Mientras los barrenderos apilan grandes cantidades de basura en el parque Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, unos jóvenes policías bachilleres hacen presencia en el lugar para advertir que no habrá más ocupaciones de desplazados.
Durante cuatro meses, más de 5.000 personas se refugiaron en este lugar, una amplia extensión recuperada por las autoridades de Bogotá y transformada en un bello parque público, hasta que los desplazados acamparon aquí y lo convirtieron en un enclave de miseria, a pocas cuadras del palacio presidencial y de la sede de la alcaldía distrital.
En los titulares de los periódicos, la salida de los desplazados fue llamada desocupación, desalojo o recuperación. Se destacó el acuerdo logrado con los líderes de los invasores, pero el desfile de personas con colchones, ollas, bultos de ropa, bancos de madera, viejos televisores, trastos y muebles que mostró la televisión parecía la escena mil veces repetida de desplazamientos, sólo que éste ocurría en el corazón mismo de la capital colombiana.
Con sus bultos de viaje, estos desplazados por la guerra interna se llevaban la convicción de que más temprano que tarde tendrán que volver a las acciones de protesta.
Cuando ocuparon hace cuatro meses la iglesia de San Francisco, también en el centro de la ciudad, salieron en virtud de un acuerdo. También lo hubo cuando dejaron su campamento en la Plaza de Bolívar. Hubo conversaciones y promesas el 26 de mayo, cuando 850 de ellos cambiaron sus tiendas en ese parque por un refugio provisional y la oferta de 400 empleos.
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El 3 de agosto se fueron del parque Tercer Milenio con el compromiso de una inversión gubernamental de 5.666 millones de pesos (casi tres millones de dólares) para proyectos productivos.
Pero sus experiencias anteriores les dicen que la radical solución de su problema aún está lejos. Su salida del parque demuestra, a quienes quieran verlo, la impotencia de la política social oficial y las limitaciones de la política de Seguridad Democrática, el primer propósito del actual gobierno.
UNA POLÍTICA SOCIAL DÉBIL
En Colombia las migraciones forzadas no han cesado desde el siglo XVI, cuando llegaron los conquistadores españoles. El historiador Hermes Tovar ve a la población colombiana en una constante fuga, perseguida por criminales de oficio, por guerreros o por las fuerzas de seguridad del Estado.
Otro historiador y sociólogo, Darío Fajardo, cree ver tres olas en los últimos 110 años de desplazamientos. Al nacer el siglo XX, la Guerra de los Mil Días (1899-1903) entre el opositor Partido Liberal y el gobierno en manos del Partido Conservador hizo de Colombia un país en fuga. Esa fue la primera ola.
Entre 1946 y 1966, dos millones de personas, una quinta parte de la población, se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen por la presión de nuevos enfrentamientos bipartidistas. En ese lapso, Bogotá se convirtió en una ciudad de migrantes: 71 por ciento de sus habitantes hombres habían llegado de afuera, según apareció en el censo de 1964. Fue la segunda ola.
La tercera, de final de siglo y de esta primera década del siglo XXI, como las anteriores, fue provocada por criminales, guerreros y agentes oficiales que impusieron su fuerza.
Según el secretario de Salud de Bogotá, cada 24 horas llegan a la capital entre 30.000 y 50.000 desplazados. Los expulsan de sus regiones los paramilitares de extrema derecha, los guerrilleros de izquierda, el ejército y las bandas de delincuentes.
Así se ha formado en Colombia una nueva clase de más de cuatro millones de personas, campesinos con una condición social casi permanente que hace de ellos un sector de población sin derechos, observó el investigador francés Daniel Pécaut. "El problema de Colombia hoy es que no tiene un lugar para los desplazados de la guerra", agregó.
Así lo sintió la Corte Constitucional cuando a sus oficinas llegaron más de 1.150 acciones de tutela (o recursos de amparo) en las que otras tantas familias desplazadas formulaban sus quejas y demandas.
El panorama que se desplegó ante los ojos de los magistrados fue el de una multiplicación de acciones que apenas si rozaban la superficie del drama de este grupo humano.
Nadie sabía cuántas personas habían debido abandonar sus tierras y pertenencias bajo amenaza de la violencia. Tampoco se sabía a ciencia cierta quién había perdido qué. La descoordinación entre funcionarios, entidades e instituciones hacía ineficaces todos los propósitos de acción y, sobre todo, el problema había desbordado todas las posibilidades del gobierno.
Tales fueron los considerandos de la sentencia 025 de 2004 de la Corte Constitucional, a la que siguieron 50 autos en los últimos cinco años sobre distintas materias, todas coincidentes en la voluntad de hacer respetar los derechos de los desplazados.
LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Los desplazados que abandonaron el parque el 3 de agosto probablemente no conocían esta historia, pero la presentían.
"La política pública sobre desplazados se ha puesto en marcha no por voluntad política, sino por órdenes judiciales, porque el gobierno es generoso con los inversionistas, los bancos y las empresas, pero muy débil para reparar a las víctimas", anotó Jorge Rojas, presidente de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la entidad que con mayor rigor ha estudiado el fenómeno del desplazamiento.
Algunos de los antiguos ocupantes del parque Tercer Milenio aprovecharon la oportunidad de viajar gratis a su tierra, llevando en su cartera el dinero que habían recibido. Las familias de uno o dos miembros habían recibido un poco más de 250 dólares y las de cinco o seis miembros alrededor de 800 dólares.
Pero las historias de los que regresaron pocas veces han coincidido con sus sueños.
Según las estadísticas conocidas durante un seminario internacional de desplazamiento celebrado en marzo de este año, sólo 16 por ciento se atrevían a regresar. Entonces se dijo que no encontraban condiciones propicias. Una investigación periodística de la columnista Claudia López mostró que las razones de ese temor al regreso se mantienen: los grupos armados que se apoderaron de las tierras de los desplazados mantienen su brazo de hierro sobre ellas, la acción oficial para garantizarles la seguridad resulta tan escasa que los pocos que vuelven, reviven la pesadilla de la expulsión, o buscan refugio en otros lugares, algunos ofrecidos por el gobierno como restitución escasa de lo que la guerra les arrebató.
Eso prueba que la política de la Seguridad Democrática del gobierno, que funciona en las carreteras y en las ciudades, no llega a los campos de los desplazados.
Mientras tanto, Colombia mantiene ese antiguo perfil de país en fuga.
