El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, parece tener ante sí sólo el camino del asilo político, según analistas, luego de que Washington anunció que reconocerá las elecciones de fin de mes aunque siga el gobierno de Roberto Micheletti, instalado el 28 de junio a punta de metralletas.
La otra opción que suponen los expertos consultados por IPS sería la negociación con el gobierno que surja de esos comicios generales, previstos en tiempos de democracia para el día 29. Pero Zelaya fue claro y contundente respecto de que impugnará los resultados de las urnas y que "no acepta ningún acuerdo de retorno a la presidencia" si ello implica "encubrir el golpe de Estado". El mandatario derrocado reiteró en los últimos días lo expresado en este sentido en la carta que le envió el fin de semana a su par de Estados Unidos, Barack Obama, a quien le reprochó haberlo "abandonado a mitad del río" al anunciar a través de portavoces que su gobierno reconocerá las elecciones generales más allá de que se restituya el gobierno legítimo.
Desde entonces se suceden manifestaciones convocadas por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado frente al Congreso legislativo, que ha dado largas a la decisión sobre la restitución del gobierno democrático, como se dispuso en el llamado Acuerdo Tegucigalpa/San José del Diálogo Guaymuras, en el que las dos partes se comprometieron a cumplir con varios puntos enfocados a lograr "la reconciliación y poner fin a la crisis institucional".
Portavoces parlamentarios dijeron que tratarán de abordar "pronto" el caso de Zelaya, pero aclaran ante la crítica que el acuerdo no le puso plazos ni a los legisladores, ni al Poder Judicial ni a la Procuraduría General y otros entes de control. Hay que esperar esas consultas, dijo a IPS el diputado Rodolfo Irías.
Sin embargo, observadores entienden que el Acuerdo quedó de hecho por el camino luego de que Micheletti se impuso encabezar el gabinete ministerial de "unidad y reconciliación", cuando le correspondía que se conformara una vez que Zelaya fuera repuesto en la presidencia, de la que fue desalojado por fuerzas militares, sacado de su casa en pijamas y llevado a Costa Rica.
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La resistencia llama a no votar en los comicios generales para presidente, parlamento y autoridades locales por un período de cuatro años a partir del término del mandato legal de Zelaya, que concluye el 27 de enero.
Zelaya, quien se encuentra refugiado en la embajada de Brasil desde que retornó al país el 21 de septiembre, lamentó el cambio de posición de Estados Unidos. En declaraciones a la hondureña Radio Globo, el presidente dijo que, si bien respeta la "independencia" de las naciones, "lo que hice a Obama en esta nota fue darle una relación de hechos de cómo empezó su posición y como terminó, como nos dejó a mitad del río".
"Por eso, no acepto ningún acuerdo de restitución que legitime el golpe, cuyas consecuencias afectará enormemente a la América Latina", agregó.
El politólogo hondureño Ernesto Paz dijo a IPS que la posición de Zelaya "no deja de sorprender, y sus posibilidades apuntan hacia un asilo o a una negociación con el presidente que resulte electo en las elecciones próximas".
"Cualquier posibilidad de negociación o de asilo, se daría después de los comicios, donde el que gane se va a ver obligado a negociar con Zelaya para que éste le entregue la banda presidencial o, en caso de no hacerlo, apruebe que lo haga otra persona que no sea Micheletti", dijo.
La fuerza de Zelaya, sostiene, se centra ahora en una parte de la comunidad internacional, "en vista que ya se ven fisuras en cuanto a su oposición inicial al golpe, ya que Estados Unidos anunció que va a reconocer los comicios, lo mismo Panamá, Colombia y seguramente lo harán otros países".
La referencia de Paz es a que, hasta la declaración de Washington, había sido unánime la condena de países y organismos multilaterales al golpe y el adelanto de que no se reconocerían las elecciones ni el gobierno que de allí surgiera.
De ahí que, "si hay un arreglo entre el presidente electo y el saliente, pueden mejorar las condiciones para el país al volcarse toda la comunidad internacional a un reconocimiento de las elecciones para darles mayor legitimidad y validez", supone Paz.
Pero el jurista Roberto Velásquez hace su propia interpretación de la declaración de Zelaya. Lo que ha hecho, dice, "es dar argumentos al Congreso Nacional para que cuando analice su posible restitución al poder, terminen legitimando su salida el 28 de junio, porque ahora él dice que ya no le importa ningún acuerdo porque no le interesa ya la restitución".
"Creo que Zelaya se precipitó y no calculó bien sus pasos, ni midió lo que escribió en su nota, a menos que sea una estrategia de salida ante la soledad en que está quedando, donde el asilo es una de las pocas opciones que por ahora le queda", acotó.
Hasta ahora, la correlación de fuerzas en el Congreso, organismo que avaló la destitución por la fuerza del gobierno legítimo, sigue sin favorecer la restitución de Zelaya, quien ha llamado a la resistencia a no concurrir a las urnas. Sin embargo, analistas indican que algunas organizaciones comenzaron a abandonarle.
Los primeros han sido los miembros del Partido Liberal, la agrupación que llevó al gobierno a Zelaya y que también integra Micheletti y sus seguidores en el golpe de Estado.
Asimismo, la izquierdista agrupación Unificación Democrática (UD) analiza la posibilidad de participar en las elecciones en vista que la legislación indica que si un partido no participa, automáticamente pierde su personería jurídica.
UD fue el producto de negociaciones políticas en los años 80 al amparo de los acuerdos de paz centroamericanos. En cambio, el llamado de Zelaya es seguido por el líder izquierdista Carlos H. Reyes, quien depuso su candidatura a la Presidencia por afirmar que "no hay condiciones" y no se ha restituido al gobierno legítimo.
