El asesinato el 10 de mayo del abogado Rodrigo Rosenberg, que estremeció a Guatemala, provocó inusitadas protestas populares y un sinfín de repudios y demandas de justicia, podría abrir la puerta hacia cambios profundos en las instituciones de este país, creen algunos.
La atención mediática sobre la muerte de Rosenberg, de 48 años y con larga trayectoria académica y de asesoría a empresas, llegó a buena parte del mundo y no era para menos.
Tres días antes de ser asesinado mientras paseaba en bicicleta cerca de su residencia, Rosenberg grabó un vídeo en el que responsabilizó de su inminente muerte al presidente Álvaro Colom, a su esposa y a altos funcionarios de gobierno.
"Lamentablemente si usted está viendo este video, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom", dijo a la cámara el abogado graduado en las universidades de Harvard y Cambridge.
En la cinta el jurista acusa a la esposa de Colom, Sandra Torres, a su secretario privado, Gustavo Alejos, y al empresario Gregorio Valdez, vinculado al gobierno, de defender negocios fraudulentos en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) de capital mixto.
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"La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Mussa y de su hija Marjorie Mussa, quienes fueron cobardemente asesinados" el 14 de abril, supuestamente por negarse a encubrir negocios en esa "cueva de ladrones que es Banrural", dijo Rosenberg en la grabación.
Con ayuda de los medios electrónicos, el vídeo recorrió el mundo y provocó múltiples reacciones. En Guatemala miles de personas salieron a las calles para exigir justicia y el cese de la violencia.
La Unión Europea expresó su preocupación. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, incluso visitó el país el 24 de mayo y abogó por el diálogo y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Colom negó de inmediato su participación en los hechos, movilizó a sus seguidores y cabildeó en el ámbito internacional para conseguir respaldo.
Mientras, la investigación ha comenzado en manos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada en 2007 por acuerdo entre el gobierno y la ONU y presidida por el jurista español Carlos Castresana.
Las presiones originadas por la crisis obligaron al Poder Legislativo a aprobar la Ley de Comisiones de Postulación, que establece procedimientos para hacer transparentes la selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral.
"Hubo una presión muy importante de la población porque el momento era propicio. El presidente finalmente tuvo que ceder" y aceptar la ley, dijo a IPS la diputada que presentó el proyecto, la opositora Nineth Montenegro, del partido izquierdista Encuentro por Guatemala.
La analista Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dedicada a la defensa de derechos humanos, cree que el logro más concreto derivado de la crisis ha sido en materia de justicia.
"Ojalá que haya un impulso de largo aliento para vigilar esta elección de magistrados —que se realizará entre el 12 de junio y el 12 de julio— y que se proyecte cuando se elija al fiscal general", dijo Ibarra a IPS.
Si bien el crimen de Rosenberg dio pie a intensas demandas sociales, los cambios estructurales sólo serán posibles en la medida en que la presión popular subsista, según Montenegro. "Este caso puede servir para hacer reformas a fondo, pero tiene que ver con la capacidad de fuerza y movilización de la sociedad guatemalteca", afirmó.
Llamó la atención la participación juvenil en las manifestaciones. "Es interesante ver a jóvenes protestando en las calles. Están rechazando a los dirigentes tradicionales, hecho que podría gestar nuevos liderazgos", señaló Ibarra.
Para Marco Antonio Barahona, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, "se trata de una nueva conducta política, no partidista sino ciudadana, provocada por la vergüenza que causó en la población la muerte de Rosenberg", dijo a IPS.
Pero otros ven con mayor escepticismo los cambios que podría desencadenar por sí solo el escándalo del crimen.
Uno de los hechos que ha desatado más dudas fue el papel que jugaron Luis Mendizábal, quien recomendó a Rosenberg grabar el vídeo y lo distribuyó en su funeral, y Mario David García, quien lo grabó. Ambos de tendencia derechista, estuvieron involucrados en el golpe de Estado contra el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990).
A esto se suma la participación de simpatizantes de grupos conservadores en las manifestaciones contra el presidente Colom.
"No creo que sea un caso que desate el nudo y desencadene una reforma del sistema institucional. La única forma de generar estos cambios es a través de la población marginada, que ha sufrido las consecuencias de la pobreza y la represión", dijo a IPS Víctor Gudiel, coordinador de la no gubernamental Fundación para la Juventud.
En Guatemala, de 12,7 millones de habitantes, la violencia y la persistencia de grupos paramilitares parecen vinculadas a rémoras de la guerra civil (1960-1996) que dejó 200.000 víctimas.
De acuerdo con el dirigente, en las protestas contra Colom hay representados intereses de un "pequeño grupo" de la población. Más allá de estas expresiones, los jóvenes apuestan por un diálogo franco de todos los sectores sociales con el gobierno, en el cual se busquen soluciones y se beneficie a la mayoría, según Gudiel.
Al parecer, la gente común ve la situación con escepticismo. Eva Aragón, de 34 años y asistente administrativa en la capital, cree que "todo va a seguir igual. En el país reina la corrupción y los funcionarios únicamente están viendo el derecho de su nariz", dijo.
Yesenia Molina, una profesora de 20 años que trabaja en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México, cree que difícilmente surjan soluciones. "En vez de hacer manifestaciones, deberían hacer una propuesta de cómo mejorar el país. Además, el presidente no lo puede resolver todo", dijo a IPS.
Las protestas continúan. Los resultados de las pesquisas de la Cicig serán claves para marcar una nueva etapa en materia de justicia, según Mario Minera, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos. "Deberían ser para fortalecer el Estado de derecho y no para llevar a alguien a la hoguera", dijo a IPS.
El propósito de la Cicig, una entidad sin precedentes en el mundo, es reforzar el sistema de justicia de este país centroamericano afectado por altos índices de violencia, criminalidad y corrupción en las instituciones estatales.
Hay quienes dicen que ésta será la prueba de fuego de la Cicig. Castresana, su titular, ha pedido "calma, serenidad y un poquito de paciencia" en tanto duran las pesquisas.
El asesinato de Rosenberg puede convertirse en un punto de inflexión o bien engrosar las estadísticas de crímenes sin castigo en Guatemala.
