El 6 de noviembre de 1985 Norma Constanza Esguerra entró, como todos los días, a entregar sus pasteles en la cafetería del Palacio de Justicia, en el corazón de la capital colombiana. Afuera se quedó esperándola Amparo, su hermana minusválida, en un vehículo todo terreno.
A las 11:30 de la mañana, un comando de la guerrilla nacionalista Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó el Palacio con el propósito de enjuiciar al gobierno ante la Corte Suprema de Justicia, por violaciones a un acuerdo de paz que había sido pactado el año anterior.
El diseño del asalto fracasó desde el primer minuto, pero los guerrilleros se negaron a entregarse para preservar la vida de más de 300 rehenes. La respuesta militar fue inmediata, masiva y sin contemplaciones.
La batalla duró 27 horas. Nunca hubo negociación. La orden de "cese el fuego" del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, no fue atendida.
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Murieron 11 magistrados, incluido Reyes Echandía, considerados los juristas más brillantes de su generación, y otras 83 personas.
Siete empleados de la cafetería, tres visitantes como Esguerra, la guerrillera Irma Franco, que intentó huir, y, eventualmente, otro guerrillero siguen desaparecidos, a pesar de que vídeos, audios o testimonios dan cuenta de que siete de ellos salieron con vida del Palacio.
El M-19 se autodisolvió en 1990 y sus miembros fueron indultados, aunque no los asaltantes del Palacio. Los excesos de la fuerza pública en la retoma del Palacio siguen impunes.
Pero a partir del 20 aniversario el caso se reabrió y, por cuenta de los desaparecidos, una parte de los oficiales que repelieron la ocupación están ahora cuestionados judicialmente.
Uno de ellos es el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, por entonces comandante de la Escuela de Caballería, a quien la semana pasada la Fiscalía General de la Nación pidió condenar por secuestro agravado y desaparición forzada agravada.
Plazas Vega era quien comunicaba a la prensa los nombres de los sobrevivientes, a medida que éstos emergían, como un milagro, del fondo de la batalla que se libraba dentro del Palacio.
"¡Defendiendo la democracia, maestro!", fue su respuesta a un periodista de televisión que lo indagó sobre qué estaba haciendo el ejército allí.
Se lo vio recibiendo a los rehenes que salían del Palacio y que obligatoriamente, incluso los heridos, eran conducidos al museo Casa del Florero, situado enfrente, que se convirtió en cuartel general.
En la Casa del Florero los militares verificaban la identidad de los sobrevivientes, los interrogaban y los dejaban libres, los remitían a clínicas y hospitales o los apartaban en el segundo piso, como sospechosos o "especiales", a quienes se insistía que confesaran que eran de la guerrilla.
Quienes a los ojos del ejército no explicaron satisfactoriamente su presencia en el Palacio no fueron detenidos formalmente sino trasladados a distintos lugares, entre ellos a la Escuela de Caballería, y supuestamente sometidos a torturas hasta morir. Esto es lo que intentó demostrar la Fiscalía.
La indagación mostró que el entonces teniente coronel ejerció niveles importantes de mando en el operativo de recuperación del Palacio.
Plazas Vega participó repetidamente en juntas de la comandancia en la Casa del Florero, en las que se tomaban decisiones sobre cómo actuar.
En esas juntas estaban también el general Jesús Armando Arias Cabrales, jefe de la Brigada 13 y quien comandó la operación desde la Plaza de Bolívar, y los coroneles Rafael Hernández, del grupo de reacción de la Escuela de Artillería, y Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2 (inteligencia) de la misma Brigada.
Por la arquitectura colonial de la Casa del Florero, de dos plantas, con balcones y patios, Plazas Vega tuvo que ser testigo de que algunos detenidos recibían un trato "especial" en el segundo piso.
El oficial estaba al mando de las unidades blindadas de la Brigada 13 del ejército y éstas, según la Fiscalía, mantuvieron "el control permanente de la operación".
La fiscal Ángela María Buitrago estableció que tanques Urutú, de transporte de tropa y pertenecientes a la Escuela de Caballería, fueron utilizados supuestamente para trasladar subrepticiamente a personas que salieron vivas del Palacio.
Personal de la fuerza pública testificó que la insurgente Franco fue detenida y transportada en la noche en una camioneta civil tipo VAN. Su desaparición es la única que hasta ahora reconoce el Estado, pero no hay responsables.
Los militares aducen que los demás desaparecidos perecieron en el incendio que estalló en la tarde del día 6 dentro del Palacio, y quedaron reducidos a cenizas.
Las llamas, según ellos y el gobierno de entonces, fueron provocadas por el M-19 para incinerar los expedientes de extradición a Estados Unidos de varios narcotraficantes.
