MUJERES-GUATEMALA: Tres mil quinientos gritos en el silencio

«Rosmery, ¿dónde estás hija linda? ¡Contesta por favor!», gritaba desesperada Elizabeth Chajón a su hija el día que desapareció en la capital de Guatemala. Pero Rosmery González, de 19 años, no podía responder: yacía muerta entre los matorrales de un centro educativo donde había ido a buscar trabajo.

Los padres de Rosmery González repasan fotos de su hija asesinada Crédito: Danilo Valladares/IPS
Los padres de Rosmery González repasan fotos de su hija asesinada Crédito: Danilo Valladares/IPS
La joven salió ilusionada de casa, el 3 de julio de 2008, para encontrarse con un tío que había ofrecido colocarla en la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA). Al ver que no regresaba, sus padres comenzaron las llamadas incesantes a su celular y después al tío con quien se había citado y que negó haberse encontrado con ella.

Ese mismo día y los siguientes, mientras la angustia crecía, los padres y otros familiares fueron a la ENCA a preguntar al personal y a revisar las instalaciones y se movilizaron por los pueblos vecinos, las estaciones de policía y de bomberos, los hospitales y hasta la morgue, donde vieron algunos cadáveres de jóvenes no identificadas. Todo resultó inútil.

La devastación llegó siete días después, cuando un familiar llamó a la madre para preguntarle qué llevaba su hija al cuello y qué tenía especial en su dentadura. "En ese momento supe que mi 'Chonchi' (apodo familiar) estaba muerta. Me sentía como en el aire", relató Chajón a IPS, sin poder contener el llanto más de un año después.

El cuerpo de Rosmery González apareció en una zona de matorrales dentro de la ENCA. Se distinguían el rosario que solía llevar al cuello y unas fundas en sus dientes.
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La joven pasó entonces a engrosar la cifra de más de 3.500 femicidios, asesinatos por razones de género, cometidos en Guatemala los últimos cinco años, un promedio de 700 por año, en un país con una población de 13 millones de personas, algo más de la mitad mujeres.

Son datos que llevan a la comunidad internacional a hablar de una epidemia y que alejan a este país centroamericano de cumplir su compromiso de reducir sustancialmente para 2015 la violencia contra las mujeres y las niñas, una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, decididos dentro de las Naciones Unidas al comenzar este siglo.

Al contrario, la lluvia de muertes cae inclemente. En los primeros siete meses de 2009 tan sólo por arma de fuego o arma blanca fueron asesinadas 351 mujeres, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las frías estadísticas esconden miles de dramas familiares y desnudan el desastre de la justicia en Guatemala, donde 98 por ciento de estos crímenes están impunes.

Así pasa con González, cuyos padres no olvidan la insensibilidad de las autoridades. "Cuando puse la denuncia en la policía me dijeron que no podía ser por secuestro porque seguramente se había ido con el novio", citó Chajón como ejemplo.

Tampoco hizo su trabajo el Ministerio Público (MP), responsable de la investigación y persecución penal. "No cateó (registró) la casa de mi primo, el principal sospechoso, ni buscó evidencias en la ENCA", recordó la madre, y el padre, Rafael González, quebró un momento su desconsolado silencio para añadir: "todos están comprados".

Un estudio realizado este año evidenció la situación de ese organismo. Un 60 por ciento de los casos que investiga están paralizados desde hace más de un año y entre los que se abrió un proceso judicial, 87 por ciento fueron archivados ilegalmente.

Con los femicidios, la desidia se agrava. De los 2.191 asesinatos de mujeres analizados, sólo en 12 por ciento se practicó la autopsia, "lo que refleja la poca importancia que las fiscalías dan a la comisión de delitos sexuales previos a la muerte", detalló el informe.

El monitoreo sobre la gestión de las muertes violentas entre 2006 y 2008 en el departamento de Guatemala, donde se ubica la capital, fue elaborado por la no gubernamental Fundación Myrna Mack y abarcó 11.127 casos, 17 por ciento de ellos de mujeres, explicó a IPS Lázaro Murcia, uno de los investigadores.

Tampoco en el caso de González se estableció la razón de su muerte. "Causa indeterminada", dijeron a sus padres.

FUNDACIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD Y EL MIEDO

Frente a su pesadilla, el único aliento para los padres de González llegó de una llamada telefónica, realizada por la Fundación Sobrevivientes, dedicada a brindar ayuda psicológica y judicial a las víctimas femeninas e infantiles de violencia.

Gracias a su apoyo, el 22 de julio pasado se exhumó finalmente el cuerpo de González para determinar la causa de su muerte, aunque los resultados aún están pendientes.

