Dos tiros en la cabeza disparados desde una camioneta mataron a Argenis Vásquez, dirigente de los trabajadores de Toyota, cuando salía de su casa en Cumaná, capital del estado venezolano de Sucre. Fue un caso más en el comienzo de otro mes sangriento para el sindicalismo de este país.
Un día antes, el lunes 4, había sido asesinado Keller Maneiro, de 29 años, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y la Madera en Ciudad Guayana, 500 kilómetros al sudeste de Caracas. Este dirigente fue sorprendido en el estacionamiento de un supermercado de esa urbe.
Un par de días después le llegó el fatal turno a un colega de Maneiro, pero dirigente de otro sindicato de la construcción de Guayana. Se trata de Sergio Davis, quien fue interceptado cuando conducía su automóvil en un camino rural por hombres que lo bajaron a golpes del vehículo y lo ejecutaron con un disparo en la cabeza, según narraron testigos.
Vásquez, quien era secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la ensambladora de automóviles de la firma japonesa Toyota, había organizado en abril una huelga en esa planta de Cumaná, ubicada 400 kilómetros al nordeste de Caracas.
Apenas saberse que había sido abatido, un grupo de enfurecidos obreros atacaron las instalaciones de la empresa y destrozaron portones, ventanales, garitas de vigilancia, quemaron dos vehículos y agredieron a uno de los supervisores e incluso a reporteros que cubrían el suceso.
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El gobernador estadual, Enrique Maestre, del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que el presidente Hugo Chávez y en el que también militaba Vásquez, expresó "preocupación porque el sicariato pueda haber llegado a nuestro estado (de) Sucre", en el extremo nororiental del país.
Unos trabajadores de Toyota cargan responsabilidades sobre la empresa. Otros dan cuenta de rivalidades por cuotas de poder dentro del mismo sindicato.
El jefe nacional de la policía judicial, Wilmer Flores, dirige las investigaciones, mientras veteranos policías destacan, con base en la experiencia de Guayana, que si media la acción de sicarios es difícil establecer la relación víctima-victimario.
La zona de Guayana es asiento de la industria pesada, con minería de hierro, bauxita y minerales preciosos, acero, aluminio e hidroelectricidad, y es plaza de construcción de puentes, represas y otras obras de infraestructura.
En lo que va de año han sido asesinados cuatro sindicalistas de la construcción, incluido uno baleado cuando estaba en un hospital guayanés.
Pedro Moreno, responsable de derechos humanos en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de tendencia opositora al gobierno, dijo a IPS que en la última década "más de 150 activistas han sido asesinados, y junto con la organización humanitaria Provea preparamos un informe que llevaremos a la Organización Internacional del Trabajo".
Provea señaló que en el período que va de octubre de 2007 a septiembre de 2008 se registraron 29 homicidios vinculados a la actividad sindical, aunque la cifra descendió respecto de los 53 asesinatos de igual período inmediatamente anterior.
"Además de hechos repudiables desde todo punto de vista, son una señal del debilitamiento del movimiento sindical y una amenaza para el ejercicio de los derechos de los trabajadores", sostuvo ante IPS el coordinador de Provea, Marino Alvarado.
Para Moreno, "se trata de crímenes cometidos por bandas organizadas en sindicatos creados por el oficialismo, que colocan trabajadores en empleos a cambio del primer mes de salario y otros pagos". "Cuando los activistas obreros se oponen a esas prácticas, entonces zanjan las diferencias a balazos", afirmó.
En noviembre pasado fueron asesinados, presuntamente por sicarios, tres activistas sindicales de la empresa de alimentos Alpina, de capital colombiano, en Villa de Cura, unos 100 kilómetros al occidente de Caracas.
Militaban en la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma, un grupo de apoyo crítico al gobierno de Chávez que actúa dentro de la central sindical de tendencia oficialista Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
En enero, la policía del oriental estado de Anzoátegui, gobernado por el oficialista Tarek Saab, disparó contra piquetes de obreros que ocupaban una planta de la ensambladora japonesa Mitsubishi con un saldo de dos trabajadores muertos.
"Dos trabajadores fallecidos. Eso me da muy duro en el corazón", dijo en esa oportunidad el presidente Chávez. "Hay que llevar a prisión a los responsables", agregó el mandatario.
Orlando Chirino, líder de la Corriente Clasista, replicó de seguidas que "no son suficientes los discursos, que afirman que se van a profundizar las investigaciones y que se castigará severamente a los responsables". "Lo ocurrido es un problema sistémico, de agresión a los trabajadores, y no un simple hecho aislado de exceso policial", puntualizó.
"Lo que ocurre en parte del mundo laboral venezolano es principalmente producto del descontrol que siguió a la casi disolución de los partidos políticos", observó ante la consulta de IPS Francisco Iturraspe, jefe de la cátedra de Derecho del Trabajo en la Universidad Central y directivo de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Desde que en los años 30 se organizaron partidos y sindicatos, "los primeros, especialmente el socialdemócrata Acción Democrática (AD), a través de sus burós sindicales, ejercían una disciplina sobre el movimiento obrero que se desmoronó al desmadejarse los partidos durante la década pasada", según Iturraspe.
Recordó que Enrique Tejera París, canciller en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), de AD, sostenía que sin la tutela de ese partido "los sindicatos en Venezuela entrarían en una guerra por el acceso a su parte en la renta petrolera".
El PSUV, dijo Iturraspe, "no tiene un aparato de control del movimiento de los trabajadores, que ha sido secundario para su práctica del poder, y eso se nota en las varias tendencias que pugnan por el control de la UNT y multiplican los sindicatos, al punto de que en Guayana hay una decena de sindicatos de la construcción, pro-oficialistas".
William Lizardo, secretario de la Federación de Trabajadores de la Construcción, comentó que "el Ministerio del Trabajo tiene responsabilidad, porque permitió y animó la conformación de sindicatos dirigidos por delincuentes o retirados de las empresas por mala conducta, buscando desplazar a los sindicatos tradicionales".
Destacó que, frente a los 24 sindicatos de la construcción, uno por cada región, que existían en el país para 2002, ahora existen unos 150 "que pugnan porque sus afiliados sean favorecido con el cupo de labor en alguna obra".
"Ello es patente en Guayana, donde el desempleo duplica la tasa nacional (que fue de 7,3 por ciento de la población económicamente activa en marzo) y miles de trabajadores acuden a los portones en busca de empleo, resultando víctimas de mafias inescrupulosas cobijadas dentro de la proliferación sindical", dijo a IPS Víctor Moreno, presidente de la federación sindical regional.
Por su parte, la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, sostuvo que "cuando empezamos en el gobierno (en 1999) teníamos (en Venezuela) aproximadamente 1.300 sindicatos y hoy tenemos cerca de 6.000. Eso quiere decir que somos un país donde hay libertad sindical".
"Nunca ha habido tantas organizaciones sindicales y nunca han sido tan escuchadas como ahora", aseguró.
"Estas organizaciones están madurando, tratando de construir una realidad distinta, que tiene que ver con lo meramente reivindicativo y con dar el salto político para ubicarse en planteamientos que tienen que ver con la gestión de las empresas, con decisiones en torno a producción. Es decir, asumir su papel de la clase trabajadora para la construcción del socialismo", añadió.
