Congelada la opción de un tratado mundial contra el cambio climático, el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero puede ser una alternativa efectiva para corregir prácticas humanas contaminantes, afirman economistas y ecologistas.
Los ingresos recaudados mediante ese gravamen deberían ponerse disposición de los países en desarrollo para financiar el salto tecnológico necesario que modernizar sus economías y reducir sus contribuciones al calentamiento global.
La idea es promovida por economistas, ambientalistas, organizaciones internacionales e incluso algunos gobiernos europeos.
Uno de esos entusiastas es el economista Dennis Snower, presidente del alemán Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (Instituto para la Economía Mundial de la Universidad de Kiel), situado unos 300 kilómetros al oeste de Berlín.
"Las consecuencias climáticas de la emisión de dióxido de carbono (CO2) son iguales en todo el mundo, independientemente de dónde sea emitido el gas", dijo Snower a Tierramérica.
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"Por ello, cada emisor debería pagar la misma tasa por tonelada de carbono, sin importar si se trata de uno en un país industrializado o en un país en desarrollo, o de las cantidades de CO2 que haya arrojado en el pasado", argumentó.
Según Snower, el impuesto al CO2 debería reemplazar el sistema de derechos de emisiones negociables, que adolece de dos debilidades: esos permisos fueron concedidos sin costo y en cantidades exageradas por los gobiernos del mundo rico a sus industrias nacionales.
En general, los economistas consideran los impuestos como excelentes instrumentos que tiene el Estado para influir en el comportamiento ciudadano y guiar patrones de consumo, desalentando productos considerados nocivos en lo individual o en lo colectivo, o alentando alternativas sanas.
Richard Tol, economista del ambiente y profesor en varias universidades de Europa, también apoya el gravamen al carbono. "Debería ser la única medida global a aplicar contra el cambio climático, con una tasa muy baja al principio y que aumentaría progresivamente con el paso del tiempo", dijo a Tierramérica.
Como Snower, Tol condena el sistema de derechos de emisiones negociables. "Sería adecuado si los derechos fueran subastados en vez de ser distribuidos gratuitamente, como en el presente en Europa", dijo el economista, que ha actuado también como asesor de autoridades de Alemania, Estados Unidos, Irlanda y Gran Bretaña.
La idea de este impuesto ya es aplicada en Europa. El gobierno de Irlanda introdujo el 10 de este mes un gravamen que alcanza inicialmente al consumo de petróleo y gasóleo. A partir del 1 de mayo de 2010, la tasa de 15 euros (22,50 dólares) por tonelada emitida de CO2 se aplicará también al consumo de combustible de calefacción y de gas.
Brian Lenihan, ministro de Finanzas de Irlanda, dijo que el impuesto es una "muestra, dirigida al mundo, de la voluntad irlandesa de reducir la emisión de gases de efecto invernadero".
Francia también dispuso la introducción de un gravamen similar desde el 1 de enero de 2010. El presidente Nicolas Sarkozy efectuó el anuncio en septiembre. "El impuesto, de una tasa de 17 euros (24,35 dólares) por tonelada de emisiones, será aplicado tanto a las industrias como a los hogares", dijo entonces el mandatario en un discurso público.
Sarkozy explicó que el valor de la tasa es igual al precio medio de la tonelada de CO2 en el mercado europeo de carbono, en operación desde 2008.
El ex primer ministro francés Michel Rocard (1988-1991), quien a inicios de 2009 presidió la comisión que propuso la introducción del impuesto al carbono, dijo a Tierramérica que "el propósito es penalizar algunos comportamientos contaminantes, como el consumo de combustibles de origen fósil y que contribuyen al calentamiento global".
Instituciones multilaterales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apoyan la introducción de un gravamen global al CO2. En un informe publicado el 11 de este mes, la OIT estimó que tal impuesto permitiría la creación de unos 14 millones de empleos hacia el año 2014.
La OIT sugiere aplicar una tasa similar a la de Francia e Irlanda. El informe "Políticas verdes y empleo: ¿un doble dividendo?" también estima que unos 600 millones de trabajadores en el mundo, que representan aproximadamente 40 por ciento de todos los empleos globales, laboran en sectores altamente intensivos en emisiones de CO2.
Sin embargo, este impuesto es considerado contraproducente por ciertos economistas y por gobiernos de países emergentes, como China. Beijing considera que el gravamen ignora las diferentes responsabilidades de países industriales y en desarrollo en el calentamiento global.
El profesor Ottmar Edenhofer, de la Universidad Técnica de Berlín, cree que el impuesto al CO2 "movería a los países productores de petróleo o de carbón a acelerar la extracción de tales combustibles y a aumentar la contaminación. El sistema de derechos de emisiones negociables es preferible, pues permite un control inmediato de los presupuestos nacionales de emisiones", dijo a Tierramérica.
Pero los derechos de emisión en la práctica, permisos limitados para contaminar— deben superar dos obstáculos: el primero, que la comunidad internacional debe adoptar un sistema vinculante de adjudicación, ya sea de acuerdo a la población nacional, lo que favorecería a los países en desarrollo, o de acuerdo al rendimiento económico, que beneficiaría a las naciones industriales. El segundo, que el mercado sea también global.
En cualquier caso, la urgencia del cambio climático exige una solución inmediata, dijo Edenhofer.
"El presupuesto global de emisiones de gases de efecto invernadero en el presente siglo no debe sobrepasar las 830 gigatoneladas de CO2, a fin de no cruzar el límite máximo del aumento de la temperatura terrestre, de dos grados", añadió.
"En la última década, la humanidad emitió 270 gigatoneladas. A ese ritmo, el mundo habrá agotado su presupuesto en menos de 30 años", advirtió.
* Publicado originalmente el sábado 26 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
