Tal como sucedió con la televisión analógica, los países de América Latina han optado por diferentes normas para la transmisión digital. Pero más que esta diversidad, a las organizaciones sociales les preocupa la falta de políticas y regulaciones que aseguren una real democratización de este medio de comunicación.
La presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet, informó el 14 de este mes que el estándar ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial) con MPEG4, creado en Japón y adaptado por Brasil, era el elegido para desarrollar la televisión digital terrestre en su país, de 17 millones de habitantes.
Las primeras transmisiones oficiales están previstas para 2010 y el "switch over" o "apagón tecnológico" (paso definitivo del sistema análogo al digital) se estima para 2018.
Argentina y Perú también se inclinaron por ISDB-Tb, mientras que México, Honduras, Costa Rica y El Salvador eligieron el estándar estadounidense ATSC (Advanced Television Systems Committee). Uruguay, Colombia y Panamá prefirieron el europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial). Ninguno ha optado por la norma china DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting).
La revolución digital trae mejor calidad de imágenes y sonido, mayor número de canales y posibilidades de transmisión a través de dispositivos móviles, cuestiones que, en el papel, aparecen como la solución a la ansiada democratización de las comunicaciones.
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En términos de economía de escala y compatibilización de equipos y sistemas, "sin duda habría dado mejores frutos una negociación colectiva, pero esa opción que se planteó temprano también temprano sucumbió", dijo a IPS Víctor Suárez, consultor venezolano y columnista sobre temas de tecnología. Su país ha coqueteado con la norma china, pero se prevé que adoptará la japonesa-brasileña.
Una economía de escala podría haber abaratado, por ejemplo, el costo de los conversores de televisión análoga a digital, cuyo alto precio es hasta ahora uno de los factores del fracaso de la televisión digital en Brasil, según João Brant, uno de los coordinadores de Intervoces, el Colectivo Brasil de Comunicación Social.
BRASIL HABLA JAPONÉS
Brasil adoptó la tecnología japonesa ISDB-T atendiendo a los intereses de las emisoras de televisión, especialmente la hegemónica Red Globo, indicó Brant. La elección se justificó por la alta definición de las imágenes y la movilidad (recepción en celulares y televisores en movimiento).
La legislación e institucionalidad se estableció por un decreto en 2006, pero hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia sobre su supuesta inconstitucionalidad. La transmisión digital empezó en São Paulo a fines de 2007 y se expandió por muchas otras ciudades del país. El "apagón" total sería en 2016.
Un movimiento de centros de investigación, la mayoría universitarios, proponía un sistema con tecnologías desarrolladas mayoritariamente en el país. Los japoneses prometieron incorporarlas, pero fueron ignoradas y, según Brant, sólo se incorporó el Ginga, un "middleware" (entre hardware y software) brasileño.
Más que técnico, para Brant el problema de fondo es el modelo de negocios adoptado por Brasil, que donó "latifundios improductivos" a los dueños de las actuales emisoras, manteniéndoles la concesión de los mismos seis megahercios de frecuencia que tenían para la televisión analógica, multiplicando en la práctica su espacio por hasta ocho veces, quedando la mayor parte sin uso.
Es decir, se agravó la concentración, tema que será tratado en la Conferencia Nacional de Comunicación, que se realizará en diciembre en Brasilia. Tampoco se ha concretado la promesa de transferencia tecnológica.
El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva anunció que Japón implantaría en Brasil una industria de semiconductores en contrapartida a la elección de su tecnología, pero ahora dice que no hubo tal compromiso. Ni siquiera se instalará una ensambladora. Y la decisión paralizó investigaciones que hacían muchos centros universitarios, alegó.
En Brasil se adoptó "un modelo de oportunidades perdidas", como "la de democratizar las comunicaciones, ampliando los canales de transmisión y los actores" y "la de fortalecer el parque industrial brasileño" con un sistema nacional, incorporando innovaciones y componentes nacionales, resumió Brant.
