La disposición sobre los subsidios que cobrarán en España las personas sin trabajo, que ya no cobren el seguro temporal correspondiente al ser despedido, ha suscitado una fuerte polémica entre todos los sectores sociales, obligando al gobierno a buscar cambios.
El subsidio por desempleo surgió a partir de lo acordado en negociaciones tripartitas finalizadas en julio de 2007 entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Española (PSOE), las centrales sindicales y la confederación de organizaciones empresariales.
El gobierno dispuso el martes que quienes hayan dejado de percibir una prestación por desempleo después del 1 de este mes recibirán 420 euros (595 dólares) mensuales durante tres meses.
Esa medida, al dejar fuera del beneficio a quienes hayan perdido la prestación del seguro antes de esa fecha, beneficiaría sólo a unos 100.000 desocupados, lo cual provocó grandes protestas de muchos de los 600.000 que quedaban fuera y en especial de las organizaciones sindicales.
El seguro por desempleo se estableció por una ley dictada en julio de 1961 bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-19759 y luego fue sufriendo modificaciones hasta que en 1978, ya en democracia, fue incorporado como un derecho en la Constitución aprobada ese año y que rige en la actualidad.
El derecho a la seguridad social rige para todos los españoles y para los extranjeros con permiso de residencia en el país.
Para acceder a la jubilación se debe haber trabajado y cotizado al menos 15 años, aunque los mayores de 61 años pueden recibir una jubilación parcial aunque no hayan cumplido con se requisito de tiempo laboral.
Además, quienes se jubilen después de los 65 años de edad verán aumentadas sus pensiones en dos por ciento, aumento que será del tres por ciento si cotizaron más de 40 años.
Las protestas por la fecha impuesta obligaron a Zapatero a convocar para los próximos días un diálogo con los sindicatos y las organizaciones empresariales para que la prestación "abarque al número de personas que lo puedan necesitar", dijo.
Una hora después, en declaraciones al diario madrileño El País, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aclaró que el único cambio sería cambiar la entrada en vigor de la medida, que en vez del 1 de este mes será el 1 de junio, como pidieron los sindicatos. Aunque dijo que "sería" y no que será hecho el cambio, por lo cual se puede presumir que el tema seguirá en debate.
En todo caso, se mantiene el acuerdo de que la ayuda durará un máximo de seis meses, que para recibirla el desocupado debe tener ingresos menores a 468 euros (663 dólares) mensuales y que el sistema estará vigente hasta el 15 de febrero de 2010, aunque esta fecha podría extenderse si prosperan las negociaciones.
Fuentes ministeriales dijeron que su intención es que el diálogo finalice antes del día 27 para que pueda ser aprobado el acuerdo al día siguiente, cuando se reunirá el próximo Consejo de Ministros.
Aunque, como se prevé, se apruebe el acuerdo, quedarán sin beneficiarse de la medida medio millón de desocupados que cumplen todos los requisitos, pero no se ajustan al calendario del Ministerio.
En la balanza gubernamental influye para no aumentar los subsidios el hecho de que con los ya aprobados el gasto será de 34.000 millones de euros (48.100 millones de dólares), el doble de lo presupuestado, lo que pesará duramente sobre el presupuesto general del Estado que ya se prevé tendrá un déficit aproximado al ocho por ciento.
La aportación dispuesta por el gobierno de 420 euros mensuales para quienes hayan agotado sus prestaciones y carezcan de otros ingresos, independientemente de cuales hayan sido sus sueldos o su condición familiar, recibió duras críticas de la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular.
Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, horas antes de que Zapatero dijera que atrasaría la fecha al 1 de junio, criticó que de esa prestación solo se beneficiarían quienes queden sin ella a partir del 1 de agosto "y no a todos los que la están sufriendo en la actualidad". Eso, añadió, sería "un insulto para los más de cuatro millones de parados (desempleados)".
A ese respecto, también antes de que Zapatero dijera que estudiaría cambios en la medida, Paloma López, responsable de Empleo y Migraciones en Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos centrales sindicales mayoritarias, señaló a IPS que esa disposición gubernamental deja fuera a unas 570.000 personas.
"Ante ello proponemos que se dispongan medidas para que reciban el subsidio de desempleo las personas que han quedado fuera", añadió.
Para que eso ocurra CCOO propuso que el gobierno emita un nuevo decreto o que se convoque a una Conferencia Sectorial (el gobierno de Zapatero con los de las 17 Comunidades Autónomas que integran España), "para analizar la situación y concordar medidas". La reunión se hará en los próximos días.
Este último punto tiene que ver con la situación de esas Comunidades, pues pueden llegar a un acuerdo que disponga que ellas aporten parte del presupuesto necesario y el resto el gobierno central.
Ya hay Comunidades, como las de Navarra, Castilla La Mancha y el País Vasco, que aportan dinero para financiar los subsidios por desempleo.
Desde la izquierda, Joan Puigcercós, presidente de Izquierda Republicana de Cataluña, calificó de insuficiente y electoralista la ayuda anunciada por el gobierno y pidió que la misma se aplique con carácter retroactivo a quienes hayan dejado de recibir cualquier tipo de subsidio por desempleo desde el uno de enero de este año y no desde el uno de junio.
La otra central sindical mayoritaria, la Unión General de Trabajadores (UGT, próxima al socialismo), pidió al gobierno que adelante al máximo posible la fecha (1 de agosto) desde la cual un desocupado que no reciba prestaciones pueda solicitar la ayuda y recibirla.
Si se adelantara al máximo 1 de enero, por ejemplo— se beneficiaría a más de un 1,2 millones desocupados que han quedado sin sueldos y sin ayuda oficial.
Ante todas las reacciones y críticas, el único miembro del gobierno que contestó fue el ministro de Fomento José Blanco ("Pepiño"), quien dijo que las críticas recibidas se originaron en un "problema de comunicación" del mismo y que se esforzará por explicar mejor el tema de las ayudas aunque, aclaró, quienes las soliciten deberán "cumplir con los requisitos".
Esas ayudas, según la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es "una medida extraordinaria, de duración limitada", adoptadas para "paliar los efectos de la crisis entre los que más la sufren".
Desde el mundo empresarial, la Comisión Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se manifestó a favor de la ayuda a los desempleados dispuesta por el gobierno y abogó porque se adopten medidas concretas para enfrentar los efectos negativos de la crisis financiera global en España.
