Los reclamos de diálogo y derogación del estado de sitio se multiplican en Honduras, incluso dentro del régimen que impuso la medida el domingo para neutralizar a los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, dijo que el gobierno ejerce control de la situación y frenó supuestos brotes de insurrección.
"Sin embargo, en necesario dialogar para encontrar una solución a la crisis. Creo que habrá muy pronto un diálogo fructífero para un desenlace pacífico dentro de la ley", dijo el general, figura clave del golpe de Estado del 28 de junio contra Zelaya.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la influyente y patronal Asociación de Medios de Comunicación (AMC) exhortaron este martes al presidente de facto Roberto Micheletti a derogar el decreto que impuso el estado de excepción por 45 días y suspendió cinco garantías constitucionales.
Mientras, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNR, o "la resistencia") condenó y desconoció estas medidas.
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En una prolongada reunión el lunes por la noche, el presidente del Congreso legislativo, Alfredo Saavedra, y diputados de cuatro de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria solicitaron a Micheletti la pronta derogación del decreto que suspendió las garantías a la libertad personal, libre emisión del pensamiento, libertad de asociación y de unión, libre circulación y derechos de los detenidos.
El diputado y candidato presidencial del izquierdista partido Unificación Democrática (UD), César Ham, reapareció en las sesiones parlamentarias y dijo que "el gobierno de facto endurece sus posiciones para luego ceder en eventual diálogo para que la situación siga igual".
"La situación está fuera de control, este país se está cayendo a pedazos, no es posible que la inteligencia y la razón se hayan escapado de nuestra patria", declaró el ex ministro de Defensa del gobierno de Zelaya y diputado del gobernante Partido Liberal, Edmundo Orellana.
"Nadie está seguro ni siquiera en su casa, con el sistema educativo semiparalizado, aumento del desempleo, cierre de empresas y un daño irreparable que costará décadas recuperar", añadió Orellana, que urgió a Micheletti y a Zelaya a dialogar lo más pronto posible para encontrar una salida.
Micheletti respondió a los pedidos, asegurando que haría consultas con la Corte Suprema de Justicia y el TSE para derogar el "lo más pronto posible estas medidas que adoptamos ante los llamados a la insurrección del señor Zelaya durante toda la semana pasada desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa".
Los miembros de la resistencia intentaron el lunes y este martes reanudar las marchas desde la Universidad Pedagógica Nacional, pero fueron rodeados por fuerzas combinadas del ejército y la policía y, luego de una conversación, optaron por concentrarse en las instalaciones del Sindicato de la Bebida y Similares, uno de los bastiones de este movimiento.
Karla Posas, estudiante de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras y activa militante de la resistencia, se mostró preocupada por el rumbo de los acontecimientos. "Duele ver a un movimiento social importante para lograr cambios en Honduras absorbido por los liberales seguidores de Zelaya que nos llevaron a un callejón sin salida", comentó.
Desde el 28 de junio, minutos después de que Zelaya fuera capturado en su propia casa y expulsado hacia Costa Rica, comenzó un vigoroso movimiento de protesta, primero en Tegucigalpa, y luego en otras ciudades del país, pero las fuerzas militares y policiales han logrado controlarlas, a menudo mediante una represión violenta.
El 21 de septiembre, Zelaya ingreso sigilosamente al país y se alojó en la embajada de Brasil, que permanece sitiada por un cordón militar y policial, con barricadas de cemento armado, tanquetas, camiones y otros artefactos de combate para evitar que los seguidores del depuesto mandatario efectúen manifestaciones de solidaridad.
La sede diplomática ha soportado varias medidas de hostigamiento, como el corte de energía eléctrica, de agua y de comunicaciones, y la emisión de sonidos insoportables, que causan malestar anímico y físico.
El régimen accedió también a recibir este viernes a una delegación de cancilleres latinoamericanos y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
El domingo, el gobierno había prohibido el ingreso de un grupo técnico de avanzada de los cancilleres y de Insulza, mientras en el seno de ese organismo hemisférico, por primera vez desde el 28 de junio, no hubo el lunes consenso para aprobar una declaración sobre la situación hondureña.
Las divergencias surgieron en torno del lenguaje de condena al estado de sitio impuesto por el régimen y acerca de si debía reconocerse o no al gobierno que emergería de los comicios programados para el 29 de noviembre.
La delegación de Estados Unidos marcó distancias al sostener que el regreso de Zelaya había sido una acción "irresponsable e insensata", que no servía a los intereses de su pueblo ni a la restauración del orden democrático.
En la madrugada del lunes, autoridades policiales y militares sacaron del aire a dos medios de comunicación opositores del régimen, Radio Globo y la televisora Canal 36, que divulgaban todas las acciones de la resistencia. En la acción, fue capturado el director de la radioemisora, David Romero —luego liberado—, junto con el periodista Ronnie Martínez.
Según el régimen, Zelaya ingreso a Honduras el lunes 21 de madrugada con un plan apoyado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El depuesto mandatario se trasladó inicialmente a El Salvador, donde dialogó con diputados del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y luego a Guatemala. Desde allí ingresó a territorio hondureño en helicóptero y luego abordó un vehículo de una diputada de este país al Parlamento Centroamericano, burlando a los servicios de inteligencia y de seguridad.
Ya en Tegucigalpa, Zelaya intentó refugiarse en la Casa de las Naciones Unidas, pero luego la representación de Brasil accedió a alojarlo en sus instalaciones, rápidamente rodeadas por millares de sus seguidores que festejaban su retorno y reclamaban su restauración en la Presidencia.
El gobierno disolvió violentamente las marchas callejeras y acciones de resistencia de pobladores de barrios y colonias pobres de Tegucigalpa.
La resistencia sostiene que hay más de un centenar de muertos, víctimas de la represión. El gobierno de facto sólo reconoce el fallecimiento de Isis Obed Murillo, de 19 años, en los disturbios del 5 de julio en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, cuando Zelaya intentaba aterrizar a bordo de un avión facilitado por el gobierno de Venezuela.
Repelido en su intento, el derrocado mandatario se instaló en una hacienda en la vecina Nicaragua, en la zona fronteriza con Honduras, con apoyo del presidente de ese país, Daniel Ortega.
Las muertes, el fin de semana, de un maestro y de una estudiante, también fueron atribuidas a las acciones represivas ordenadas por el gobierno.
El comisionado policial Danilo Orellana rechazó esas acusaciones. El profesor fue atacado por desconocidos al salir de una iglesia, y la estudiante no murió por efecto gases tóxicos que agravaron su asma, sino por haber contraído la gripe A/H1N1, que ya mató a 19 personas y contagió a más de 500, alegó Orellana.
El jerarca policial reconoció la existencia de más de un centenar de heridos en tres meses de conflicto, atendidos en hospitales públicos.
El embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, sostuvo encuentros a puerta cerrada el domingo y el lunes con los cuatro candidatos presidenciales, ex gobernantes y empresarios, en los que insistió en la necesidad de restablecer a Zelaya en la Presidencia, y de instalar para ello una mesa de diálogo entre las partes.
Por su parte, el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, dijo que avanza en su mediación para abrir un espacio de diálogo entre los dos protagonistas principales, Zelaya y Micheletti.
