Organizaciones representativas de sectores de la población que han sufrido cuatro decenios de conflicto armado en Colombia comparten experiencias en la Cumbre Mundial de Paz que se celebra en esta capital, junto con representantes de la sociedad civil internacional.
«Estamos frente a un cambio de época: la imposición, la guerra y la fuerza deben dar lugar al diálogo, la conciliación y la paz», dijo el jueves, al abrir la reunión por videoconferencia desde Madrid, el presidente honorario de la cumbre y de la Fundación para una Cultura de la Paz, Federico Mayor Zaragoza.
El también ex director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y presidente de la junta de directores de la agencia IPS destacó que la conferencia se realice en Colombia, pues este país, dijo, «necesita que la fuerza se sustituya por la palabra y la negociación».
El escenario de la Cumbre Mundial de Paz, que concluirá este domingo, no puede ser más paradójico: un país en guerra que ha firmado pactos militares con Estados Unidos desde 1952, con guerrillas izquierdistas activas desde 1964 y con una violencia alimentada desde los años 80 por narcotraficantes y escuadrones de la muerte.
De hecho, el día en que comenzó la reunión se supo de la muerte de al menos 26 guerrilleros de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bombardeados por la fuerza aérea y el ejército en el cañón de Las Hermosas, en el central departamento de Tolima.
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Un número aún desconocido de familias campesinas intentaban el viernes huir de la región, mientras ingresaban masivamente en ella tropas de tierra para reprimir los remanentes guerrilleros, según supo IPS.
Diez por ciento de la población de este país de 42 millones de habitantes ha sido desplazada por la guerra, según fuentes no gubernamentales. La presidencial Agencia de Acción Social redujo esa cantidad a poco más de tres millones de personas.
Colombia es «el mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos» de toda América, «con aportes de más de 5.000 millones de dólares desde 2000», informó en la conferencia John Lindsay-Poland, codirector de la organización no gubernamental estadounidense Fellowship of Reconciliation.
La Contraloría General de los Estados Unidos, órgano estatal independiente que funciona en la órbita del Congreso legislativo en Washington, ubicó en 2008 a Colombia en el tercer puesto entre los mayores receptores de asistencia militar del país norteamericano, detrás de Israel y Egipto.
Los recursos se canalizan a través del Plan Colombia contra el narcotráfico y la guerrilla, vigente desde 2000. «Los resultados confirman que fue un desperdicio de recursos», según Lindsay-Poland.
«No se redujo el área sembrada de coca ni la cocaína disponible en el mercado estadounidense, y los precios de venta (de la droga) en la calle se mantienen, o son incluso más bajos, que cuando el plan despegó en la administración (del ex presidente Bill) Clinton» (1993-2001), dijo.
[pullquote]1[/pullquote]En cuanto a la lucha del gobierno colombiano contra los grupos armados irregulares, Lindsay-Poland considera que las FARC se han debilitado mientras los «paramilitares de la derecha, en connivencia con el ejército, se han consolidado dentro del Estado y la economía».
En ese marco, el gobierno colombiano decidió abrir sus bases militares a tropas estadounidenses.
En su primera reunión, el 30 de junio, los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Álvaro Uribe, de Colombia, abrieron camino a la formalización de un acuerdo para que el país norteamericano haga uso de siete bases militares del sudamericano, con el supuesto objetivo de combatir a la insurgencia y el narcotráfico.
A través del convenio, Washington recuperaría, según Lindsay-Poland, la presencia militar perdida por la retirada de la base aérea de Manta, Ecuador, dispuesta por el presidente de ese país, Rafael Correa.
Este estudioso de los efectos de la presencia militar estadounidense en América Latina consideró que el destino asignado a las siete bases militares colombianas «es el peor acontecimiento» de la política de Washington en la región andina «desde que se activara el Plan Colombia nueve años atrás».
Lindsay-Poland destacó el clima de impunidad que rodea la actividad militar estadounidense en Colombia, y recordó en ese sentido la violación en 2007 de una niña de 12 años en la base de Tolemaida, en el municipio de Melgar, por parte de soldados norteamericanos.
«Los responsables fueron sacados de Colombia sin afrontar un proceso judicial en ningún país. El ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, asegura que los soldados estadounidenses continuarán gozando de semejante inmunidad al amparo del acuerdo», reprochó Lindsay-Poland.
La mayoría de los presidentes participantes en la última cumbre de Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), celebrada en agosto en Bariloche, Argentina, cuestionaron la cesión de las bases, por entender que altera el equilibrio estratégico de la región.
Venezuela se considera directamente amenazada por el convenio. El gobierno de Uribe replicó que el de Hugo Chávez triplicó su gasto militar de 1.120 millones de dólares a 3.300 millones de dólares entre 2003 y 2008, según el informe «Military Balance 2009», del británico Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.
El gasto militar de Colombia supera oficialmente el cuatro por ciento del producto interno bruto, aunque observadores locales como José Fernando Isaza, rector de la privada Universidad Jorge Tadeo Lozano, y la senadora Cecilia López, del opositor Partido Liberal, sostienen que el gobierno alteró su estadística de la producción para maquillar esa proporción.
La cantidad de militares de Colombia aumentó 40 por ciento desde 2002, y actualmente este país tiene, según Isaza, más soldados en relación con su población que Brasil, la potencia regional.
El panorama en toda América Latina es tétrico, advierten los pacifistas. «Es el momento más difícil desde el auge de la Guerra Fría», aseguró en la Cumbre Mundial de Paz Adam Isacson, director de Programas del Centro para las Políticas Internacionales con sede en Washington.
«El viejísimo conflicto de Colombia cobra más vidas este año que el anterior. La tensión con Venezuela amenaza con pasar del ámbito político al militar. La compra de armas en América del Sur aumenta. El narcotráfico y la violencia relacionada con éste se han cobrado más de 5.000 vidas este año en México y el golpe de Estado en Honduras ha revivido los días oscuros de las dictaduras militares» en la región, agregó Isacson.
Llegó el momento de actuar sin descanso, coincidieron Isacson y Lindsay-Poland, al igual que cientos de representantes de organizaciones de indígenas, negros, mujeres y campesinos, entre otras, que concurrieron a los 14 auditorios de Bogotá en los que se celebra la Cumbre.
[pullquote]2[/pullquote]Vídeos exhibidos por las Comunidades de Paz de las localidades de San José de Apartadó, Tiquisio, Cavida y Toribío dan cuenta del sufrimiento de sus pobladores en los dos últimos decenios.
«Vimos cómo la gente enloqueció de dolor: asesinatos masivos, desplazamiento, años viviendo en coliseos (recintos deportivos) y luego el regreso como Comunidad de Paz afrontando la desaparición y el hostigamiento», aseguró a IPS una líder que pidió reserva de su identidad. «No me gusta decir nada. Aún tengo miedo», explicó.
También desarrolla acciones de paz la comunidad indígena paez-nasa, del suroccidental departamento de Cauca, donde se registraron 370 asesinatos en los últimos años, muchos de ellos a manos del ejército, según el dirigente social Eibar Fernández.
El camino es perseverar en la búsqueda de paz, dijo Lindsay-Poland, quien exhortó a los colombianos a movilizarse masivamente contra las bases militares estadounidenses como lo hicieron con éxito los puertorriqueños en Vieques en 2003.
«No podemos darnos por vencidos… La movilización y la búsqueda de la paz son importantes», añadió Isacson, para quien «en Washington nadie quiere la reelección de Uribe».
*Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá).
