Las Fuerzas Armadas de Brasil iniciarán la búsqueda de restos de guerrilleros desaparecidos en la norteña región del río Araguaia durante la dictadura militar (1964-1985), reavivando un viejo debate y abriendo nuevos, como el papel del ejército en esa localización.
Las actividades de reconocimiento, según un comunicado del ejército, se llevarán a cabo en cuatro áreas del norte de Brasil: Marabá, São Domingos do Araguaia y São Geraldo do Araguaia, en el estado de Pará, y en Xambioá, estado de Tocantins.
Según el Ministerio de Defensa, las excavaciones, que comenzarán en agosto, tienen el objetivo de encontrar los cuerpos de miembros de Guerrilla del Araguaia, formada por militantes del Partido Comunista de Brasil que desaparecieron en circunstancias todavía no aclaradas entre 1972 y 1975.
La versión del ejército es que los guerrilleros murieron en combate. Pero otros relatos, recientemente confirmados por un militar, indican que fueron ejecutados tras haber sido capturados.
Lo cierto es que los uniformados tienen ahora la misión de encontrar, recoger e identificar en esa región amazónica los restos de por lo menos 59 integrantes de la Guerrilla del Araguaia.
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Según la determinación inicial, se conformó un grupo de trabajo especial integrado por 33 miembros, entre ellos una veintena de oficiales, y representantes de los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnología, de la Policía Federal y por expertos forenses y geólogos, además de observadores independientes.
El operativo, que comenzó con un reconocimiento previo de las zonas, fue montado por el Ministerio de Defensa para cumplir una orden judicial de 2003, que obligó al Estado a devolver los cuerpos demandados por sus familiares.
Las excavaciones y eventuales exhumaciones se realizarían entre agosto y noviembre, y les seguirían después las llamadas "actividades de laboratorio", dedicadas al reconocimiento de la identidad de los restos.
El problema radica en que sea precisamente el ejército —acusado de haber torturado y matado a los guerrilleros y campesinos que simpatizaban con su causa— el que encabece el operativo, indican las familias de las víctimas.
"No tenemos condiciones emocionales ni políticas" para participar en esas búsquedas, dijo a IPS una hermana, viuda e hija de miembros del Araguaia, Victoria Grabois.
"Es emocionalmente imposible estar junto al ejército haciendo una excavación para encontrar a un ser querido", describió.
Según Grabois, la decisión de retomar la búsqueda se aceleró porque el gobierno tendrá que responder sobre el caso a inicios de 2010 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pide explicaciones sobre la localización de los restos de las víctimas y sobre las circunstancias de su muerte.
En su opinión, la manera de organizar el operativo "pasó por encima de todas las leyes", inclusive las que determinan la obligatoriedad de que el ejército informe sobre el caso y abra sus archivos.
En cambio, esto "es una verdadera operación de guerra, comandada por el general del ejército de la selva donde salieron los militares a matar a los guerrilleros", lamentó Grabois, que tampoco acepta la última decisión del ministro de Defensa, Nelson Azevedo Jobim, de colocar a un civil como jefe de la misión.
El general Mário Lúcio Alves de Araújo, cuestionado por los familiares, es ahora el jefe del equipo de apoyo logístico, y no el coordinador del grupo, como se había establecido inicialmente.
De todas maneras, los civiles a cargo del operativo son también asesores del Ministerio de Defensa, según Grabois.
Jobim alegó que la decisión de incluir al ejército fue tomada por necesidad de apoyo logístico al grupo de trabajo.
Para el ministro, el hallazgo e identificación de los desaparecidos son prioritarios para dar una solución final a las deudas de la dictadura y poner fin a las actitudes "revanchistas" de algunos sectores políticos.
La presidenta del no gubernamental Grupo Tortura Nunca Más, Cecilia Coimbra, considera que el operativo es "una farsa".
No se tienen en cuenta todos los informes y testimonios recolectados por organizaciones de derechos humanos, forenses y familiares de las víctimas, que visitan la región para investigar los hechos desde los años 80, dijo Coimbra a IPS.
La activista cuestionó también que en una reunión con Jobim el 3 de junio, celebrada para informar sobre la creación del grupo de trabajo de Araguaia, estuviera presente el "general Brandão, jefe del servicio de información del ejército", un hecho interpretado como "perverso" y "destinado a cohibir a los familiares presentes".
La organización exige que la comisión esté encabezada por representantes de los familiares de desaparecidos y de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que depende de la oficina del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Asimismo reclama la apertura "total" de los archivos de la dictadura para esclarecer ese y otros casos de desaparición, muerte y tortura de ese período.
