La crisis global golpea en España más a los trabajadores que al resto de los actores económicos, en particular a los inmigrantes, y también a las pequeñas y medianas empresas, según informes oficiales y de organizaciones no gubernamentales.
Las encuestas informan detalladamente sobre los inmigrantes regularizados y las pequeñas y medianas empresas, en tanto que los grupos de la sociedad civil completan esa información ocupándose de la situación de los inmigrantes no regularizados, gran parte de los cuales están saliendo del país al perder sus trabajos.
Al concluir el primer semestre del año, la desocupación afectaba a más 4,1 millones de personas, que equivalen a 17,92 por ciento de la población económicamente activa de España, la cifra más alta desde la instauración de la democracia en 1976. En este proceso se notan ciertos relámpagos positivos, como el hecho de que la desocupación fue mayor en el primer trimestre que en el segundo.
En porcentajes, el sector más golpeado es la agricultura, con una caída de 6,1 por ciento, seguido de la industria con 3,5 por ciento y la construcción con 2,8 por ciento. Y en el segundo semestre el sector servicios creó puestos de trabajo que representan a 0,46 por ciento del empleo en el mismo.
Pero, en conjunto, el número de hogares en el que ninguno de sus miembros tiene trabajo se duplicó en el transcurso de un año y en la actualidad suman 1,1 millones, habiendo aumentado en el segundo trimestre en 49.000, lo cual significó un incremento de casi 4,7 por ciento respecto del primer trimestre.
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En el mundo empresarial, la crisis se está sintiendo más fuerte en las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que en el segundo trimestre 65 por ciento de las firmas que se declararon ante la justicia incapaces de hacer frente a los pagos no superan la facturación anual de dos millones de euros (2,8 millones de dólares).
La declaración en quiebra tiene alguna ventaja para los empresarios familiares, como es evitar que les embarguen la casa en la que viven y los vehículos de uso personal.
El economista José Rafael Medina, no obstante, señaló que esos actos sólo aplazan las ejecuciones judiciales, pero al suspenderse los embargos los afectados ganan tiempo para buscar soluciones que les permitan ir estabilizando su situación financiera.
Con ese panorama a la vista, el hecho más negativo es la ruptura del diálogo entre el gobierno, las empresas y los sindicatos, hecho que en su última aparición pública antes de las vacaciones del verano boreal el presidente del Poder Ejecutivo, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, culpó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
En rueda de prensa posterior, Zapatero afirmó que la patronal es la responsable de esa ruptura por haber presentado "una propuesta para el fin del diálogo que es casi una enmienda a la totalidad".
Por eso, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo hasta después de las vacaciones, anticipó que el 13 de este mes el gobierno aprobará un decreto ley que dispondrá una ayuda de 420 euros (605 dólares) mensuales por seis meses a los desocupados que hayan agotado el tiempo de su goce de subsidio por desempleo.
Zapatero también criticó con dureza la posición de la CEOE orientada a recortar derechos como la tutela judicial de los despidos, lo que a su entender sería "retrotraer España a muchos años atrás".
Desde la coalición Izquierda Unida (IU), según uno de sus dirigentes, José Antonio Pujante, consideran positiva la ayuda prometida por el gobierno, pero, acotó, "debe ser de carácter permanente e independiente del contexto económico", o sea que no sólo por seis meses sino mientras dure el tiempo de desempleo de los afectados y haya o no crisis financiera global.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, y Cándido Méndez, su par de la Unión General de Trabajadores, las dos mayores centrales sindicales del país, apoyaron la posición del gobierno y también cuestionaron a la CEOE que, dijeron, "arruinó" el diálogo social.
La rebaja de las cotizaciones sociales y el retiro de las subvenciones a las pymes propuesto por la CEOE "es una apuesta por ahondar los efectos de la crisis", señaló Méndez.
Por su parte, Toxo sostuvo que hay una "curiosa coincidencia" en la posición patronal con la reunión entre su dirigente y Mariano Rajoy, presidente del centroderechista Partido Popular, la mayor fuerza política de oposición.
Con esta posición, puntualizó Méndez, la CEOE "ha pasado de ser un interlocutor social a ser un grupo de presión" y ello "no tiene nada que ver con el compromiso adquirido por su presidente al plantearse el diálogo social".
Ante todo esto y aunque hay cifras y previsiones positivas ante la crisis, la mayoría de los españoles sigue siendo los más pesimistas de toda la Unión Europea (UE), de la que España es parte, según una encuesta divulgada esta semana por el órgano ejecutivo de ese organismo, la Comisión Europea (CE).
La consulta, realizada entre mayo y junio, indica que España casi duplica la tasa media de desempleo de la UE y que la posibilidad de quedarse sin trabajo preocupa a 65 por ciento de los trabajadores de este país consultados, cifra que también duplica a la desesperanza constatada en toda la región.
