El precio de criticar al gobierno de Camboya es alto, sin importar quien lo pague: periodistas, abogados, legisladores o activistas.
Muchos de los que se atrevieron a criticar a las autoridades fueron demandados por el gobierno del primer ministro Hun Sen.
El gobernante Partido Popular Camboyano (PPC) está en el poder desde las primeras elecciones realizadas en este país de Asia sudoriental en 1993, tras los acuerdos de París de 1991, que pusieron fin a décadas de guerra.
Pero nada de eso silencia a Mu Sochua, legisladora del opositor Partido Sam Rainsy, quien critica abiertamente al gobierno por no promover el Estado de derecho. Su compromiso se remonta a 1991, cuando empezó por defender los derechos de las mujeres.
Cuando la Guerra de Vietnam (1965-1975) se propagó a Camboya en 1972, que había permanecido neutral hasta ese momento, Sochua, con 18 años y recién egresada de la escuela secundaria, abandonó el país para formarse en Occidente. Pero sus padres se quedaron y sufrieron las atrocidades del régimen del Jemer Rojo (1975-1979).
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Sochua, quien regresó a Camboya en 1989 con la intención de contribuir a la reconstrucción de su país, conversó con IPS en Bangkok, donde se encontraba para participar en una conferencia sobre la libertad de expresión en Asia sudoriental.
IPS: La Asamblea Nacional legislativa aprobó este mes los últimos artículos del Código Penal, eliminando una legislación vigente desde 1992, cuando el Estado quedó bajo administración de la Autoridad Provisoria de las Naciones Unidas en Camboya. ¿Puede considerarse un avance para su país?
MU SOCHUA: No me gusta el Código Penal por los artículos sobre difamación, incitación e insultos a funcionarios públicos. Es muy, muy vago. El gobierno trata de dar a los jueces un amplio marco para la interpretación de esos apartados.
Hay que eliminar esos artículos por el ambiente político y social de Camboya. Todas las instituciones del país están controladas por el partido de gobierno. La justicia es muy, muy frágil, y los jueces están influenciados políticamente por el primer ministro o pueden ser amenazados por él. En ese sentido, la jurisprudencia no significa nada.
IPS: Usted parece indicar que el nuevo Código Penal será una amenaza para la joven y atribulada democracia y que no contribuirá a su fortalecimiento.
MS: Sí. Por eso nuestro partido se opone. El objetivo de algunos de los artículos es limitar los comentarios críticos contra funcionarios públicos, la policía o políticos que no cumplan con su mandato. Va a ser más difícil, incluso para mí como legisladora, decir que un ministro es corrupto, porque me puede demandar por infringir el Código Penal.
IPS: Esto supone un reto para usted que ha criticado abiertamente al primer ministro. De hecho, lo demandó por difamación a raíz de un discurso en el que la insultó. ¿Qué posibilidades tiene de ganar el caso?
MS: Estaría soñando si esperara que el tribunal de apelaciones invalidara el primer fallo, favorable al primer ministro, a menos que haya algún tipo de negociación política de la que no estoy al tanto.
Pero no se trata de mí. Es un juicio por el sistema jurídico de Camboya. Estoy decidida a demostrarle a la población, al mundo y a la comunidad de donantes internacionales que cada paso judicial está bloqueado para mí y para todos los camboyanos que deben recurrir al sistema legal para obtener un resarcimiento.
IPS: ¿Entonces la promesa que los donantes internacionales hicieron hace 15 años al pueblo camboyano sobre este asunto es difícil de lograr?
MS: No cumplieron las promesas. De hecho, hubo un retroceso. Hay que responsabilizar a los donantes que vienen sosteniendo el sistema. Los franceses y los japoneses, que invirtieron en la reforma judicial, deben dar explicaciones.
IPS: ¿No es un exceso decir que se reprime a los adversarios? Algunos defensores del gobierno sostienen que usted no reconoce el enorme aumento de periódicos, canales de televisión y emisoras de radio desde que se instauró la paz.
MS: No se trata de cifras, sino de la calidad de la libertad de expresión. El gobierno ayuda a aumentar la cantidad de medios de prensa para construir una fachada democrática.
Es imposible criticar al primer ministro o al gobierno. Si yo, en tanto que legisladora, trato de lidiar con una situación de violencia o de apropiación de tierras, escucho a las víctimas, recibo denuncias y luego les ofrezco un consejo, me acusan de incitación.
IPS: Pero Hun Sen tiene muchos seguidores. Su partido ganó las elecciones generales del año pasado y esta es la primera vez que una fuerza política gobierna con mayoría, poniendo fin a una época de coaliciones frágiles. Así que pese a lo que usted dice, reunió votos para ganar los comicios.
MS: Discrepo. El partido gobernante podrá tener 96 de los 123 escaños de la Asamblea Nacional, pero vea la cantidad real de votos. El PPC obtuvo tres millones de votos, la oposición dos millones, y más de un millón de personas habilitadas a sufragar no pudieron hacerlo porque no figuraban en los padrones. Las habían borrado. Mi nombre fue eliminado.
El PPC no tiene una mayoría abrumadora. Hay que volver a analizar el padrón electoral, pero el partido gobernante se niega.
IPS: Usted es una gran defensora de los derechos de las mujeres, aun antes de dedicarse a la política, en 1998. ¿Mejoró y aumentó la participación femenina?
MS: Creo que sí. Hubo un cambio de actitud, no sólo en el ámbito político. Ahora presido la rama femenina de mi partido y pretendemos duplicar el número de candidatas.
El PPC tiene 21 legisladoras. De hecho, abrieron muchas oportunidades para las mujeres y ahora tienen una viceprimera ministra.
IPS: ¿Camboya está más cerca de tener por primera vez una jefa de gobierno?
MS: Cada vez es más factible, pero no tan obvio. Creo que será posible en 10 años.
IPS: ¿Puede llegar a ser usted?
MS: (Risas). Sabe lo vieja que voy a estar en 10 años, voy a tener 65.
IPS: ¿Pero cuál es su respuesta?
MS: Sería factible dentro de mi partido porque promovemos ideas democráticas. Podría ser una de las candidatas, pero hay otras mujeres calificadas.