La oposición venezolana, impulsada por el éxito y la represión de una multitudinaria marcha en la capital el 22 de agosto, en plena temporada vacacional, marchará de nuevo este sábado para reivindicar el derecho de manifestar.
Mientras, desde Bogotá, el empresario Juan David Lacouture anunció que reunió a través del sitio web de redes sociales Facebook 160.000 voluntarios para cumplir este viernes, en 26 países, demostraciones bajo la consigna "No más Chávez", referida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Lacouture impulsó en 2008, a través de Internet, una serie de marchas bajo la consigna "No más FARC", contra la guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su nueva cruzada llega cuando Caracas y Bogotá tienen sus relaciones a milímetros de la ruptura.
Entre quienes anunciaron que participarán en expresiones de protesta contra Chávez figura el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti.
A su vez, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pidió a simpatizantes en 50 países que se congreguen en torno de las embajadas venezolanas para mostrar respaldo internacional a Chávez y repudiar el pacto entre Bogotá y Washington para albergar en bases colombianas a fuerzas militares estadounidenses.
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Chávez, de visita en Siria como parte de una gira por Medio Oriente, Belarús y Rusia, restó importancia a la convocatoria en su contra y dijo que "me parece una cosa estúpida", e igualmente desestimó sondeos de opinión que dan cuenta de una merma de su popularidad dentro de Venezuela.
"Si fuera verdad lo que dicen ya yo tendría menos cien (-100) de popularidad, pero resulta que cada vez que hay elecciones las ganamos, más allá de lo que digan las encuestas y las campañas en buena parte de los medios de comunicación en el mundo, que tratan de satanizarnos", dijo el mandatario a periodistas en Damasco.
Líderes de la oposición, encabezados por Henry Ramos, jefe del partido socialdemócrata Acción Democrática, y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, anunciaron que marcharán este sábado en la capital, desde sus bastiones en barrios de clase media en el este hasta la céntrica sede de la Fiscalía General.
"Más de 100 dirigentes de partidos y organizaciones civiles firmamos la convocatoria para esta marcha", dijo Ramos, "de manera que si van a criminalizar la protesta tendrán que meternos presos a todos los responsables de todas las organizaciones".
La inquina entre la oposición y la fiscalía se debe al manejo que la titular de ese despacho, Luisa Ortega, ha dado a las manifestaciones críticas con el gobierno.
En lo que va de 2009 "registramos en todo el país 1.518 protestas efectuadas por obreros, campesinos, estudiantes, transportistas, pensionados y gente sin vivienda o hastiada de la inseguridad, es decir, reclamos por expectativas sociales insatisfechas", dijo a IPS el dirigente opositor William Ojeda, del partido Un Nuevo Tiempo.
La fiscal general Ortega advirtió la semana pasada que planteará "el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar al gobierno. Esas conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil".
Ortega recordó que de acuerdo con el código penal la rebelión es un delito que puede ser castigado con entre 12 y 24 años de prisión.
"Que vaya preparando los estadios de Caracas y las principales ciudades del interior, porque las cárceles no se darán abasto, ya que la población seguirá manifestando en defensa de sus derechos", replicó Ledezma.
La polémica se avivó con el trato de la marcha del 22 de agosto en Caracas, que congregó 100.000 manifestantes en plena temporada de vacaciones, contra la Ley de Educación que aprobó el parlamento, casi totalmente en manos del oficialismo tras el boicot opositor a las elecciones de 2005.
A la marcha no se le permitió llegar al centro de la ciudad, y los más osados manifestantes golpearon las barreras metálicas instaladas por la policía, que replicó con andanadas de gas lacrimógeno y balas de plástico, con el resultado de un manifestante y un policía heridos y numerosas personas con asfixia temporal.
Poco después, la fiscalía ordenó la detención de dos colaboradores de Ledezma que habían organizado la marcha, Richard Blanco y Oscar Pérez —preso el primero y prófugo el segundo—, como responsables de las lesiones sufridas por el agente policial.
Días después, mientras el parlamento sancionaba una legislación que despoja a Ledezma de casi todas sus atribuciones de gobierno como alcalde, unos 80 trabajadores de su alcaldía caminaron hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar un amparo contra la nueva ley, al considerar que implicará la desaparición de sus empleos.
La policía disolvió rápidamente la manifestación y detuvo a 11 trabajadores, presos en la cárcel caraqueña La Planta a pedido de la fiscalía.
"Desde 2004 ha escalado la criminalización de la protesta, y tanto la represión como las medidas judiciales contra demostraciones obreras o populares han crecido el último año", dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.
El gobierno "se reivindica como obrerista, popular y revolucionario, pero más de 2.200 trabajadores y activistas populares han sido sometidos a procesos judiciales por participar en protestas reivindicativas o de disconformidad con la autoridad", dijo Alvarado.
La fiscal Ortega dio un paso atrás y esta semana dijo que "es mentira que estemos criminalizando la protesta pacífica, pues lo que hacemos es perseguir hechos punibles donde quiera que se cometan. Por ejemplo, si ocurren en una fiesta y los investigamos, eso no quiere decir que estemos contra las fiestas", declaró.
El ministro del Interior, Tarek El Aissami, reiteró este jueves que la marcha opositora sólo podrá avanzar hasta donde lo permita el alcalde del municipio Libertador (Jorge Rodríguez, del PSUV), que comprende la mitad oeste de la capital, donde están las sedes de los poderes públicos nacionales.
"Enfatizamos lo que hemos venido alertando: hay grupos de oposición vinculados con hechos de violencia, y les advertimos que actuaremos como hemos venido actuando, sin que nos importe lo que nos digan los medios" de comunicación, dijo El Aissami.
"Aquí hay instituciones que haremos respetar y cumplir las leyes, no puede haber sectores que se tomen por ellos mismos las calles con intenciones distintas a las previstas en la Constitución, que es para manifestar de manera pacífica", advirtió el ministro.
El PSUV había dicho por boca de varios dirigentes que esta vez no haría una contra-manifestación, acostumbrada cuando la oposición convoca las suyas, pero hubo un cambio de opinión cuando se conoció la convocatoria "No más Chávez" que anima desde Colombia Lacouture.
"Seguidores de la revolución bolivariana se concentrarán en 50 países con el apoyo de las embajadas", anunció Darío Vivas, responsable de movilizaciones del PSUV, "y en las ciudades del interior de Venezuela se harán concentraciones en la plaza Bolívar", generalmente la principal de cada poblado.
También en Caracas este mismo sábado harán otra manifestación, desde barrios populares en el oeste hasta la sede de la cancillería, frente a la plaza Bolívar de la capital.
La repetitiva medición de fuerzas se efectuará mientras encuestadoras como Consultores 21 y Keller y Asociados dan cuenta de un descenso de la popularidad del presidente, quien ha ganado la mayoría de los comicios efectuados desde 1998 con entre 52 y 63 por ciento de los votos.
La encuestadora Hinterlaces encontró al concluir el segundo trimestre de 2009 que 29 por ciento de los consultados encuentran la gestión de Chávez buena o muy buena, versus 34 por ciento que la perciben mala o muy mala, mientras se ensanchan las franjas intermedias de opinión.
"Hay un proceso de lento desenamoramiento con el presidente, que acusa una fatiga carismática y rutinización (sic) muy profunda, al tiempo que un amplio sector de la población se distancia un poco más de él en la medida en que se radicaliza", advirtió a IPS el director de Hinterlaces, Oscar Schémel.
