpetradas por las fuerzas del Estado y grupos paramilitares, según la CEH.
La Comisión fue creada a raíz de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el ejército y la ex guerrilla aglutinada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar "con toda objetividad, equidad e imparcialidad" las violaciones a los derechos humanos durante los más de 30 años de conflicto.
El plan Sofía es investigado por el juez español Santiago Pedraz, a raíz de una denuncia por genocidio planteada por Menchú contra varios generales, sin que diez años después alguno de los acusados esté enjuiciado.
De hecho, la lentitud ha sido la característica del caso promovido por la también ex candidata presidencial.
El 7 de julio de 2006, Pedraz ordenó prisión provisional sin derecho a fianza contra ocho acusados de genocidio, terrorismo, torturas y detenciones ilegales durante el conflicto armado, entre ellos Ríos Montt; el ex jefe de Estado, Óscar Mejía Víctores; el ex ministro de Defensa, Ángel Aníbal Guevara, y el ex director de la Policía Nacional, Germán Chupina.
De los ocho, únicamente Guevara y Chupina fueron arrestados en 2006 hasta que el 13 de diciembre del 2007 la Corte de Constitucionalidad resolvió que la justicia española no tenía jurisdicción para procesar a militares y civiles por hechos ocurridos en Guatemala.
El resto de los acusados siempre permanecieron libres y dos de los ocho han muerto desde entonces.
"El Plan Sofía que se entregó al juez Pedraz es parte de toda una estrategia de aportar evidencias al proceso que sumado con otros indicios que se están incorporando están haciendo aun más evidente la responsabilidad de los acusados", dijo a IPS Benito Morales, abogado de la Fundación Menchú.
Para Morales, lo que consta en el expediente en España es suficiente para que las personas acusadas puedan ser juzgadas, puesto que existen suficientes pruebas, documentos y dictámenes periciales en su contra. "El problema aquí radica en que el Estado de Guatemala se ha negado rotundamente a extraditar a estas personas", lamentó.
"El Estado en general ha asumido una actitud de encubrimiento pues si quisieran proceder conforme a derecho deberían detener, extraditar o juzgar a los acusados, pero ni una cosa ni la otra", dijo.
Dentro de Guatemala, se produjeron este año dos sentencias inéditas por casos de desaparición forzada durante la guerra, mientras el caso de genocidio permanecía estancado en la Audiencia Nacional de España.
El 31 de agosto, el ex comisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de prisión por el secuestro y desaparición entre 1982 y 1984 de seis campesinos indígenas. El 3 de diciembre, el coronel Marco Antonio Sánchez y tres ex comisionados militares fueron condenados a 53 años de cárcel por la desaparición de ocho personas detenidas en 1981.
El puesto de comisionado militar (paramilitar) fue autorizado por el ejército a colaboradores civiles para realizar actividades contrainsurgentes, lo que produjo un sinfín de violaciones a los derechos humanos.
"Estamos entrando en tiempos diferentes en los que se ve una especie de luz al final del túnel por toda la impunidad que hemos vivido", dijo a IPS Mario Polanco, máximo dirigente de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo.
Polanco calificó como una "importante contribución a la justicia en el país" la entrega del Plan Sofía al tribunal español y las sentencias por los dos casos de desaparición forzada, porque "ayudarán a terminar con la impunidad en el país".
"Aunque no estén las condiciones para que en el país se logre establecer la justicia real, es una base para que conforme avance la justicia internacional, la justicia nacional se siga fortaleciendo", añadió.
Miguel Ángel Alvisurez, dirigente del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, dijo a IPS que las sentencias en los casos de desaparición forzada han hecho pensar que es posible hacer justicia. "Esperamos que lo mismo suceda con el Plan Sofía", expresó.
El dirigente no ocultó las dificultades que afronta el sistema de justicia nacional, cuyos niveles de impunidad alcanzan 98 por ciento, según diferentes estudios.
Pero concluyó que "si los jueces se apegan a derecho y a una interpretación real o justa de los hechos ocurridos en el pasado, tenemos esperanza en que se pueda aplicar la justicia" en la página más oscura de la historia reciente de esta nación centroamericana.
