Los colectivos de gays y lesbianas en Uruguay festejan una nueva ley que a su juicio habilita la adopción por parte de parejas homosexuales, aunque la ambigüedad del texto se presta a opiniones opuestas de otros sectores y el debate al respecto permanece abierto.
Vázquez es un dirigente de izquierda moderada, médico de profesión, que este año ya negó su firma a una ley que legalizaba el aborto en el país y que fue impulsada por su fuerza política, el Frente Amplio.
La nueva ley faculta y regula la adopción de todo tipo de parejas en unión legalizada o matrimonio, y equipara los derechos de niñas y niños adoptados por todas esas parejas, en el único país latinoamericano, junto con Colombia, donde son legales las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
En los hechos, la ley modifica disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia y centraliza "el control de las inserciones de niños/as en familias con fines de adopción" en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y en el Poder Judicial.
[related_articles]
Un equipo técnico del INAU será el que determine la aptitud para la adopción y la familia a asignar en cada caso, según parámetros técnicos y criterios científicos. Después, un juez o jueza dará la aprobación final a la selección del instituto.
La principal redactora y promotora de la ley, la senadora del Frente Amplio, Margarita Percovich, puntualizó a IPS que "no existen derechos de adultos a adoptar, sino de niños a tener familia" y que la norma atiende exclusivamente a esos derechos.
La senadora denunció que la razón de las críticas del Movimiento Familiar Cristiano y otros grupos de derecha se debe a que la ley toca sus intereses, porque los excluye del proceso de adopción.
Hasta ahora esa institución participaba en la entrega y tenencia de bebés y niños a parejas que evadían el filtro del INAU. La adopción podía formalizarse al año de la entrega, con pocas preguntas y menos controles por parte de los juzgados.
Detrás había unas veces un negocio y otras más una red de amiguismo, donde sectores policiales y judiciales participaban en el tráfico, puntualizó Percovich.
Para su aplicación, la nueva norma espera por un reglamento del gobierno, que puede aclarar o no la alegada ampliación del derecho a adoptar de los gays y lesbianas.
PUGNA DE INTERPRETACIONES
Al refrendar en septiembre la ley, los legisladores subrayaron que su único objetivo es garantizar de manera plena el derecho de los menores a tener una familia y a evitar el tráfico infantil.
Pero, de inmediato, los colectivos de gays, lesbianas y transgénero y la prensa de medio mundo resaltaron que el nuevo instrumento coloca a Uruguay como el primer país en América Latina que permite la adopción a parejas del mismo sexo.
Al determinar las condiciones que deben cumplir los aspirantes, la norma establece que el o los adoptantes tienen que tener "al menos 25 años de edad, con quince años más que el niño, niña o adolescente a adoptar" y aclara que "tratándose de cónyuges o concubinos deben computar al menos cuatro años de vida en común".
Es justamente en esta cláusula en la que se basan los colectivos que representan a la diversidad sexual en Uruguay para asegurar que la ley reconoce su justo derecho a conformar familias con hijos adoptivos. En 2007, la llamada Ley de Unión Concubinaria amparó toda relación de hecho "derivada de la convivencia ininterrumpida de dos personas por al menos cinco años, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual".
Desde entonces, las parejas homosexuales pueden legalizar su unión ante el Registro Civil, cuando demuestren que mantienen "una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente".
Esa ley equiparó derechos y deberes de los integrantes de las uniones en concubinato a las de los matrimonios civiles, incluidos los de sucesión. También incorporó la obligación de auxiliarse recíprocamente una vez disuelto el vínculo de pareja, por un periodo no superior al de la convivencia.
Juristas que interpretan la nueva ley de adopciones hacen énfasis en que no fue intención del legislador habilitar a las parejas homosexuales para adoptar.
Para ellos, el matiz radica en el lapso de vida en común que deben probar. En el caso de la ley de adopciones es de al menos cuatro años, mientras la Ley de Unión Concubinaria exige cinco.
