La historia de un niño de 10 años con un extenso prontuario delictivo y el brutal asesinato de una niña de cinco años tienen conmocionados a Chile.
"Lamentablemente lo sucedido en las últimas semanas ha sido la demostración más brutal de que los niños y niñas de este país viven en un contexto de violencia en la familia, en la escuela, en la calle, violencia de parte de las instituciones y de quienes tienen que protegerlos", dijo a IPS Consuelo Contreras, directora de la Corporación Opción, una entidad privada sin fines de lucro.
"Estos dos casos confirman que las políticas públicas no dan respuesta a las necesidades de los niños y que los mecanismos de protección no funcionan. Esta semana ha sido una de las peores para la infancia", acotó esta experta, quien lamenta que se tenga que llegar a niveles extremos para que la sociedad reaccione.
Cristóbal, un niño de 10 años apodado "Cisarro", porque de esa forma pronunciaba la palabra cigarro cuando pedía en la calle, copó la agenda pública la semana pasada tras ser detenido por la policía por el robo de un automóvil junto a un grupo de amigos. Consumidor de alcohol y drogas, luego de ser aprehendido fue trasladado a un centro del gubernamental Servicio Nacional de Menores (Sename) para ser evaluado. Desde ahí fue rescatado por el "Loquín", su amigo de 13 años.
A la red del Sename Cristóbal ha ingresado 17 veces por robo y hurto y por ser vulnerado en sus derechos.
Luego de ser recapturado, fue derivado a un hospital para comenzar un fuerte tratamiento de desintoxicación y ayuda psiquiátrica, considerando que ninguno de los planes de apoyo que había recibido antes lo sacó por completo de la delincuencia.
Cristóbal no ve a su padre y su madre es adicta a las drogas. Tiene 10 hermanos, algunos con antecedentes penales y otros bajo protección del Estado.
Tal fue el escándalo desatado por el "Cisarro", que el gobierno de Michelle Bachelet anunció la reestructuración del Sename, para lo cual creará dos organismos: uno encargado de la protección de los derechos de los niños y las niñas y otro enfocado en la reinserción de los menores infractores de la ley.
Cristóbal y sus amigos menores de 14 años no son imputables ante la justicia, puesto que en Chile la responsabilidad penal adolescente rige entre los 14 y los 17 años inclusive.
La Corporación Opción, que trabaja en el diseño de políticas para la infancia y en la atención especializada de niños infractores de la ley, trató infructuosamente de reinsertar a Cisarro, luego de que el Sename les pidiera su intervención en noviembre pasado.
Gestionaron su retorno al colegio y trataron de apoyar a su madre para fortalecer su rol protector, pero a juicio de Alejandro Astorga, coordinador de proyectos de la Corporación, la sociedad en su conjunto abandonó al menor.
Su familia no lo contuvo, la escuela le puso trabas a su plena integración y los medios de comunicación lo estigmatizaron, justificó.
El otro caso que tiene conmocionado al país es el asesinato de una niña de cinco años llamada Francisca en la costera región de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
Francisca fue secuestrada por Juan Saavedra, de 37 años, un vecino de su abuela materna, casa donde la niña se encontraba de visita el día de la tragedia.
Según el fiscal a cargo de la investigación, el hombre, adicto a la cocaína y con antecedentes por robo, la violó y golpeó, dejándola inconsciente. Luego la introdujo en un bolso y la transportó arriba de un autobús hasta una playa donde la lanzó al mar.
En la audiencia judicial realizada el jueves, el fiscal informó que los peritajes realizados al cuerpo de la niña concluyeron que ésta había sido lanzada viva al mar. Al funeral asistieron 2.000 personas.
Para la directora de Corporación Opción, institución que el 1 de julio había lanzado la campaña "Un Chile sin violencia hacia los niños", que finalizará el 14 de este mes, el caso de Francisca no es aislado ni el homicida es un psicópata que cometió una "locura".
"La experiencia internacional indica que en 90 por ciento de los casos de abuso sexual, (el victimario) es una persona cercana al niño: el padre, el tío, el abuelo, el vecino. Es algo que ocurre todos los días. La diferencia brutal en este caso es que terminó en una muerte", explicó.
El sanguinario crimen inclusive motivó a parlamentarios de la oposición derechista a presentar un proyecto de ley para reinstalar la pena de muerte en casos de violación con resultado de muerte en menores de 14 años.
La pena capital fue derogada en 2001 y reemplazada por el presidio perpetuo calificado (el condenado puede pedir su libertad después de transcurridos 40 años de reclusión efectiva). Sólo se mantuvo en la justicia militar para los crímenes de guerra.
A juicio de Contreras, hechos de esta naturaleza tienden a ser utilizados políticamente, motivando "ideas descabelladas", como la reposición de esta condena.
"Esperamos que el debate que se genere sea serio, que no se actúe ante la urgencia y la emergencia, porque ese es el peor de los escenario. El debate tiene que ser profundo", remarcó.
Desde su perspectiva, Chile necesita con urgencia una ley de protección de los derechos de los niños y niñas, que establezca mecanismos de exigibilidad de esas garantías.
Contreras precisó que normativas de este tipo existen en casi toda América Latina, siguiendo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por este país en 1990.
"Eso va a permitir diseñar políticas públicas adecuadas, una institucionalidad adecuada. La reforma al Sename es un cambio parcial y administrativo. Creo que estamos partiendo al revés", arguyó.
Respecto de la violencia juvenil, la directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía del capítulo chileno de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Lucía Dammert, comentó a IPS que "las reestructuraciones institucionales son un paso adelante en el camino de diseñar e implementar políticas que enfrenten el problema con efectividad".
"Pero son sólo un comienzo. Se requiere voluntad política sostenida de cambio, que vaya de la mano de inversión constante y de alto nivel y de un ánimo descentralista, que brinde un mayor rol a los gobiernos locales", enfatizó.
La delincuencia juvenil es un problema global y complejo de resolver por sus múltiples causas. La experiencia internacional indica la necesidad de una "intervención temprana" y "programas que aborden los problemas de salud mental de los niños y sus entornos", arguyó.
Expertos han coincidido en que el aplaudido Programa de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, creado por la presidenta Bachelet para brindar atención multisectorial a niños y niñas desde la gestación hasta los cuatro años, es una política que va en la dirección correcta, aunque sus resultados se verán en varias generaciones más.
"Es imprescindible que ese programa se vaya extendiendo en términos de edad de los beneficiados", concluyó Contreras.
