«Nosotras parimos, nosotras decidimos», «Alejen los rosarios de nuestros ovarios», «Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley». Estos fueron algunos de los cánticos que se escucharon este lunes en la capital chilena con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
"Este es un día de militancia y activismo por la libertad sexual y reproductiva de las mujeres en América Latina y el Caribe", definió a IPS Gloria Maira, de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.
El Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe fue instaurado por el movimiento feminista de la región en 1990.
Con cánticos y pancartas, la Articulación 28 de Septiembre de Chile, integrada por casi 40 organizaciones feministas, realizó este lunes una manifestación en el centro de la capital de este país que prohíbe el aborto sin excepciones.
Actividades similares se realizaron en otros países de la región.
"A nivel regional, la demanda por el reconocimiento del aborto como una experiencia de la mujer y una decisión inherente a su libertad sexual y reproductiva es una batalla diaria en cada país", que tiene avances y retrocesos, comentó Maira.
Lo que sí se mantiene estable en la región es la "campaña enconada" que mantienen "sectores fundamentalistas de la Iglesia Católica" por revertir los pocos progresos conseguidos, apuntó.
En América Latina se estima que se realizan más de cuatro millones de abortos al año, según varias fuentes, y 13 por ciento de las muertes maternas están asociadas a esta práctica sin ningún tipo de seguridad.
En materia de legislaciones, en un extremo se ubican países como Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, donde la interrupción voluntaria del embarazo está penada en cualquier circunstancia.
En el otro lado se encuentra Cuba, Puerto Rico y el Distrito Federal de México, cuya Asamblea Legislativa aprobó en 2007 la despenalización del aborto durante el primer trimestre de gestación por cualquier motivo.
El resto de los países de la región autorizan el aborto sólo en casos específicos como riesgo vital de la madre, malformaciones del feto o violación.
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia autorizó el aborto en esos tres casos.
"El problema es que, aún cuando muchas legislaciones se han abierto a estas causales, es muy difícil aplicarlas. Permanentemente (a las organizaciones feministas) nos toca estar haciendo campañas para que las solicitudes de aborto que se hacen en el marco de estas legalidades se cumplan, como sucedió en Brasil este año", señaló Maira.
La activista se refiere al caso de una niña brasileña de nueve años que fue violada y embarazada de mellizos por su padrastro.
Pese a que Brasil permite el aborto por razones de violación o riesgo de muerte para la madre, la ofensiva de la Iglesia Católica fue tal que las organizaciones defensoras de los derechos humanos tuvieron que intervenir para que la niña pudiera interrumpir su embarazo a las 15 semanas.
Para Adriana Gómez, de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la tendencia en los últimos años es negativa.
Además del caso de la niña brasileña, Gómez recordó ante IPS que Nicaragua penalizó totalmente el aborto en 2006 y que en 2008 el izquierdista presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, vetó una ley que despenalizaba la interrupción del embarazo, pese a que había sido aprobada por el parlamento con mayoría absoluta de su partido, el Frente Amplio.
En República Dominicana, este mes se aprobó una reforma constitucional que reconoce la vida desde el momento de la concepción, y en México al menos 15 de sus 32 estados han aprobado leyes antiabortistas.
Otro problema regional es la ausencia de trato humanizado.
Nosotras exigimos que "las mujeres que llegan a los hospitales con abortos inducidos no sean castigadas, estigmatizadas, que se mantenga la confidencialidad médico-paciente y que accedan a una atención de calidad", planteó Maira.
En Chile, el Ministerio de Salud emitió este año una resolución que prohíbe a los funcionarios de la salud delatar a la policía a aquellas mujeres que acuden a atenderse por complicaciones derivadas de un aborto.
Pese a ello, dos jóvenes que abortaron en agosto con el medicamento llamado Misoprostol fueron denunciadas ante la justicia y sus nombres difundidos por la prensa, lo que motivó el inicio de sumarios administrativos.
Como respuesta a la penalización del aborto en la región, organizaciones feministas de tres países lanzaron un servicio telefónico que entrega información a las mujeres que deseen interrumpir sus embarazos utilizando Misoprostol, recetado para las úlceras gástricas, pero que se aplica con éxito como fármaco abortivo.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la organización no gubernamental holandesa Mujeres sobre las Olas, se puso en marcha en junio de 2008 en Ecuador, en mayo en Chile y en agosto en Argentina.
"Nosotras no podemos seguir esperando una dádiva de las democracias latinoamericanas en términos de garantizar nuestros derechos sobre el cuerpo", comentó Maira.
"En Chile, 160.000 mujeres al año deciden no continuar con sus embarazos. Esa experiencia, esa realidad, debiera estar legitimada en una legislación, forma parte de nuestra condición de ciudadanas. Pero nos cansamos. Ya no esperamos más una ley, sino que apoyamos la entrega de información para que las mujeres que estén decididas a abortar lo hagan de forma segura", acotó.
Según Maira, "el debate sobre aborto ha estado cooptado por los sectores conservadores, quienes se han arrogado el discurso pro-vida".
"Todos estamos a favor de la vida. En la medida que abres el debate a la ciudadanía, que haces un debate informado, te das cuenta que las opiniones son diversas y que los ciudadanos y cuidadas tenemos que llegar a nuevos acuerdos societales respecto de este tema", concluyó.
