«Chile está en la recta final de su proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)», afirmó Karen Poniachik, representante especial del gobierno ante este bloque que reúne entre su treintena de integrantes a todas las economías del Norte rico.
En 2007, Chile, Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia recibieron una invitación formal de parte de la OCDE para comenzar negociaciones con miras a integrarse como miembros plenos al también conocido como "club de los países ricos".
En caso de concretarse esta iniciativa, Chile será el segundo país latinoamericano, después de México que ingresó en 1994, en formar parte de esta organización creada en 1961 por países industrializados con el fin de intercambiar información y armonizar políticas para maximizar el crecimiento económico y abordar desafíos comunes en áreas sociales y ambientales.
La presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet, espera que su país sea aceptado por la OCDE antes de que finalice su mandato de cuatro años el 11 de marzo de 2010.
"La OCDE nos entregó en 2007 un Roadmap (hoja de ruta), que señalaba los plazos y requisitos que teníamos que cumplir. Hemos avanzado en la mayor parte de ellos, en el sentido de preparar nuestras respuestas frente a los estándares del organismo, recibir visitas de misiones especializadas y rendir exámenes", explicó Poniachik a IPS.
Entre el 13 y el 17 de este mes, una comitiva de la organización examinó por última vez el funcionamiento del gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y el lunes se dieron a conocer las conclusiones del llamado "Informe territorial" elaborado por expertos de la entidad que recomienda mayores avances en materia de descentralización regional.
La política de innovación y la nueva institucionalidad ambiental, que se discute en el Senado, ya fueron elaboradas siguiendo las sugerencias de la OCDE, donde Chile participa en calidad de observador desde 1997.
Pero aún resta pasar algunos exámenes claves, principalmente en materia de información y regulación financiera, los cuales no han estado exentos de controversias, reconoció Poniachik.
Está pendiente la aprobación de un proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de las empresas en casos de financiamiento del terrorismo, narcotráfico y cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Esta iniciativa aún se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados.
El parlamento también discute otro proyecto, indispensable para la OCDE, que permitirá el intercambio de información bancaria para efectos tributarios, iniciativa que, entre otras cosas, levanta el secreto que protege a los titulares de cuentas corrientes ante fiscalizaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos.
La norma es resistida por algunos actores que consideran que el levantamiento del secreto bancario, con el argumento de evitar la evasión, viola la privacidad de las personas.
Uno de los más activos defensores de mantener el secreto bancario es el director jurídico del no gubernamental Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la oposición derechista, Axel Buchheister, quien estuvo involucrado en el proceso judicial seguido contra el hoy fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por malversación de caudales públicos y evasión de impuestos.
"(El intercambio de información bancaria con fines tributarios) es un estándar mundial de transparencia, que prácticamente todos los países del mundo, no sólo los que pertenecen a la OCDE, están adoptando", justificó Poniachik.
La OCDE también ha puesto como requisito la aprobación de reformas a los gobiernos corporativos de empresas públicas y privadas para hacerlas más transparentes y eficientes. Uno de ellos atañe a la firma estatal minera Corporación Nacional de Cobre (Codelco), la principal productora de este metal del mundo.
"La OCDE es un grupo de países con buenas prácticas, con altos estándares y nosotros aspiramos a eso: a tener los mejores estándares en todas las áreas de nuestras políticas públicas. Esto, más que ser un grupo de países desarrollados, tiene que ver con mejores prácticas", sostuvo Poniachik, ex ministra de Minería del actual gobierno de Bachelet.
A su juicio, "Chile también tiene mucho que contar, que aportar en las discusiones con estos 30 países". "Nosotros no sólo vamos a aprender sino también compartir los éxitos que hemos tenido en muchas áreas", apuntó.
Constatar de primera fuente qué prácticas funcionan y cuáles no ahorran tiempo ni dinero, dijo al diario El Mercurio el secretario ejecutivo de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, sobre los beneficios que obtendría Chile al acceder a esa organización, ayuda que en su momento tuvo su país, observó.
De hecho, la OCDE es considerado el mayor productor mundial de publicaciones en economía y asuntos sociales con más de 500 títulos por año.
En cuanto al potencial aporte de Chile, el representante de la OCDE señaló que éste puede ser "un faro que ayude a poder diseminar y generalizar esas mejores prácticas en la región".
En general, los distintos sectores políticos del país han valorado las gestiones del gobierno de Bachelet en esta materia. Pero existen voces disonantes.
"En mi opinión (la incorporación de Chile a la OCDE) es un hecho que no tiene nada de positivo para el funcionamiento del país", declaró a IPS Hugo Fazio, director del no gubernamental Centro de Estudios Naciones de Desarrollo Alternativo (Cenda).
A su juicio, la OCDE, con Estados Unidos y los países europeos a la cabeza, es una de las organizaciones multilaterales que ha ido perdiendo relevancia en la economía mundial, a diferencia de otras potencias emergentes, como Brasil, India o China, "que son mucho más cercanas desde el punto de vista de sus problemáticas o las preocupaciones que debería tener un país latinoamericano", como Chile.
Tampoco está de acuerdo con "los amarres" que impone el organismo en relación a determinadas políticas que él no ve como "modelos".
"El país queda sometido a una serie de condiciones que debe cumplir", dice este economista, quien pone como ejemplo el proyecto sobre gobiernos corporativos promovido por la OCDE.
"Habría que preguntarse ¿qué ha pasado con las empresas de los países desarrollados durante la crisis económica mundial?, cuestiona. ¿Son ejemplos de organicidad? ¿No son ese tipo de empresas las que han quebrado y mostrado el fracaso de sus políticas? ¿Son esas empresas las que hay que tomar como ejemplo?", añade.
