La Corte Suprema de Justicia de Honduras inició el proceso para derogar el decreto que restringe desde el domingo cinco importantes garantías constitucionales y que produjo un rechazo generalizado dentro y fuera de este país.
El magistrado Gustavo Bustillo, de la Sala de lo Constitucional de la Corte, confirmó la admisión de cuatro recursos de amparo, pero sin suspensión del acto reclamado. "Ello significa que el decreto sigue vigente mientras el pleno integrado por 15 magistrados se pronuncie sobre el fondo del asunto en las próximas horas o días para proceder a su derogatoria", añadió.
Este decreto suspendió las garantías constitucionales de libertad de movilización, asociación, reunión, expresión y libre emisión del pensamiento, y los derechos de los detenidos.
Según el magistrado, la Sala de lo Constitucional también rechazó 11 recursos de amparo contra el decreto que impuso el estado de sitio por 45 días, presentados por abogados del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNR, o resistencia), organizaciones de derechos humanos y particulares.
Con base en ese decreto, fuerzas del ejército y la policía clausuraron y dañaron los equipos de Radio Globo y de Canal 36 de televisión, medios de comunicación contrarios al golpe de Estado perpetrado el 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya, lo que provocó protestas de políticos y periodistas.
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Zelaya fue capturado y expulsado del país el 28 de junio, mismo día en que el mandatario iba a realizar una encuesta para consultar al pueblo sobre si deseaba una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la carta magna.
El golpe ejecutado por los militares contó con el aval del Congreso legislativo, el Poder Judicial y poderosos sectores empresariales. Pero causó un generalizado repudio internacional y colocó a Honduras en un estado de aislamiento sin precedentes. El 21 de septiembre, Zelaya regresó subrepticiamente al país y se refugió en la embajada de Brasil, donde permanece sitiado por agentes de seguridad del régimen.
El secretario de prensa del gobierno de facto, René Zepeda, sostuvo que Radio Globo y Canal 36 estaban incitando a la insurrección.
"Los periodistas de ambos medios ofendían, con lenguaje soez, al presidente (de facto Roberto) Micheletti y a otros funcionarios. Había una actitud de irrespeto y cuando se produjo el retorno del señor Zelaya hubo llamados a la insurrección para restablecerlo en el cargo", dijo Zepeda.
"Pese a esta medida hay plena libertad de expresión en el país, aunque el decreto del estado de sitio la limita", agregó.
El periodista Esdras Amado López, propietario y director de Canal 36, llamó "mentiroso" a Zepeda y sostuvo que el decreto estaba dedicado a los dos medios que informaban de una manera objetiva sobre las acciones de la resistencia.
"Este día la Comisión Nacional de Telecomunicaciones nos comunicó la suspensión de los permisos para usar la frecuencia de Canal 36 y lo mismo han hecho con Radio Globo. No cabe duda que estamos frente a un gobierno usurpador", dijo Amado López.
El miércoles por la noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Colegio de Periodistas solicitaron a Micheletti que derogara inmediatamente el estado de sitio, reiterando pedidos de diputados e influyentes grupos empresariales.
Enrique Ortez, magistrado del TSE, se reunión con Micheletti y le señaló que estas medidas perjudicaban la imagen del proceso electoral y del país y que lo más prudente era su derogatoria inmediata.
Tras un diálogo con el gobernante de facto, el presidente del Colegio de Periodistas, Elán Reyes, sostuvo que había pedido la inmediata derogación del decreto de estado de sitio, la reapertura de los medios clausurados y que el diálogo con Zelaya para solucionar la crisis fuera público, para garantizar su transparencia.
"Estamos anuentes a derogar esta medida, pero dentro del marco legal, en consulta con la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral", dijo Micheletti.
Un periodista de Caracol Radio de Colombia, Carlos Barragán, enviado a Honduras para cubrir la crisis, comentó que "fue triste ver a los soldados y policías cuando dañaban el equipo de Radio Globo y Canal 36". Pese al estado de sitio, la resistencia realiza desde el lunes actos de protesta frente a la estatal Universidad Pedagógica Nacional, pero las fuerzas policiales y militares impiden a los manifestantes marchar por las calles y avenidas de Tegucigalpa y de otras ciudades del país.