"Todos los casos que hemos llevado fueron resueltos", dijo a IPS Norma Cruz, directora de Sobrevivientes y una convencida de que "sí es posible alcanzar la justicia si dejamos atrás el miedo".

Los resultados le dan la razón. En 2008, Sobrevivientes logró 10 condenas penales y 524 sanciones civiles. Este año atienden 1.421 casos y 888 mujeres reciben terapia psicológica. "En materia penal, esperamos lograr siete condenas por muertes violentas", señaló Cruz.

Su labor es todo menos fácil. El sistema de justicia "está viciado" integralmente, desde la policía hasta la Corte Suprema de Justicia, subrayó.

"Aquí todo el mundo tiene cuotas" de responsabilidad por la impunidad, denunció.

Ella misma experimentó el delito sexista y la dificultad de hallar justicia. Su ex pareja y ex dirigente guerrillero, Arnoldo Noriega, abusó de la hija de ella, un delito por el que Cruz tuvo que batallar para que recibiera castigo. Pero Noriega pasó menos de cuatro años en la cárcel y ahora es asesor de la Presidencia del país.

Esa experiencia dio origen a Sobrevivientes. También los 20 años de Cruz dentro de la guerrilla, donde conoció de cerca los abusos a los derechos humanos cometidos en los 36 años de guerra interna, que dejó como saldo 200.000 muertos, la mayoría indígenas.

Para Cruz, "la corrupción que ha copado las instituciones del Estado no es la única causa de la impunidad".

El miedo es el otro gran enemigo de la justicia. "El 95 por ciento de afectados dejan la justicia a Dios y eso se traduce en impunidad", afirmó.

"En Guatemala toda la gente vive atemorizada y eso nos paraliza. Estos casos deben hacerse públicos, los agresores deben estar presos para generar confianza en la población", insistió.

Cruz, cuya familia soporta agresiones y amenazas por la labor de Sobrevivientes, ganó el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2009, otorgado por el gobierno de Estados Unidos. Pero asegura que su motivación proviene de otras mujeres con las que comparte lo que llama "sed de justicia".

Esa sed aumenta ante un sello que tienen los femicidios en Guatemala: la saña. Tortura, descuartizamientos, mutilaciones, violencia sexual extrema y otros detalles macabros poco imaginables son una marca de los crímenes machistas en este país, cometidos mayormente por las parejas y ex parejas, familiares y conocidos de las víctimas.

"Esta niña fue desmembrada, estas otras dos, madre e hija, fueron acuchilladas, esta señora fue brutalmente asesinada por su pareja…", relató mientras señalaba las fotografías de víctimas cuyos casos apoya la fundación y que desbordan las repisas de su oficina.

NUEVA LEY, SÓLO PAÑO TIBIO

Guatemala cuenta desde mayo de 2008 con una ley especial contra la violencia de género. Pero la dirigente de la no gubernamental Red de la No Violencia contra la Mujer, Hilda Morales, dijo a IPS que "ha habido avances y obstáculos en su aplicación".

"Se fortalecieron los centros de apoyo para mujeres y se divulgó la ley a nivel nacional, pero persiste la falta de investigación del MP y de capacitación para interpretar la ley", explicó.

La ley incorpora medidas preventivas, establece delitos como el femicidio o la violencia psicológica y económica, y fija resarcimientos para las víctimas.

Entre junio de 2008 y marzo de este año, se introdujeron en los tribunales 4.035 casos al amparo de esta ley. De ellos, 104 fueron por violencia económica y sólo 31 por femicidio. Pero durante esos 10 meses, sólo hubo 11 sentencias, detalló Morales.

Para Andrew Hudson, de la organización estadounidense Human Rights First, la clave está en "la impunidad porque es la raíz y también la consecuencia de la debilidad institucional".

"Las instituciones, el MP en particular, aquí no funcionan porque obviamente no existiría tal impunidad sin los niveles de corrupción e infiltración del crimen organizado en el Estado", aseguró a IPS durante una visita al país este mes.

Como parte de la preocupación internacional por los femicidios en Guatemala, Hudson recordó que el Senado de Estados Unidos, en 2008, y su Cámara de Representantes, un año antes, condenaron los asesinatos de mujeres en Guatemala e instaron a su gobierno a apoyar a este país en su erradicación.

Mientras, miles de familias buscan justicia y dignidad para sus hijas, hermanas, madres o abuelas asesinadas, y en algún hogar de Guatemala seguramente alguien grita ahora "¿dónde estás?, ¡contesta por favor!" y el silencio es la respuesta.

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