Por iniciativa de la oposición, el parlamento de Perú aprobó la formación de una comisión investigadora del choque entre manifestantes indígenas y la policía en la provincia de Bagua, en la nororiental región de Amazonas, que según datos oficiales dejó 34 personas muertas.
La directiva presidencial al parecer se dio en el consejo de ministros del 3 de este mes, dos días antes de los enfrentamientos trágicos, para que la fuerza pública desalojara a los indígenas que mantenían controlada desde hacía 50 días la estratégica carretera Fernando Belaunde Terry que une las localidades de Yuirimaguas y Tarapoto, en la Amazonia.
Fuentes de la dirección de la policía nacional dijeron a IPS que el mismo día 3 la ministra Cabanillas convocó al estado mayor de la institución para coordinar el plan represivo.
Cabanillas resolvió el operativo en reunión con el director de la policía, general José Sánchez Farfán, con el jefe de de operaciones especiales (Diroes), general Luis Muguruza Delgado, y el de operaciones policiales (Direop), general Bernabé Garavito Berrocal.
[related_articles]
El general Muguruza viajó a Bagua al día siguiente para ponerse al mando de la misión y al amanecer del día 5 comenzó el desalojo por la fuerza de la llamada Curva del Diablo, cerca de la ciudad de Bagua.
La acción se llevó a cabo, según las fuentes de la dirección de la policía nacional, a pesar de que dos jefes uniformados habían firmado en la zona de conflicto acuerdos de no agresión con los líderes de los indígenas.
El jefe de la policial IV Dirección Territorial de la Selva, general Javier Uribe, y el comandante del destacamento de seguridad de la Estación de Bombeo de Petróleo Número 6 de Petroperú, Miguel Montenegro, habían suscrito pactos con los indígenas para que, en caso de que el gobierno nacional ordenase la reapertura de la carretera, se les diera la oportunidad de abandonar el lugar de modo pacífico.
Pero Muguruza emprendió igualmente la ejecución del operativo, sorprendiendo a los millares de indígenas que desde sus alejadas comunidades se habían desplazado hasta Bagua para demandar al gobierno de García la derogación de las denominadas "leyes de la selva", que, según afirman, amenazan la propiedad sobre sus ancestrales territorios y los recursos naturales del lugar.
Alrededor de las 05:00 horas peruana de la mañana del día 5 un contingente de 600 efectivos de la Dinoes, con el respaldo de un helicóptero Mi-17, un vehículo blindado y provistos de bombas lacrimógenas y fusiles AKM, comenzaron el ataque para desbloquear el tramo conocido como Curva del Diablo, donde estaban concentrados los manifestantes, en su mayoría del pueblo awajún, uno de los más guerreros de la amazonía.
Policías que sobrevivieron al ataque de los indígenas que se registró en la cercana Estación de Bombeo de Petróleo, dijeron a IPS que éstos actuaron en represalia porque se incumplieron los acuerdos de no agresión.
Cuando comenzaron a caer las primeras víctimas a manos de la represión policial en Curva del Diablo, los indígenas rodearon a los 38 policías de la Estación de Petroperú al mando del comandante Montenegro, los despojaron de su armamento y los mantuvieron en condición de rehenes.
Al confirmar que la policía estaba matando a tiros a sus compañeros de protesta, traicionando así el acuerdo de paz que habían suscrito con las fuerzas policiales, los awajún procedieron a vengarse asesinando con sus lanzas hasta 12 policías de la Estación, incluido el comandante Montenegro.
En la Curva del Diablo, en tanto, fueron abatidos 10 indígenas y otros 12 policías. La comisión investigadora determinará si todos los uniformados fueron muertos por los manifestantes o por las propias balas de la fuerza pública de choque.
Como han informado los líderes awajún a la envida de IPS a la zona, el general Uribe les había dado su palabra de que les otorgaría la oportunidad de retirarse pacíficamente de la Curva del Diablo, pero la autoridad policial nacional incumplió y la represión se desplegó sobre los indígenas. Lo mismo hizo el comandante Montenegro.
"Nuestros superiores nos abandonaron", dijo a IPS un policía que formó parte del contingente que se encontraba en la Estación de Bombeo y que declaró con la condición de no revelar su identidad.
"Ellos sabían que manteníamos acuerdos de paz con los apus (jefes) indígenas. Nunca fuimos comunicados del operativo en Curva del Diablo. El comandante Montenegro sostenía un diálogo fluido con ellos. Incluso jugábamos fútbol, compartíamos algunos alimentos. La relación era de mutua confianza. No comprendo por qué no nos alertaron del operativo", indicó este policía.
"Cuando los indígenas escuchan por los aparatos de radio que en Curva del Diablo —que está a pocos minutos de distancia de la Estación de Bombeo Nº 6— nos rodearon y eran miles", narró.
"El comandante Montenegro nos ordenó que nos mantuviéramos serenos, pues disparar iba a resultar una carnicería. Los apus nos dijeron que los habíamos traicionado, pero el comandante les explicó que no sabíamos nada de la operación", prosiguió.
El uniformado recordó ante IPS que, "para evitar problemas, entregamos nuestras armas y los indígenas nos ataron de pies y manos".
"Pero cuando se enteran de que habían matado a varios indígenas en Curva del Diablo, cambian de actitud y nos trasladan a un local comunitario. Allí reciben la orden de matarnos. Yo, felizmente, pude escapar. Los altos mandos se olvidaron de nosotros. Si nos avisaban con anticipación de la operación, muchas vidas se pudieron haber salvado", añadió.
Otro efectivo policial sobreviviente de la Estación de Bombeo, que también pidió mantener su identidad en reserva como condición para ofrecer su testimonio a IPS, relató que el comandante Montenegro intentó explicar a los apus que la operación se ejecutaba sin su conocimiento, pero no le creyeron. "Además, él no sabía ni una palabra del idioma de los awajún", apuntó.
"El comandante Montenegro se esforzó en que los apus respetaran el acuerdo de paz, pero decían qué acuerdo de paz si están matando a nuestros hermanos en Curva del Diablo", narró el policía. "Yo quise usar mi fusil AKM, pero el comandante se opuso, dijo que los haría entrar en razón, que todo se aclararía, pero terminó asesinado junto con otros compañeros", precisó.
Todavía continúa desaparecido el mayor Felipe Bazán, por lo cual se teme que haya sido también asesinado.
Al difundirse la versión de los policías que sobrevivieron a la masacre en Bagua, la ministra Cabanillas negó haber ordenado la ejecución de la operación policial en esa área.
En una entrevista con el diario limeño La República dijo que el operativo "no lo decidí yo, lo decidió el comando policial". Preguntado si la orden la dio el presidente García o ella, contestó: "ninguno de los dos". Y cuando se le consultó si el alto mando de la policía había actuado por cuenta propia, respondió "sí".
Esta es precisamente una de las razones por las que la oposición planteó investigar en qué circunstancias fallecieron los 24 policías y los 10 indígenas en la selva, y qué responsabilidad tendrían el presidente García, su ministra Cabanillas y los jefes policiales.
La masacre de Bagua hundió en la crisis al gobierno de Perú, obligándolo a cambiar de postura y acceder a impulsar la derogación de las "leyes de la selva".
