Los juicios por delitos contra los derechos humanos cometidos por la última dictadura argentina, reabiertos hace cuatro años tras dejar atrás leyes de impunidad, avanzan, pero a pasos tan lentos que hasta ahora sólo hay 50 condenados y se estima que a este ritmo habrá procesos por 15 años más.
"El problema es que así se pierde la dimensión de lo que ocurrió", dijo a IPS el fiscal Eduardo Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Durante el Terrorismo de Estado, encargado de facilitar y agilizar los procesos que se siguen en todo el país contra los represores y responsables de la dictadura (1976-1983).
Auat brega para que las causas se concentren por centro clandestino de detención o por otros criterios de acumulación, para evitar así que cada imputado sea juzgado por un caso y que eso obligue a un desfile interminable de acusados y testigos en un proceso por goteo que "conspira contra la visión de conjunto", explicó.
"Nosotros pedimos a los jueces acumular, que es una herramienta idónea permitida en el Código Penal, pero no todos lo aceptan", explicó.
"La acumulación permite un mejor manejo del proceso, facilita la situación del imputado que no tiene que pasearse por los tribunales, y da mayor protección a los testigos", argumentó.
Se refirió así a la posibilidad de sumar los distintos casos que se le atribuyen a un mismo procesado y, si es posible, inclusive concentrar las causas judiciales por centro clandestino de detención, por cuerpo del ejército o por provincia, a fin de "garantizar un juicio importante" por cada jurisdicción.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia creó hace dos años una Unidad de Asistencia y Seguimiento por Causas por Desaparición Forzada, pero el organismo no logró destrabar la burocracia que, por distintas razones, demoran los procesos. Faltan recursos humanos y se multiplican las chicanas legales de las defensas, dicen fuentes judiciales.
Según el Informe sobre el Estado de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidos Durante la Última Dictadura Militar que publicó la Unidad Fiscal en julio, el proceso "se consolida y avanza", pero tiene "dificultades". El reporte registra 588 procesados, sobre un total estimado en un millar, y 44 condenados.
Entre los que ya están bajo arresto, en algunos casos domiciliario debido a su avanzada edad o a problemas de salud, está Antonio Domingo Bussi, quien fue en esos años jefe de la represión en la noroccidental provincia de Tucumán, el ex jefe del III Cuerpo de ejército Luciano Benjamín Menéndez y el ex jefe nacional de esa fuerza Cristino Nicolaides.
También fue condenado por secuestros, torturas y asesinatos el sacerdote Cristian von Wernich, capellán del ejército, y el policía Miguel Etchecolatz, cuyo veredicto en 2006 coincidió con la desaparición de un testigo, Jorge Julio López, el mismo día en que se leyó la sentencia contra su secuestrador. Hasta ahora no ha aparecido ni vivo ni muerto. Esta semana, con el fallo en el juicio al general retirado Santiago Omar Riveros y a otros cinco militares, los sentenciados llegaron a 50.
Desde 2005, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las llamadas "leyes del perdón", se pudieron reabrir los juicios contra acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen iniciado con el golpe de Estado de 1976 liderado por Jorge Videla, uno de los procesados.
Esas normas, aprobadas en la segunda mitad de los años 80 bajo la presión de levantamientos militares y que dejaron libres de los tribunales a millares de represores uniformados, fueron anuladas por el parlamento en 2001. También impulsó los juicios la voluntad política expresada por el Poder Ejecutivo tras asumir la presidencia en 2003 Néstor Kirchner, quien le sucedió en 2007 su esposa, Cristina Fernández, ambos del sector centroizquierdista del Partido Justicialista.
En 2007, la Corte también anuló el indulto otorgado en 1990 por el entonces presidente derechista Carlos Menem a los ex jefes de la dictadura, Videla entre ellos, quienes habían sido condenados a cadena perpetua o varios años de prisión unos cinco años antes. El alto tribunal interpretó que esa decisión presidencial violaba la Constitución, porque no se puede eximir de culpa a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
En Argentina hay registros o testimonios de la desaparición de unas 10.000 personas a manos de la represión dictatorial, pero organización defensoras de los derechos humanos aumentan es cifra hasta 30.000.
Así, desde 2005 se han reactivado cerca de un millar de causas judiciales que habían quedado frenadas desde los años 80 o ni siquiera se habían iniciado. Pero a medida que pasa el tiempo, las organizaciones de derechos humanos advierten que la marcha de los procesos es muy lenta y que si no se acelera hay riesgo de que mueran imputados y testigos.
En el reciente juicio a Riveros, miembro de la cúpula del I Cuerpo de ejército por donde desfilaron más de 4.000 detenidos ilegales, sólo se lo procesó por el secuestro y torturas de Iris Pereyra y de su hijo Floreal Avellaneda, quien sólo tenía 14 años cuando fue desaparecido en 1976. El adolescente fue asesinado por sus captores y la mujer estuvo dos años detenida.
Un mes después de su secuestro, el día que cumplía 15 años, el cuerpo de Avellaneda apareció en las costas uruguayas del Río de la Plata, con los pies y las manos atadas y signos de haber sido torturado. Los militares habían irrumpido en su casa en busca de su padre, homónimo, un militante comunista que había logrado huir poco antes.
Sin embargo, este no es el único crimen que se le imputa a Riveros. Otro es el que involucra a Laura Carlotto, hija de la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, que estaba encinta cuando fue secuestrada en 1977. La muchacha tuvo a su hijo en la unidad militar y luego fue asesinada. Su hijo aún es buscado por la organización que dirige su abuela al igual que otros cientos que fueron apropiados ilegalmente al igual que él.
En su Informe Anual 2009 difundido en mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó que en 2008 hubo "procesos significativos" que derivaron en 30 condenas. Fue un progreso en la cantidad de sentenciados respecto de 2007, pero igual "hay una alarmante lentitud" en las causas, alertó esta organización especializadas de derechos humanos.
El CELS señala que aún al ritmo de 2008, considerado el mejor desde que se reanudaron los procesos, "los juicios no terminarían antes de 2024". Y añade: "Esta demora posibilitó que a la fecha, 201 represores murieran impunes".
