Dos investigaciones nacionales y el último informe de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción sostienen el diagnóstico de que la cultura de la venalidad está socavando los cimientos de la sociedad nicaragüense.
El último informe de la organización Transparencia Internacional, publicado este martes en Berlín, indica que este país no mejoró la ubicación que tenía en el Índice de Percepción de la Corrupción 2008.
Nicaragua obtiene una calificación de 2,5 en una escala de cero (percepción de corrupción rampante) a 10 puntos (percepción de ausencia de prácticas corruptas). Es la tercera peor de América Latina, sólo superada por Venezuela, con 1,9 puntos, y por Haití, con 1,8 puntos.
El informe 2009 se basó en seis encuestas realizadas en Nicaragua, que no registró mejoras respecto del informe anterior.
"La puntuación baja de la mayoría de países latinoamericanos refleja el hecho de que las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados continúan frustrando iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible", señaló el reporte.
Pero en Nicaragua, dos estudios nacionales dan señales preocupantes.
El Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción en Nicaragua —conformado por la Cooperación Suiza en América Central, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Real Embajada de Noruega y la representación del Reino de los Países Bajos— presentó la semana pasada dos estudios sobre percepciones del problema en este país centroamericano.
El Diagnóstico de la Corrupción en Nicaragua se basó en "60 entrevistas a diferentes sectores, incluyendo al gobierno", dijo el investigador chileno Miguel Peñailillo, a cargo del estudio.
Una de cada cuatro personas entrevistadas reconoció el pago de sobornos para agilizar trámites públicos y privados. Y al menos tres de cada 10 ciudadanos aseguraron haber recibido pedidos de soborno en instituciones públicas entre 2006 y 2009.
Todos los testimonios "apuntan que la corrupción no ha desaparecido, que solo ha mutado en la forma de ejecución", dijo Peñailillo a IPS.
Antes de 1990, la modalidad preponderante era la apropiación y confiscación, bajo criterios políticos, de bienes y empresas de opositores del régimen del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que había llegado al poder en 1979 tras derrotar a la dinastía de la familia Somoza que gobernó Nicaragua por más de 40 años.
Bajo el gobierno de Violeta Chamorro (1990-1997), la venalidad se incubó en los procesos de privatización de bienes estatales y en los pagos de indemnizaciones por las confiscaciones ejecutadas en la administración sandinista.
Mientras gobernó el país Arnoldo Alemán (1997-2002), del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLN), se registró una abierta dilapidación y abuso del erario, ostentación de lujos y reparto de cuotas entre funcionarios públicos y miembros de la fuerza gobernante, describe el estudio.
La administración de Enrique Bolaños (2002-2007), también del PLN, se caracterizó por el tráfico de influencias a favor de empresarios y la exoneración fiscal para grupos económicos vinculados a funcionarios públicos, de acuerdo con los autores del Diagnóstico.
En el gobierno actual, del sandinista Daniel Ortega, se detecta falta de aplicación de instrumentos de transparencia en los proyectos públicos, apunta el estudio.
Además, se señala el favoritismo para empresas y negocios ligados a funcionarios o miembros del FSLN, control político del Poder Judicial y de entes de fiscalización y manejo discrecional de los favorables acuerdos petroleros alcanzados con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.
Más de 2.500 millones de dólares se habrían esfumado de las arcas públicas durante estos gobiernos, indican los autores.
Para Peñailillo, la corrupción institucionalizada afectó no sólo los recursos de un país de 5,7 millones de personas, de las que casi 48 por ciento son pobres, sino que corroyó las buenas costumbres sociales como elementos de progreso.
"La investigación señaló que uno de los peores efectos sociales de la corrupción es que, al quedar en impunidad, crea la percepción de que ser corrupto es más ventajoso que ser honesto", dijo el investigador.
Así, "hasta el valor de la palabra, que antes era sagrado en la cultura social nicaragüense, se ido perdiendo. Antes bastaba la palabra para cerrar un trato, ahora ya nadie cree en la palabra del otro como garantía para sellar un negocio o un acuerdo", sentenció.
El segundo estudio es una nueva edición de una auditoría social que se realiza desde 1998, la Percepción de Corrupción en Servicios Públicos Locales 2009. En este caso se realizaron entrevistas en 6.050 hogares del país, explicó a IPS Jorge Aróstegui, a cargo del equipo de investigadores.
El panorama expuesto por este trabajo es de un permanente y generalizado cobro de sobornos a la población para acceder a los servicios públicos que prestan alcaldías, centros de salud, escuelas, juzgados y estaciones de policía.
Unas prácticas se manifiestan a través de la gran corrupción, en el plano del gobierno y sus poderes, y las otras en los servicios sociales, en personal medio y bajo de la cadena de servidores públicos, de acuerdo a los estudios.
Las dos investigaciones, ejecutadas en colaboración entre el Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción y el gobierno de Ortega, son instrumentos científicos para que la nación "pueda elaborar una estrategia prioritaria de lucha contra la corrupción", dijo a IPS el embajador de Noruega en Nicaragua, Tom Tyrihjell.
Este país necesita que el Estado asuma el liderazgo en la lucha contra la venalidad, "como ejemplo de fortalecimiento de la democracia a través de la transparencia pública", dijo el diplomático, en representación de las agencias donantes.
"En la última década, Nicaragua ha tomado algunas iniciativas para reducir la corrupción", con lo cual mejoró la transferencia presupuestaria, pero el "control democrático del presupuesto y la gestión pública podrían superarse", añadió.
Con todo "Nicaragua sigue teniendo uno de los más graves índices de percepción de corrupción en la región", señaló el funcionario.
Las autoridades recibieron el resultado de los estudios con visión positiva.
Según el procurador general de la República, Hernán Estrada, pese a la profunda crisis de valores que el país experimenta desde 1997, la situación ha ido mejorando bajo la administración del FSLN, que retornó al poder en 2007.
"Aún existen algunas debilidades como país, pero eso se percibe más a niveles de otros poderes del Estado, y no exactamente en el gobierno del presidente Ortega y sus instituciones públicas", dijo Estrada a IPS.
El gobierno lanzó la consigna de "tolerancia cero a la corrupción", pero agencias de cooperación, empresarios, académicos, medios de comunicación, políticos y organizaciones de la sociedad civil expresaron a los autores de los estudios su percepción de que las malas prácticas han crecido en la actual administración.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la jesuita Universidad Centroamericana, Manuel Aráuz, una de las principales causas yace en la politización de las instituciones.
"Los operadores de justicia no aplican los instrumentos para sancionar la corrupción, sino que protegen a los miembros de sus partidos acusados de corrupción", dijo el jurista.
"Se percibe una sensación de muy bajo imperio de la ley. Hay buenas leyes, pero no se aplican con rigor", añadió Aráuz, autor de varios estudios sobre corrupción y normas en Nicaragua.
En la auditoría social presentada por los donantes, el Poder Judicial, en el ámbito de los juzgados, es señalado como uno de los servicios públicos donde más se practica el soborno, según la opinión de 32 de cada 100 hogares consultados, ejemplificó Aráuz.
