Un estudio realizado por investigadoras de Argentina y España señala que las medidas de acción afirmativa no son suficientes para garantizar iguales oportunidades de acceso a puestos de decisión entre hombres y mujeres. Es necesario crear mayor conciencia social al respecto.
"Las medidas de paridad legislativa, si no son acompañadas por los partidos políticos y por prácticas de sensibilización en la sociedad civil, no alcanzan", dijo a IPS Patricia Gómez, licenciada en Ciencia Política de la estatal Universidad de Buenos Aires y Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía.
Gómez es co-autora de "Impacto de las medidas de paridad en los Gobiernos Locales. Estudio comparado entre Catalunya y Buenos Aires", presentado esta semana en la capital argentina desde la Comisión Especial de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
En la elaboración del estudio, respaldado por el Centro Eurolatinoamericano Mujeres y Ciudad, intervinieron además de Gómez, Marta Corcoy, de la Universidad Autónoma de Barcelona, la doctora en filosofía Diana Mafia, de la estatal Universidad de Buenos Aires, y la socióloga argentina Dora Barrancos.
El trabajo sostiene que tres décadas después de la recuperación de la democracia en Argentina y España hay mayor participación de mujeres en la vida pública, pero "ello no garantiza la equidad en las relaciones de poder ni que la defensa y promoción de sus derechos forme parte de las prioridades políticas de los gobiernos locales".
El objetivo de la investigación era analizar el impacto de las medidas legislativas de igualdad o acción afirmativa en el acceso a puestos de toma de decisión en gobiernos locales. Más precisamente, la ley de cupo en Argentina (1993) y la más reciente ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, de España (2007).
Las autoras se propusieron asimismo medir fortalezas y debilidades de elegibilidad de las mujeres para el acceso y permanencia en los puestos, y sugerir incentivos y oportunidades para que los gobiernos locales promuevan la paridad.
Partieron de una hipótesis principal que reza que las medidas de acción afirmativa, como la ley de cupo o la ley de igualdad española, aumentan la probabilidad de incorporación de mujeres en los gobiernos y colaboran en su elegibilidad. Pero también buscaron probar otras hipótesis.
Si el sistema electoral y el tamaño de las poblaciones a gobernar inciden en sus posibilidades, si la presencia de mujeres en las listas garantiza por si mismo el acceso a los cargos, y si las medidas de paridad deberían ser acompañadas de políticas de sensibilización "para ser asumidas como un reto y no como imposición normativa".
Para el estudio se tomó como unidad de análisis la Comunidad Autónoma de Cataluña, una de las 17 que conforman España, con sus 946 municipios, y los 134 de la provincia de Buenos Aires, el estado más populoso de Argentina, y uno de los distritos en los que está vigente la ley de cupo legislativo desde hace más de una década.
La investigación confirmó parcialmente la hipótesis principal. Las medidas de acción afirmativa aumentan, sí, las probabilidades de incorporación de mujeres y su elegibilidad, escriben las autoras.
En Cataluña, las últimas elecciones sin ley de Igualdad fueron en 2003 y entonces las mujeres alcaldesas eran 10 por ciento. En 2007, con la nueva norma que favorece la mayor participación de mujeres, proponiendo que haya al menos 40 por ciento de ellas en las listas, ese porcentaje subió a casi 13 por ciento.
En la provincia de Buenos Aires, lo que se observa es un aumento de la proporción de mujeres elegidas para los concejos comunales producto de la imposición normativa— y pocos cambios a nivel del ejecutivo municipal, donde son minoría con apenas 4,5 por ciento de mujeres intendentes.
Con la ley, las mujeres en los legislativos comunales de la provincia argentina pasaron de 14,8 por ciento en 1993 a 33,5 por ciento en 1997, y luego se observó un estancamiento de participación, explicó Gómez. En 2007, el porcentaje estaba en 32,3 por ciento, un punto porcentual por debajo de la última medición.
"En Argentina se ve un pico de participación con la ley y luego un amesetamiento. Eso indica que se está ante un punto de llegada y no de partida como debería ser", advirtió la académica. El espíritu de la ley de cupo sostiene que la cuota de 30 por ciento de la lista es un piso mínimo, no un techo de participación.
Por su parte, a nivel Ejecutivo, donde no hay cuotas porque el cargo es unipersonal, las mujeres siguen siendo marginadas. De 0,8 por ciento en 1993 se pasó a tres por ciento en 1997 y a apenas 4,5 por ciento 10 años después. "Asumen más donde hay poca población y presupuesto, y mucho trabajo", según Gómez.
En cambio en Cataluña, si bien no se sancionó una ley de cuotas, el cambio partió de los partidos políticos que empezaron a dar mayores oportunidades de participación a las mujeres aún antes de la sanción de la ley de Igualdad, que vino a coronar ese proceso.
Todo ello confirma algunas de las hipótesis secundarias del trabajo. Una, la que sugería que el sistema electoral incide directamente en las posibilidades de que las mujeres resulten electas para puestos de responsabilidad gubernamental. Con listas plurinominales tienen más chances que en competencia por cargos unipersonales.
Y otra hipótesis que es la que sostenía la necesidad de implementar políticas de sensibilización para evitar que los cambios sean solo producto de la imposición legal.
