La fuga de seis hombres procesados por homicidio y secuestro y el asesinato de cuatro empleados de la dirección de cárceles catapultaron otra vez en Guatemala el debate sobre la necesidad de una reforma estructural del régimen penitenciario, considerado la Cenicienta del sistema judicial.
"No se puede pensar que una fuga masiva se da por la puerta y sin un balazo", dijo a IPS Alejandro Giammatei, ex director del sistema penitenciario, al repasar la circunstancias que rodearon al escape de los seis sospechosos, ocurrida el 4 de este mes en el noroccidental departamento de Quetzaltenango.
Este hecho da cuenta de la corrupción imperante en los centros carcelarios del país, "cuyo combate no representa mucho negocio para los gobiernos, porque de la corrupción vive una gran cantidad de personas", incluyendo a muchos funcionarios que laboran para la dirección de presidios, aseguró el político.
Esta corrupción también ha abierto la puerta para que condenados por los crímenes más viles y sangrientos, como el secuestro y el asesinato, sigan planificando desde la cárcel robos de vehículos, trasiego de drogas y otros ilícitos igual o más graves, según organizaciones de la sociedad civil.
Ahora el tema carcelario tomó fuerza también porque cuatro empleados de la Dirección General de Presidios fueron asesinados a balazos en tres ataques distintos ocurridos el 7 de este mes, tres días después de la fuga de Quetzaltenango. El ministro de Gobernación (interior), Raúl Velásquez, atribuyó los ataques a una protesta por el traslado de cárcel de tres peligrosos pandilleros.
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"Lo primero que hay que hacer es privilegiar el tema porque sigue estando fuera de la agenda. Es la Cenicienta del sistema donde se privilegia más el show de algunas capturas y alijos de droga, pero no hay voluntad de entrarle de lleno al problema", afirmó.
Otros sectores, en cambio, muestran su preocupación porque las personas privadas de libertad no consiguen rehabilitarse, ni mucho menos reinsertarse socialmente al dejar la prisión, lo cual coadyuvaría a disminuir los conflictos sociales.
Más allá del enfoque del problema, el abandono del sistema carcelario nacional es por demás evidente. Uno de los problemas más serios es la sobrepoblación y el hacinamiento.
Según la Dirección General de Presidios, hasta el día 23 la población reclusa en los 19 centros carcelarios del país era de 9.635 personas, 9.068 de las cuales son hombres, mientras que su capacidad alcanza sólo para 6.454 reclusos.
Dado el hacinamiento y la falta de cárceles, construidas en su mayoría entre 1960 y 1970, también funcionan como centros de detención preventiva e incluso para cumplir sentencia, 27 sedes de la Policía Nacional Civil, cuya capacidad oscila en 340 personas, pero albergan a más de 600.
"Esta situación es contradictoria con lo estipulado en el artículo 19 de la Constitución debido a que no es personal especializado ni del Sistema Penitenciario el encargado de las personas privadas de libertad", dice el informe titulado La Cárcel: Problemas y Desafíos de las Américas 2008 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El estudio también hace mención a la importancia del decreto 33-2006 Ley del Régimen Penitenciario, que "construye un régimen progresivo de reinserción social de las personas privadas de libertad".
No obstante, la publicación aclara que "la ley constituye únicamente el primer paso, ya que para lograr la transformación real del Sistema Penitenciario se requiere de la implementación efectiva de la misma".
Entre otros asuntos, la ley clasificó los centros de prisión preventiva y de cumplimiento de condena y orientó el sistema penitenciario a readaptar y reeducar a las personas privadas de libertad. Además, creó la Escuela de Estudios Penitenciarios y la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario.
Han pasado tres años desde la promulgación de esta ley, pero aún no se ven cambios estructurales en el sistema. Para ponerla en vigencia y lograr cambios de fondo es necesario aprobar su reglamento, lo cual no se ha hecho, admitió Giammatei.
"Ahí esta todo desde la atención personalizada de los reclusos hasta los cambios en la infraestructura, como la construcción de cárceles de mínima y máxima seguridad, señaló.
Luis Ramírez, director del Instituto Comparado en Ciencias Penales (ICCP), señaló a IPS que la aprobación de la ley del Sistema Penitenciario "fue un gran avance", aunque aclaró que "ahora hay que hacer cumplir la legislación hecho que pasa por la organización estructural, económica y administrativa del sistema carcelario".
Esto requiere de acuerdos políticos entre distintos sectores sociales, partidos, sociedad civil y gobierno para lograr un pacto e incluirlo en las prioridades de seguridad, puesto que "de nada serviría tener persona recluidas para que se pudran dentro de la cárceles", aseveró.
El ICCP ha manifestado permanentemente su preocupación porque los centros carcelarios cumplan su función y permitan la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad, además de que las cárceles sean una herramienta de política criminal que pueda ser utilizada por el Estado para reducir la conflictividad social.
El camino ha sido cuesta arriba. Mientras tanto este país centroamericano de 13 millones de habitantes, donde mueren violentamente cada día un promedio de 16 personas, sigue sumando reclusos.
Gudy Rivera, diputado de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo por el opositor Partido Patriota dijo a IPS que "el sistema penitenciario es la Cenicienta del Ministerio de Gobernación porque no le ponen atención, sólo están improvisando".
El legislador citó como ejemplo la aprobación de la ley del Régimen Penitenciario, la cual, entre otros asuntos, dicta medidas disciplinarias para que los privados de libertad no ingresen licor, drogas o armas. Sin embargo, en cada requisa las autoridades encuentran todo tipo de estos artículos, aseguró.
Rivera criticó al gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom, porque "sigue improvisando y jugando con el tema de seguridad, cuando se necesita la ejecución de planes para resolver los problemas de fondo".
Michelle de Leal, dirigente de la agrupación Madres Angustiadas, dijo a IPS que el Sistema Penitenciario continuará teniendo los mismos problemas, mientras no se le provea de sus necesidades.
"La infraestructura es mala, la corrupción es ingobernable, se siguen dando extorsiones, secuestros y los controles son livianos por la misma corrupción que se mueve", criticó la dirigente de esta organización no gubernamental que apoya a las víctimas de la violencia ciudadana.
"Se han puesto las antenas para bloquear celulares, pero se siguen planificando secuestros desde adentro. No habría necesidad de tantos controles, si la vigilancia en la entrada a las cárceles fueran exhaustiva", añadió.
En ese sentido, se hace necesario instaurar la Escuela de Estudios Penitenciarios, cárceles de máxima seguridad, un fichaje constante con un mapa de reclusos para saber quiénes están dentro, detalló De Leal.
Hasta ahora, el sistema carcelario del país ha quedado rezagado y se volvió un problema tan grande y complicado que todo mundo rehúye, concluyó.
Las necesidades del Sistema Penitenciario guatemalteco son urgentes, tanto para quienes exigen controles para evitar los crímenes planificados bajo techo carcelario, como para quienes ven en la rehabilitación de los privados de libertad, una oportunidad para reducir la conflictividad social.
