Siete años y seis meses de prisión es el castigo efectivo que deberá cumplir el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, por haber destinado fondos públicos a un pago ilegal de 15 millones de dólares a su asesor personal, Vladimiro Montesinos, en las postrimerías de su régimen (1990-2000).
La pena máxima para el primer delito es de ocho años de reclusión, pero el tribunal descontó los cuatro meses que el ex jefe de Estado pasó detenido en Santiago de Chile entre 2005 y 2006, mientras se sustanciaba el juicio para su extradición a Perú. Además, el reo deberá abonar una suma indemnizatoria al Estado equivalente a un millón de dólares.
La lectura del fallo insumió una hora y 18 minutos. Una vez concluida, San Martín le concedió la palabra a Fujimori, quien dijo: "Interpongo recurso de nulidad, señor".
El fiscal Avelino Guillén expresó conformidad con la condena.
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La sentencia de 64 páginas considera acreditado que Fujimori "concertó, coordinó y dirigió, desde su privilegiada posición de presidente de la República", actos ilícitos para obtener 15 millones de dólares que Montesinos le reclamaba a cambio de escapar a Panamá, mientras su régimen se hundía en un mar de denuncias de corrupción.
Los hechos se remontan al 14 de agosto de 2000 cuando el opositor Frente Independiente Moralizador (FIM) exhibió en una conferencia de prensa un vídeo filmado clandestinamente por el propio Montesinos, en el éste aparecía pagando un soborno al diputado Alberto Kouri para que se pasara a las filas del bloque gobernante en el Congreso legislativo.
En su alegato el viernes 17, Fujimori sostuvo que, después de la divulgación del vídeo, descubrió que Montesinos y la cúpula militar preparaban un golpe de Estado, pero que, tras algunas negociaciones, su hasta entonces hombre de confianza aceptó salir rumbo a Panamá si le pagaba una "compensación por servicios prestados" por un monto de 15 millones de dólares.
"La única alternativa para evitar un mal mayor al país era aceptar la condición de Montesinos, quien literalmente vendía su salida", explicó Fujimori. "Yo era consciente (de) que la propuesta era una forma concreta de acabar con los intentos de golpe de Estado de Montesinos. Así que llegué a la conclusión de que, estando todo un país en juego, había que recurrir a una medida extrema".
Para abonar esa suma, Fujimori fraguó con su entonces primer ministro Federico Salas y con sus ministros Carlos Boloña, de Economía, y Carlos Bergamino, de Defensa, un decreto de urgencia para transferir el dinero al ejército, destinado a financiar un falso "Plan Soberanía" para detener un presunto avance de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la frontera con ese país.
El dinero se extrajo del tesoro nacional el 22 de septiembre de 2000 y le fue entregado a Montesinos en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) esa noche, horas antes de que partiera a Panamá en un jet fletado por el hombre más rico de Perú, el empresario Dionisio Romero. Pero el asesor de Fujimori no viajó con su recién habida fortuna.
Montesinos prefirió convocar a su despacho en el SIN a los traficantes de armas Zvi Sudit Wasserman y James Stone Cohen, de quienes recibía millonarios sobornos depositados en bancos de Suiza por negocios bélicos con el Estado peruano, y entregarles los 15 millones de dólares para que los depositaran en esas mismas cuentas.
El tribunal recordó que el 2 de noviembre de 2000, la embajada de Suiza en Perú informó a Fujimori que se habían ubicado varias cuentas de Montesinos en bancos de Zúrich con depósitos por 50 millones de dólares, y ese mismo día el entonces presidente convocó a la sede de gobierno a sus ministros Boloña y Bergamino para efectuar la devolución de los 15 millones de dólares.
Parece evidente que Fujimori empleó otros fondos para restituir la suma. Su defensa argumentó que no había delito, porque los fondos públicos fueron devueltos y no se materializó un daño al Estado.
Para el tribunal, el delito de peculado se configura al destinar caudales públicos para fines ilegales, aun si éstos retornan al presupuesto original.
El reo aseguró que había "encontrado" semejante suma en el SIN. En todo caso, si esa versión fuera cierta, el ex mandatario habría cometido otro delito, al no denunciar el hallazgo de dinero no registrado.
Para el fiscal Guillén "demostramos que con los 15 millones, Fujimori compró el silencio de Montesinos, en consecuencia la sentencia es sólida. Fujimori ha aprovechado el juicio para lanzar un discurso electoral, en lugar de aclarar, por ejemplo, de dónde sacó los 15 millones que devolvió a los fondos públicos. Ahora este hecho será investigado por la fiscalía, por orden del tribunal".
"Él mismo reconoció que encontró los 15 millones en el SIN y que luego se los llevó a Palacio de Gobierno y 41 días después se los entregó al ministro de Defensa para que restituyera la suma con que le pagó a Montesinos", describió Guillén.
A la lectura de la sentencia sólo concurrió uno de los cuatro hijos del ex presidente, Kenyi Fujimori.
El abogado defensor, César Nakazaki, alegó que "lo que el Poder Judicial quiere es que Fujimori se muera en la cárcel y, de esa manera, cree que eliminando a Fujimori se va a acabar con el fujimorismo. Esto ha sido un juicio político".
En su alegato del viernes el ex mandatario sostuvo que había sido condenado con anticipación y que "el pueblo me absolverá porque nada impedirá el avance del fujimorismo".
Los siete años y seis meses de reclusión se cumplirán el 11 de agosto de 2014. El ex mandatario también debe purgar una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, que concluiría el 10 de febrero de 2032, siempre que el proceso de apelación confirme la sentencia condenatoria en primera instancia.
Pero los problemas judiciales del ex presidente no han terminado. El próximo proceso que afrontará fusiona tres casos: uso de fondos públicos para la compra del canal de noticias por cable CCN, sobornos a legisladores opositores y espionaje telefónico a políticos de oposición y periodistas.
