La propuesta de cambios a la Constitución presentada por la agrupación ultraderechista ProReforma catapultó un fuerte debate en Guatemala, junto al rechazo de plano de la izquierda y movimientos sociales, en particular por la pretensión de instaurar jueces vitalicios y senadores con mandato a 15 años.
El proyecto plantea la modificación de 73 artículos constitucionales con el fin aducido de afrontar la violencia ciudadana, que mata a 16 personas por día en promedio, y abatir la pobreza, que ya alcanza a la mitad de los 13 millones de habitantes del país, 17 por ciento de los cuales viven en la indigencia.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es la creación de un Congreso legislativo bicameral con características únicas en el mundo, pues estaría compuesto por un Senado de 45 integrantes con mandato por 15 años, cuyas edades tendrán que estar en la franja de 50 a 65 años, y una Cámara de Diputados con 80 representantes.
ProReforma también propone que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y los jueces de primera instancia y el Fiscal General de la República sean vitalicios.
El contenido de la enmienda, a estudio de una comisión parlamentaria antes de ser discutido en sesión plenaria, ha provocado una gran controversia por ser considerado "excluyente", según diversos sectores.
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"La propuesta ignora la realidad del país, no toma en cuenta a los pueblos indígenas, ni ladinos con toda su complejidad. Es como dar pasos atrás porque mientras ellos (los dirigentes de ProReforma) se basan en los derechos individuales, el mundo reconoce la preeminencia de los derechos sociales", dijo a IPS la académica indígena Irma Velásquez Nimatuj.
Según Velásquez Nimatuj, hay acuerdo en que la Constitución necesita cambios, "pero estos deben ser discutidos ampliamente de modo que las demandas de jóvenes, mujeres, indígenas y de todos los sectores de la población sean incluidas".
Recordó que el artículo 70 de la ley fundamental en vigencia referente a la creación de una ley para regular lo relacionado a las comunidades aborígenes aún está pendiente. "Nunca se elaboró a pesar de que los indígenas constituyen casi la mitad de la población de este país", apuntó. "El proyecto de ProReforma muestra ese pensamiento conservador que no quiere entender que Guatemala no puede seguir siendo su finca (su propiedad)", añadió, por lo cual no cree viable su aprobación. En caso que este proyecto pase la prueba del Congreso luego deberá ratificado en un referéndum. El analista político Álvaro Pop, a su vez, sostuvo que la respuesta a esta serie de vacíos e inconsistencias de la carta manga es reformarla, pero a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
El planteamiento de ProReforma, puntualizó Pop, "es un remiendo que no toca a fondo los problemas del país". "Por ejemplo, nos guste o no, hay autoridades indígenas que han funcionado durante más de 1.000 años donde el sistema estatal no llega y no son reconocidas legalmente".
El diputado Héctor Nuila, de la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), dijo a IPS que ProReforma "representa una gran amenaza, porque desnaturaliza la función que la Constitución le asigna al Estado, que es velar por el bien común, cuando ellos sustentan que el derecho individual está por encima de los derechos sociales".
La presentación en marzo de la iniciativa trajo una lluvia de argumentos legales en contra. Fernando Espina, abogado y miembro del Grupo Intergeneracional que reúne a técnicos sin militancia partidaria, señaló a IPS que las enmiendas son totalmente inviables según un estudio efectuado por ellos.
"En la elección al Senado se restringe el derecho al sufragio universal, porque sólo votan quienes tengan 50 años o más de edad, además se viola el principio de representación que rige el sistema democrático, ya que sólo una mínima parte de la población estaría representada en él", explicó.
De este modo, "los ciudadanos de 18 años tendrían obligación de pagar impuestos y podrían ir a la cárcel si cometen un delito, pero no tendrían la capacidad legal de elegir ni ser elegidos, lo cual significa un retroceso para la democracia en un país donde 70 por ciento de la población es menor de 30 años".
De acuerdo con el estudio, el hecho de que para ser senador se deba tener entre 50 y 65 años es además discriminatorio con la población indígena y rural si se toma en cuenta que en el interior no hay mayores expectativas de vida, la gente no tiene recursos para hacer una campaña y menos ostenta profesiones que respalden una carrera académica si no hay acceso a la educación.
Además, el análisis advierte sobre los poderes especiales otorgados al Senado al punto de que no lo supervisa ningún órgano y tendría incluso la potestad de destituir al mandatario.
Alejandro Balsells, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, puntualizó a IPS que es importante reconocer que la propuesta viene con un acompañamiento popular aunque está plagada de inconsistencias.
Para ejemplificar, citó el planteamiento de que los magistrados de las cortes sean vitalicios, aún cuando enfrentan serios problemas de corrupción. "Dios guarde una renovación total de la Corte ahorita", exclamó.
Según el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac, no se puede hablar de un paquete de reformas, porque "la gente quiere saber de qué se trata", además "tengo dudas si es el momento para hacerlo porque podrían meterse otros temas que no favorecerían la institucionalidad".
Guatemala reformó su Constitución en el período del presidente Ramiro De León Carpio (1993-1996).
Posteriormente y como una derivación de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, que puso fin a décadas de guerra civil, se intentó introducir enmiendas constitucionales como el reconocimiento de los pueblos mayas, garífunas y xincas y el establecimiento de la carrera judicial. No obstante, en la consulta popular de 1999 se rechazó esa propuesta, aunque la participación electoral alcanzó apenas 18,5 por ciento de los habilitados.
Para Manuel Ayau, ex miembro del extinto partido ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional y presidente de ProReforma, "la minoría de extrema izquierda radicaliza la discusión con críticas ideológicas, hechas con el hígado, usando argumentos ad hominem, criticando la fuente y no el contenido del proyecto, atribuyendo a sus promotores aviesas intenciones".
Esta es la primera vez que se propone a los ciudadanos "ser gobernados por principios de conducta recíproca sin privilegios y no por una ideología que busca determinados resultados", arguyó.