El catedrático de derecho civil de la Universidad de la República, Juan Andrés Ramírez, destacó al diario El País que esa diferencia en la cantidad de años "es la prueba más clara de que el legislador no se está refiriendo a la unión concubinaria".
Agregó que "si la intención del legislador hubiera sido permitir ese tipo de adopción, modificar todo el sistema, innovar radicalmente con lo que existe hasta el momento, lo razonable es que lo hubiera dicho en forma expresa".
Al referirse a la ley de adopciones, Ramírez recordó que en su texto se dice explícitamente que "en los casos de adopción, el hijo sustituirá su primer apellido por el del padre adoptante y el segundo apellido por el de la madre adoptante".
"Esto quiere decir que el legislador sólo concibió que la adopción podía ser por un padre y por una madre adoptantes", no por dos padres o dos madres, argumentó.
Del mismo modo, la senadora Margarita Percovich manifestó a IPS sus reparos a incluir a parejas homosexuales como beneficiarias de adopciones y fue drástica en sus reflexiones.
Los colectivos de gays, lesbianas y transgénero dedujeron que como la nueva ley habilita a los concubinos a ser adoptantes, ellos estaban incluidos.
"La insistencia de los grupos gays a que la ley los habilita a adoptar obedece a su interés en tener protagonismo internacional, y está muy relacionado con la financiación que reciben", enfatizó Percovich.
Recordó asimismo que es el juez el único que puede rechazar la selección del INAU y consideró un error de los colectivos homosexuales y transgénero el "unirse al coro de la derecha que lo que no quería era perder la posibilidad de traficar con niños".
"Las parejas homosexuales sufren discriminación en su entorno social, la cual probablemente se traslade al niño adoptado, con lo que abre la posibilidad de que la justicia se oponga a la decisión del INAU, en la hipótesis de que los candidatos a la adopción sean una pareja homosexual", adelantó Percovich.
GAYS Y LESBIANAS, OTRA VISIÓN
Mauricio Coitiño, representante del Colectivo Ovejas Negras, que aglutina a personas gays, lesbianas, travestis, transexuales o bisexuales, dijo a IPS que no existen dudas de que las uniones concubinarias están contempladas en la ley de adopciones.
Recordó que en Uruguay ya hay parejas homosexuales que han adoptado hijos o hijas antes de la existencia de la nueva norma. La fórmula ha sido la de hacerlo "de manera simple", como se define la legalización adoptiva por un padre o una madre en solitario.
"La actual ley cubre la desigualdad de derechos que tienen esos niños, pues si llega a faltar uno de los padres adoptivos vuelven a la situación previa a la adopción", comentó.
Recordó que, según Percovich, "no existe el derecho a adoptar sino el derecho de los niños a tener una familia". "Y eso tiene que estar garantizado, para los hijos habidos en el matrimonio, para los hijos de concubinatos, para los hijos de uniones heterosexuales y para los hijos de uniones homosexuales", sostuvo.
Coitiño calificó de "bizantina y absurda" la discusión respecto a si una pareja del mismo sexo puede o no criar niños.
"La experiencia de decenas de países en todo el mundo y decenas de estudios académicos demuestran que lo central es el bienestar del niño. Nosotros creemos que esta ley protege el derecho de nuestros hijos y de nuestras hijas y así vamos a intentar de que se plasme", puntualizó.
Sobre si los jueces concederán finalmente las demandas de adopción a las parejas homosexuales, el representante de Ovejas Negras aseguró que en la práctica la justicia ya lo hace.
"Cuando un juez a sabiendas de que una persona soltera es homosexual y vive en pareja con una persona del mismo sexo le otorga la adopción simple de un niño, es absurdo pensar que no lo hará al amparo de la nueva ley", explicó.
"El propio INAU ha afirmado que no hace distinción en cuanto a la constitución de los hogares y la orientación sexual de los jefes o jefas de familia sino que le importa la calidad de ese hogar, la capacidad de educar, la estabilidad emocional que se le puedan proporcionar al niño", concluyó.
No hay datos sobre la cantidad de parejas homosexuales que han adoptado en Uruguay.