La demanda de acceso a los archivos resurgió con más fuerza cuando uno de los represores de la Guerrilla del Araguaia reveló en junio al diario O Estado de São Paulo una lista de 41 guerrilleros que fueron ejecutados después de haber sido arrestados.
La versión del mayor retirado del ejército Sebastião Rodrigues de Moura, conocido como "Sebastião Curió", respaldada con pruebas de documentos supuestamente personales, describe incluso detalles sobre las ejecuciones y confirma la denuncia de las familias de que hay documentación sobre la represión militar.
Además, ese testimonio desmentiría uno de los argumentos centrales de los militares: que los guerrilleros estaban armados y dispuestos a abrir fuego cuando cayeron abatidos.
"Teníamos la orden de no salir de la selva hasta que no matáramos al último guerrillero", dijo Curió al diario, sin mostrarse arrepentido por los hechos necesarios para "combatir a la guerrilla comunista y asegurar la soberanía y la integridad de la patria".
El militar también dio datos sobre la composición numérica de la guerrilla, detallando que tenía 78 combatientes provenientes de distintas ciudades, y unos 20 campesinos reclutados, además de 158 personas que prestaban apoyo logístico.
Según el Grupo Tortura Nunca Más, en esa región y época fueron arrestados, interrogados, torturados y ejecutados varios integrantes de la guerrilla y un número no determinado de campesinos acusados de colaborar con ellos.
Las demandas del grupo están contempladas también en un documento dirigido al gobierno y preparado por varias entidades de derechos humanos y representantes de familiares de muertos y desaparecidos por razones políticas.
"Estamos aterrados con la ida de una caravana esencialmente militar, sin la presencia de los familiares y sin la participación de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (instalada por el gobierno) ni de la Secretaría Especial de Derechos Humanos", dice el documento.
Los activistas destacan que el mencionado general Araújo justificó en una entrevista en marzo la represión militar al afirmar que " hace exactamente 44 años el ejército brasileño, atendiendo un clamor popular, fue a las calles contribuyendo sustancialmente y de manera positiva en impedir que Brasil se convirtiera en un país comunista".
El Grupo Tortura Nunca Más entiende que la función del ejército debe limitarse a ofrecer informaciones contenidas en sus archivos, "y que ya deberían ser de conocimiento de todos los brasileños".
La posición de los familiares y activistas fue confirmada por dos fiscales federales de Pará, que esta semana anunciaron que pedirán la suspensión de la búsqueda de los restos de Araguaia.
Los fiscales Tiago Rabelo y André Raupp cuestionaron que la comisión no integrara a los familiares y a la propia fiscalía (Ministerio Público) y la falta de transparencia del ejército, lo que ""podría acarrear recelos y sospechas por parte de las familias de los guerrilleros, entidades de los derechos humanos y de toda la sociedad civil".
El secretario de Derechos Humanos del gobierno de Lula, Paulo Vannuchi, también se manifestó a favor de una comisión de familiares que controle y verifique el operativo.
Pero ahora otro elemento se agregó a la polémica por Araguaia.
La empresaria Merces Castro, hermana del desaparecido político António Teodoro de Castro, reveló a mediados de este mes que la dictadura militar brasileña —como el régimen de Argentina (1976-1984)— cometió secuestros de por lo menos tres niños en los tiempos la guerrilla de Araguaia.
Castro se basó en testimonios de campesinos de la región que describían la presencia de ocho hijos de los guerrilleros, incluyendo los tres supuestamente llevados por el ejército.
Coimbra oyó el "rumor" de que algunos guerrilleros habrían tenido hijos, si bien su grupo no tenía información sobre supuestos secuestros de niños. "Es algo más a investigar, porque es importante que esos niños, hoy ya adultos, conozcan su pasado", opinó.
Los primeros pasos para buscar restos en Araguaia se dieron en 1991. Pero el gobierno se involucró en el proceso cinco años después, cuando participó también el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Hasta ahora sólo se identificaron dos osamentas de Araguaia, las de Maria Lúcia Petit y de Bergson Farias, pero hay otras 10 pendientes de pericias.
La ley 9.140, de diciembre de 1995, declaró muertas a las personas desaparecidas, "en razón de participación, o acusación de participación, en actividades políticas", entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979.
De esa forma, el Estado reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de 136 personas.
Una amnistía de 1979 evitó que los militares brasileños fueran juzgados por los crímenes cometidos, pero una nueva acción por torturas está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