"Continuaremos con nuestra lucha hasta lograr que el presidente Zelaya sea restituido en su cargo y por el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, y con ello se retorna a la institucionalidad y se sale de esta violenta dictadura que oprime al pueblo hondureño", dijo Rafael Alegría, portavoz del FNR.
Mientras, medios locales comenzaron a barajar la tesis de que si Zelaya y Micheletti llegaran a un acuerdo, en el marco de las soluciones sugeridas por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, podría producirse una ruptura entre el mandatario depuesto y el FNR, cuyo propósito fundamental es lograr una Asamblea Constituyente.
Para el médico Juan Almendares, ex rector de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la resistencia constituye el mayor movimiento social de protesta que se ha registrado en el país y no puede ser marginado del diálogo entre las partes en conflicto para encontrar una salida pacífica a la crisis.
"Sin la resistencia en la mesa del diálogo, estas conversaciones no lograrán resolver la crisis y continuará la rebeldía del pueblo hondureño, que podría desbordarse a métodos violentos al negarle un espacio de participación", dijo Almendares, quien dirige el Comité Contra la Tortura.
Fuentes de la resistencia confirmaron estas preocupaciones.
Centrales obreras y organizaciones obreras y campesinas, el movimiento magisterial y el Bloque Popular, conformado por poderosos sindicatos de instituciones estatales, han asumido el proyecto de Asamblea Constituyente como paso fundamental para establecer una carta magna que modifique la forma de gobierno y el período presidencial y retome procesos de reforma agraria y otras conquistas sociales.
La actual Constitución hondureña blinda expresamente la salida hacia un proceso semejante y sólo admite reformas por vía parlamentaria y a ciertos artículos.
El obispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, quien lleva a cabo una mediación entre Zelaya y Micheletti, sostiene que la resistencia no debe ser excluida del diálogo.
Este jueves, el prelado comenzó hablar de un "Acuerdo de Tegucigalpa", en referencia a una solución resuelta por los propios hondureños, mientras el miércoles había mencionado la necesidad de "Plan Arias II" al que se incorporarían puntos de la negociación entre Zelaya y Micheletti.
En julio, Arias había propuesto una iniciativa de ocho puntos que incluía el retorno de Zelaya a la Presidencia como fundamento para solucionar la crisis política y sacar a Honduras del aislamiento internacional.
Junto con ello se planteaba la amnistía para delitos políticos, la formación de un gobierno de unidad e integración nacional, el adelanto de las elecciones previstas para el 29 de noviembre y la subordinación de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral, además de la supervisión del proceso por parte de una comisión internacional de notables.
Además, exigía a Zelaya el abandono expreso de cualquier intención constituyente.
El consejero del secretario general de la Organización de los Estados Americanos OEA), John Biehl, quien se encuentra en Tegucigalpa desde el domingo, estimó que "es palpable la decisión de dialogar y llegar a un pronto acuerdo para conjurar esta crisis".
El miércoles por la noche llegó a este país una delegación de parlamentarios brasileños, encabezados por Raúl Jungmann e interesados por la situación de Honduras y de su representación diplomática, donde se encuentran Zelaya, su esposa y unos 30 seguidores, cercados y rodeados de barricadas y vehículos blindados.
Este jueves sostuvieron conversaciones con miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso y con el estatal comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, además de visitar su embajada y se reunirse con la comunidad brasileña en Honduras.
Según Custodio, los diputados brasileños expresaron su preocupación por el plazo de 10 días que Micheletti dio al gobierno de Brasil para que definiera el estatus legal de la permanencia de Zelaya en la sede diplomática, y que fue enérgicamente rechazado por Brasilia.
Ese plazo vence el 7 de octubre, fecha en la que es esperada una misión de cancilleres latinoamericanos y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para impulsar una salida pacífica a la crisis, mediante el Plan Arias.
"Honduras no tomará ninguna acción contra la embajada de Brasil, ya que el gobierno ha dicho que respeta la Convención de Viena y otras disposiciones del derecho internacional", comentó Custodio.
