La Organización Internacional del Trabajo (OIT) demandó al gobierno peruano que haga esfuerzos para garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos originarios, gravemente violentados en los choques con la policía de hace dos semanas en la norteña región de Amazonas.
La OIT, una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ocupó igualmente en su sede de Ginebra de los asesinatos de sindicalistas en Colombia y de otras violaciones de los derechos de los trabajadores en distintas partes de América Latina.
Respecto de Perú, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT expuso su grave preocupación por esa violencia y por los muertos y heridos que ocasionó. Los informes oficiales procedentes de la provincia amazónica de Bagua dan cuenta de 34 muertos en los enfrentamientos del 5 de este mes, entre ellos 24 policías.
El portavoz de los trabajadores en esa comisión, Luc Cortebeeck, presidente de la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica, mencionó este jueves que 33 personas fallecieron en esos episodios.
Para la comisión y sobre todo para el grupo de los trabajadores, lo que pasa en Perú es inaceptable, comentó en tono enérgico a IPS el representante sindical.
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Lo que esta muy claro es que se debe consultar al pueblo indígena, como establece el Convenio 169 de la OIT, que hay que respetar. Esa comunidad debe desempeñar un papel en las políticas que se llevan a cabo, insistió.
El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado en 1989, establece en su artículo segundo que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad.
A pesar de sus expresiones de inquietud, la Comisión de Aplicación de Normas que se rige por el régimen tripartito de gobiernos, sindicatos y empleadores, desestimó una solicitud de los representantes obreros de enviar con urgencia una comisión de alto nivel a Perú para examinar el caso.
El rechazo de esa demanda permanece como un misterio insondable para el grupo de los trabajadores, dijo Cortebeeck.
Los miembros de esa comisión de alto nivel hubieran podido actuar "como veedores natos de la OIT", lamentó Carmela Sifuentes de Holguín, representante de los trabajadores de Perú.
Lo que ocurre en Perú es una ilustración dramática de un problema que se ha convertido en crucial para América Latina, como es la explotación del subsuelo y la devastación del ambiente únicamente con fines comerciales y en menosprecio de los pueblos autóctonos y de la biodiversidad, describió Cortebeeck.
La Comisión de Expertos, un órgano de la OIT integrado por juristas independientes que verifica el cumplimiento por los estados de los convenios que han ratificado, ya había señalado en 2008 diversas situaciones y conflictos graves en Perú.
Esos incidentes pueden atribuirse a una intensificación de la explotación de los recursos naturales en las tierras ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas, dictaminaron en su momento los expertos.
Cortebeeck sostuvo que ha quedado comprobado que la violencia extendida por esa región de Perú esta vinculada precisamente a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas.
En contradicción con lo que establece el Convenio 169, los indígenas han sido privados del derecho a ser consultados sobre esas políticas, resaltó. Un delegado del gobierno peruano, Carlos Chocano, recordó que las autoridades de su país habían solicitado al Congreso legislativo el retiro de los decretos legislativos que autorizaban la explotación de esos territorios.
Chocano también puso de manifiesto que el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, ya se encuentra en Perú para una visita de tres días en la que se entrevistará con autoridades políticas, militares, defensores del pueblo y representantes de comunidades indígenas, precisó.
El delegado del gobierno peruano lamento "la utilización y manipulación políticas de un hecho de tanta gravedad". Esa manipulación política explica también parte todos estos sucesos, arriesgó.
Respecto de Colombia, las conclusiones de la Comisión de Normas expresan una confianza "parcial" en el futuro de ese país, interpretó Cortebeeck.
Es "parcial" por los cambios introducidos en el Poder Judicial y en la ley sobre huelgas ilegales, refirió el sindicalista en alusión a aspectos positivos.
En contraste, mientras sesionaba en esta ciudad suiza del 3 al 19 de junio la Conferencia Internacional del Trabajo, fueron asesinados otros tres sindicalistas en Colombia, dijo el dirigente obrero belga. De esa manera, en lo que va de 2009 ya han caído 20 sindicalistas en el país sudamericano, sostuvo.
Cortebeeck opinó que la libertad sindical se encuentra en peligro en numerosos países. El representante obrero se refirió al movimiento de solidarismo, a los acuerdos directos con los trabajadores y a la creación de comités permanentes, como en Costa Rica. Ese país centroamericano se ha convertido en "un laboratorio del antisindicalismo", aseveró.
Otro método son las cooperativas de trabajo asociado que compiten con el sindicalismo en Colombia, mencionó.
