Organizaciones sociales de Chile reclaman a la presidenta Michelle Bachelet el veto, si como se prevé es finalmente aprobada, de la ley que hace responsables a quienes convocan reuniones, protestas u otras manifestaciones de los posibles daños a la propiedad causados en el marco de ellas.
"Es una situación muy delicada, muy grave, porque ya no solamente estamos frente a una escalada de 'criminalización' mediática o discursiva sino que ahora se entra al terreno jurídico por medio de sanciones civiles" contra los que organizan manifestaciones, dijo a IPS Álvaro Ramis, presidente de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (Acción).
El proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público y establece normas en materia de concentraciones fue aprobado en segundo trámite por la Cámara de Diputados, con modificaciones al proyecto que vino del Senado, el 13 de este mes y por 42 votos a favor y 29 en contra.
Ahora se encuentra otra vez en el Senado y todo hace pensar que será también aprobado para que luego pase a ser promulgado o vetado por Bachelet.
La iniciativa ingresó al parlamento en enero de 2007 y formó parte de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, consensuada entre el gobierno y la oposición, pero que ya ha sufrido diversas modificaciones.
El rechazo de las organizaciones sociales a esta normativa se ha centrado en el artículo cuatro, que establece que "los organizadores y convocantes" de toda reunión o manifestación pública a realizarse en plazas, calles y otros lugares de uso público "responderán por los daños que se produzcan" con ocasión de ellas, "a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos".
"Se presumirá que los organizadores y convocantes a reuniones o manifestaciones públicas han adoptado las medidas a que se refiere el inciso anterior, cuando cumplan las obligaciones impuestas por las disposiciones generales de policía", continúa el texto. Para identificar a los "organizadores y convocantes" de las protestas se utilizarán diversos criterios. En primer lugar se responsabilizará a quienes comuniquen la realización de los actos a las autoridades administrativas.
Si no hubiera tal aviso, el peso de la ley recaerá sobre las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse.
De no ocurrir lo anterior, se perseguirá a quienes "coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación" o a quienes "lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo".
El proyecto también establece que quien cometa un delito con el rostro cubierto será castigado con una pena que puede ir entre los 541 días y los tres años de cárcel y deberá pagar una multa de hasta 530 dólares.
"Es una ley que va a inhibir la movilización social y va a generar convocatorias indirectas de organizaciones fantasmas", alertó Ramis, de Acción, que agrupa a más 60 de organizaciones no gubernamentales del país.
Ramis cree, además, que la norma puede tener justamente el efecto contrario al pretendido por las autoridades, ya que probablemente en las manifestaciones ninguna organización intente controlar o llamar al orden a los asistentes para no arriesgarse a recibir sanciones.
"Esta medida viene desde el Ministerio del Interior que ha sido fuertemente presionado en los últimos años para instalar una lógica absolutamente represiva y no de alianza o de solidaridad con la sociedad civil a la hora de enfrentar las protestas o manifestaciones", indicó.
Desde su perspectiva, esta "ley draconiana" busca prevenir nuevos estallidos sociales en función de la agudización de la crisis económica.
"El proyecto se ha negociado directamente entre el parlamento y el Ministerio del Interior, sin participación de nadie, para amortiguar los efectos sociales de la crisis económica por la vía de la represión", acusó.
Diversas organizaciones sociales se manifestaron el lunes en contra del proyecto, movilización que terminó con decenas de detenidos, y Acción está reuniendo firmas para solicitarle la próxima semana a la presidenta que introduzca un veto a la norma, si es aprobada como se presume.
"El proyecto debe ser vetado. No puede ser que un gobierno que se declara progresista o que tiene pretensiones democratizadoras permita que se apruebe una ley con estas restricciones", planteó Ramis.
Tres diputados oficialistas se han sumado a las organizaciones que cuestionan la normativa proyectada.
"Vamos a pedir a la presidenta que envíe un veto que suprima los artículos cuarto y quinto del proyecto que regula el orden público, pues son inconstitucionales porque violan el derecho constitucional de reunión y afectan las libertades de expresión y asociación", declaró el diputado Antonio Leal, del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD).
El artículo 13 de la Constitución chilena estable el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
Para otro diputado del PPD, Tucapel Jiménez, el artículo cuestionado representa "un retroceso en democracia, pues pretende traspasar la responsabilidad que tiene por ley el ministerio del Interior de mantener el orden público a los privados".
Las organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional de Chile y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos.
"Creemos que (la criminalización de la protesta social) es una tendencia internacional, que puede ser muy grave porque está en un marco de restricciones a las libertades públicas muy sutiles", concluyó Ramis.