Pero en el Palacio de Justicia apenas había resúmenes de esos expedientes, los originales completos reposaban en el Ministerio de Gobierno (Interior) y, además, como la extradición era en esa época un trámite administrativo y no judicial, cualquier persona podía solicitar copia de esos archivos.
Para la fiscal Buitrago, basada en tres declaraciones, la conflagración se inició por un proyectil disparado por el ejército a la hora local 17:30.
Las llamas habrían sido azuzadas cuando el ejército ya estaba dentro del Palacio, según la Fiscalía, por hombres vestidos con uniformes camuflados.
El magistrado sobreviviente Samuel Buitrago declaró a la justicia "que en la biblioteca había personas con uniforme camuflado que estaban prendiendo fuego a la biblioteca", dijo la fiscal, que no es pariente del testigo. "La prueba demuestra que los guerrilleros nunca utilizaron camuflado", "llevaban un uniforme verde", que "tenía una insignia del M-19 en uno de los lados de la charretera", agregó.
Pero en el Palacio sí reposaban expedientes sin copia contra militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Varios de los magistrados inmolados eran quienes llevaban esos casos, aunque otros también tenían el reto de declarar legal el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, medida a la que se oponían tanto los narcotraficantes como el M-19, entre otros.
La defensa del general Arias Cabrales consiguió que éste fuera procesado sólo por desaparición forzada, delito considerado menos ofensivo que el secuestro por la ley colombiana. Su juicio está por terminar la etapa de pruebas.
El lunes culminó el alegato de la defensa de Plazas Vega, última etapa antes del juzgamiento.
Si la jueza María Stella Jara acoge los cargos, al entonces teniente coronel y comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada 13 le esperan entre 30 y 40 años de prisión. La decisión sería anunciada en noviembre, el mismo mes del aniversario 24 del drama.
La fiscal Buitrago le imputó a Plazas que supuestamente fue él quien dispuso el traslado y "manejo" de un grupo de 13 personas que en concepto del ejército no pudieron justificar satisfactoriamente qué hacían en el Palacio de Justicia.
A los 16 años del holocausto aparecieron restos atribuidos a una de las empleadas de la cafetería, Ana Rosa Castiblanco, y por eso su caso ya no figura como desaparición forzada. El decimosegundo desaparecido aparentemente fue un guerrillero de quien no se tienen mayores datos.
La defensa de Plazas Vega y el ministerio público (Procuraduría General de la Nación) —cuyo concepto es tenido en cuenta pero no obliga a la jueza— alegan que el oficial no estuvo a cargo de los rehenes, sino sólo comandaba las unidades blindadas.
El propio coronel, detenido en julio de 2007, reconoce que la guerrillera Franco fue "desaparecida por el Estado", pero insinúa que las torturas comprobadas y los asesinatos denunciados fueron cometidos por unidades de inteligencia, y en ningún caso por hombres bajo su mando.
En una entrevista para una radioemisora en octubre de ese año, Plazas Vega sostuvo que lo que le preocupaba era que la parte civil está compuesta por "una colección de abogados enemigos del establecimiento colombiano, y donde quiera que hay una masacre aparecen como defensores de las víctimas".
Según él, la labor de estos defensores de derechos humanos busca "unas indemnizaciones enormes que paga la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, pero esa plata no sale de esa Corte sino que le ordena al gobierno colombiano (pagar), y finalmente esa plata sale del bolsillo de los colombianos".
La defensa de Plazas Vega arguyó que la tipificación de desaparición forzada requiere probar primero que la persona está viva, de lo contrario se trata de un fallecimiento, y si se tratase de homicidio habría prescrito en 1990.
"En términos del derecho es un absurdo pedirles a las víctimas o a la fiscalía que demuestren que los desaparecidos están vivos", dijo a IPS el jurista Molano, representante de la parte civil.
"Esa prueba únicamente la tienen los miembros de la fuerza pública que los desaparecieron. Precisamente, al ocultar el paradero", que es la definición de la desaparición forzada, "no se sabe cuál es el estado y la suerte actual de las personas", explicó.
Norma Constanza Esguerra ya es abuela. Abogada, estudió diplomacia para iniciar una brillante carrera en la cancillería pero, sin los contactos adecuados, optó por montar una microempresa. Por eso surtía de pasteles a la cafetería del Palacio, y por eso entró al edificio ese 6 de noviembre de 1985, minutos antes de las 11:30 de la mañana.
Quizá al salir no le creyeron su historia. De ella, su familia no supo nada más. Sólo recuperaron pedazos de una pulsera que llevaba.
