El gobierno argentino presentó un proyecto de ley de servicios audiovisuales que deroga la norma de la dictadura aún vigente. La iniciativa, que restringe los monopolios, es apoyada por organizaciones sociales que pedían un cambio desde 1985, pero es resistida por firmas privadas de comunicación.
"Presentan ley para controlar los medios", tituló sin vueltas, tras el anuncio realizado por la presidenta Cristina Fernández, el diario Clarín, emblema del consorcio empresarial del mismo nombre que también posee la empresa de televisión por suscripción Cablevisión, la señal de 24 horas Todo Noticias, radio Mitre, Canal 13 de televisión abierta y unos 250 medios electrónicos más en distintas partes del país.
Otras firmas privadas también se plegaron a la fuerte campaña contra el proyecto. Por ejemplo, el diario La Razón tituló: "Envían el proyecto para amordazar a los medios".
De este modo, las críticas, temores y arengas se multiplican en radios y canales privados de televisión abierta y por abonados, mientras el Congreso legislativo comenzaba el debate en comisiones.
La iniciativa es rechazada por quienes creen que el gobierno de Fernández la propone como parte de la disputa que mantiene con Clarín. De hecho, en los últimos días, la mandataria y su esposo y predecesor en el cargo, Néstor Kirchner (2003-2007), cruzaron fuertes críticas con ese diario y sus portavoces.
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Días antes de la presentación del proyecto, el gobierno de Fernández, quien junto a Kirchner lideran el sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), había puesto en manos del Estado las transmisiones por televisión, abierta y por tal gratuita, de los partidos del campeonato nacional de fútbol, el deporte de adhesión masiva en este país.
La decisión gubernamental se dio en medio de la disputa y luego ruptura entre la Asociación de Fútbol de Argentina, dueña de los derechos de emisión de los juegos organizados por ella, y el canal para abonados del grupo Clarín que tenía la concesión desde hacía casi dos décadas. A partir de este cambio, se podrán ver todos los partidos sin pagar para ello.
Y el día que comenzó el debate parlamentario por la norma, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) anunció, tras dos años sin pronunciarse, que no avalará la fusión de las firmas Cablevisión y Multicanal, dos empresas unidas por el Grupo Clarín y que monopolizan la televisión para abonados en Buenos Aires y su zona metropolitana.
No obstante, académicos y representantes de radios comunitarias consultados por IPS consideraron que, más allá de la oportunidad o de la estrategia que tenga el gobierno, el reemplazo de la norma que se arrastra desde la dictadura (1976-1983) por una nueva es el pago de una deuda largamente pendiente de la democracia argentina.
Al conocer el proyecto, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de opinión y expresión, el guatemalteco Frank La Rue, no sólo lo defendió sino que atribuyó las críticas al "miedo a la competencia".
La Rue sostuvo que la iniciativa propone "un modelo que es un ejemplo para los demás países en materia de telecomunicaciones".
Para el alto representante de la ONU, la propuesta del gobierno de Argentina garantiza el pluralismo, el acceso de todos los sectores a las frecuencias de radio y televisión, y es "un avance en América Latina frente a la progresiva concentración de medios".
El proyecto era un añejo reclamo de diversas organizaciones sociales que en 2004 formaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que exige que se derogue la norma de radiodifusión sancionada en la dictadura y que se apruebe una nueva que contemple 21 puntos básicos.
La Coalición, que congrega a radios comunitarias, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y universidades, entre otros actores, propone en esos puntos que se termine con la concentración de la propiedad de los medios y se defienda la libertad de expresión y de información, "no como un negocio sino como un derecho".
Justamente, el proyecto señala que su objetivo es promover la "desconcentración" con fines de abaratamiento y democratización, considera la comunicación como un servicio "de interés público", abre el juego a entidades sin fines de lucro, y promueve la diversidad y el federalismo.
"El proyecto es perfectible, pero lo recibimos con mucha alegría porque recoge los 21 puntos propuestos por la coalición", dijo a IPS Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), que forma parte de la Coalición, y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).
Busso recordó que la norma vigente, como buena heredera de la dictadura, obliga a que el Comfer esté integrado por un miembro de cada una de las tres Fuerzas Armadas, uno de la Secretaría de Inteligencia del Estado, uno de la Secretaría de Comunicación y dos empresarios.
Actualmente, para sanar estos vestigios autoritarios, el Comfer está intervenido y el representante es un funcionario designado por el Poder Ejecutivo. En cambio, la iniciativa prevé la formación en su lugar de un ente autárquico con un directorio formado por tres representantes elegidos por el gobierno y dos por las minorías parlamentarias.
La vieja ley en vigor, además, señala en su artículo siete que la comunicación debe estar bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, que rigió la conducta de los militares latinoamericanos que en los años 70 desplazaron a los gobiernos democráticos y persiguieron a sangre y fuego a opositores y a cuanta persona que creyeran estaba en su contra.
Para Busso, un cambio "sustancial" es que la nueva norma a estudio prevé, tal como exigía la Coalición, la reserva de por lo menos 33 por ciento de las frecuencias de radio y televisión para entidades sin fines de lucro. "Esto es esencial porque la ley de la dictadura consideraba la comunicación como un negocio", remarcó.
El presidente de Farco rechazó las críticas de algunos legisladores opositores sobre que la nueva ley sólo busca permitir el ingreso de las firmas telefónicas transnacionales al mercado.
"El proyecto tiene cláusulas antimonopólicas y ningún operador podrá tener más de 35 por ciento de la audiencia o de abonados a televisión por cable", explicó.
También desestimó los cuestionamientos de legisladores, especialmente de derecha, que creen que el proyecto debería ser postergado para ser aprobado por la nueva composición del Congreso que asumirá en diciembre y donde el oficialismo aparece con dificultades para obtener mayoría.
"Desde 1985 hubo más de 70 proyectos de ley que, en lo esencial, coincidían en los contenidos, pero siempre la respuesta era ahora no", reafirmó. "Esta iniciativa del gobierno fue tomada de la sociedad civil y por eso nosotros vamos a pelear para que se apruebe" en el parlamento, advirtió.
Por su parte, Guillermo Mastrini, licenciado en ciencias de la comunicación, señaló a IPS que "el proyecto es bueno y está bien planteado, aunque susceptible de mejoras".
"Se basa en una concepción de la libertad de expresión como un derecho humano", que es la visión más moderna, que reconoce el derecho de los ciudadanos a expresarse e informarse, más que a las empresas de medios, añadió este profesor de la cátedra de Política y Planificación de la Comunicación en la estatal Universidad de Buenos Aires.
Otras novedades auspiciosas son la incorporación de minorías políticas al directorio de la Autoridad de Aplicación de la ley, la cuestión de los contenidos, que promueve el federalismo y, por sobre todas las cosas, que "favorece la desconcentración" de la propiedad de la prensa, dijo Mastrini, quien acaba de presentar su nuevo libro "Los dueños de la palabra", precisamente sobre la concentración de los medios de comunicación.
"La reserva de 33 por ciento del espectro para organizaciones sin fines de lucro es muy importante, porque si no el derecho a la libre expresión se torna abstracto", agregó.
Mastrini no cree que el gobierno "busque más control" de los medios con este proyecto, como denuncian sus detractores. "Si es por eso, más control que el que tiene ahora con el Comfer no podría tener", afirmó.