Para Manuela Gumucio, directora general del no gubernamental Observatorio de Medios Fucatel de Chile, "todas las normas tienden a equipararse, a ofrecer en plazos cortos las mismas posibilidades, por lo tanto, al elegir la norma brasilero-japonesa, Chile hizo una opción de política internacional más que técnica, perfectamente legítima".
"Lo importante no es la norma sino el cambio que el país debe hacer en materia de concesiones y de atribución de espectro para garantizar el paso de una televisión uniforme, no muy diversa ni plural, a una televisión que se abra a dar espacio a un Chile que hasta ahora está silenciado", planteó la socióloga a IPS.
En este sentido, diversas voces han cuestionado el proyecto de ley que el gobierno de Bachelet envió al parlamento para normar la televisión digital. Para Gumucio, la iniciativa legal es "muy deficiente".
Coincidiendo con Gumucio, Claudia Lagos Lira, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, destacó ante IPS el rol crucial que pueden jugar en esta materia "los incentivos o las políticas económicas tendientes a abrir la cancha a más actores e incorporar a toda la ciudadanía a esta promesa de mayor democratización".
Entre ellas, Gumucio menciona "la creación de un transportador de señal para que todos los nuevos pequeños canales, sin mercado regional para financiarse, queden eximidos de hacer grandes inversiones en antenas e infraestructura para transmitir".
RIESGO DE MAYOR CONCENTRACIÓN
En México, donde se prevé el apagón tecnológico para 2021, "se eligió el estándar estadounidense de manera muy opaca, dentro de la convergencia de tecnologías digitales, y sólo ha servido para que las televisoras tengan más espectro", criticó ante IPS Aleida Callejas, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) de México.
La cadena privada TV Azteca, la segunda más grande del país después de la también privada Televisa, empezó a emitir una nueva señal digital en febrero, en violación a la disposición de la normativa respectiva. El camino legal es la licitación pública de licencias digitales.
Según Callejas, el gobierno conservador de Felipe Calderón no tiene "una política para el apagón, ni siquiera se plantea cómo la población va a adquirir los aparatos digitales".
Algo similar ocurre en Uruguay. Aunque el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez instituyó por decreto la norma europea en agosto de 2007, "todavía no está claro el cronograma del 'despliegue' (uso efectivo del servicio) ni la fecha del 'apagón tecnológico'", dijo a IPS Gustavo Gómez, coordinador de la organización no gubernamental Medios y Sociedad.
En octubre de 2008 se estableció por otro decreto la forma en que la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) asignará los nueve canales en la banda digital.
Se entregará uno a cada uno de los actuales operadores de televisión abierta, los canales privados 4, 10 y 12 y la estatal Televisión Nacional de Uruguay (canal 5). Los cinco digitales restantes se distribuirán en tres para medios comunitarios, uno para el sector privado comercial y otro para la televisión pública. Sin embargo, "hay bastante retraso" en cuanto a la definición de los mecanismos para implementar esto, sostuvo Gómez.
"Todavía no están claros los procedimientos para las concesiones", y no existe un debate público sobre este punto, en parte porque está vigente una ley de "veda", que impide otorgar concesiones un año antes y hasta seis meses después de las elecciones presidenciales, que en Uruguay se realizarán a fines de octubre en primera vuelta.
Haciendo un análisis regional, Gómez cree que los países eligieron su norma en base a criterios industriales y "no necesariamente pensando en la democratización" de los medios de comunicación.
"En Uruguay, por ejemplo, se pensó que la adopción de la norma europea, por sus características, constituiría una oportunidad para la participación de la industria creativa uruguaya", como la de software.
"El ingreso de la televisión digital es un paso importante, pero insuficiente para la democratización de las comunicaciones. De no regularse de manera adecuada puede ser solamente más concentración, más para los mismos operadores. Hasta ahora no hay señales de una verdadera diversificación de operadores y contenidos", concluyó Gómez.
*Con aportes de Humberto Márquez (Venezuela), Emilio Godoy (México), Raúl Pierri (Uruguay) y Mario Osava (Brasil).