En medio de acusaciones contra el gobierno de Zimbabwe por corrupción y violaciones de derechos humanos, arrecian las campañas internacionales contra la compra de diamantes procedentes de ese inestable país.
La preocupación se concentra en la oriental provincia de Manicaland, donde se encuentran los vastos yacimientos de diamantes de Marange, en el distrito de Chiadzwa.
La Federación Mundial de Bolsas de Diamantes (WFDB, por sus siglas en inglés), que regula el comercio mundial de esas gemas, aconsejó en abril a sus 28 afiliadas "tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que no comercien, ni directa ni indirectamente", las procedentes del depósito de Marange, en Zimbabwe.
"Como representamos la responsabilidad, la integridad y la transparencia, queremos asegurarnos de tomar todas las medidas para garantizar que nuestros miembros realicen negocios del modo más responsable posible", dijo a IPS Michael H. Vaughan, director ejecutivo de WFBD.
La WFDB tomó esa decisión luego de un informe de Partnership Africa Canada (PAC), organización con sede en Ottawa dedicada a cuestiones de política exterior y muy crítica del gobierno del presidente Robert Mugabe por su manejo de las reservas de diamantes de Zimbabwe.
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El estudio, presentado en marzo y titulado "Zimbabwe, Diamonds and the Wrong Side of History" ("Zimbabwe, diamantes y el lado equivocado de la historia"), concluye que ese país ya no es capaz de manejar ese sector de la minería "de modo consistente con el respeto por los derechos humanos".
La empresa diamantífera De Beers, de origen sudafricano, tuvo los derechos de exploración sobre los yacimientos de Marange desde comienzos de los años 80 hasta 2006. Luego los adquirió la firma African Consolidated Resources.
Ese año, las autoridades de Zimbabwe tomaron el control de las minas y evacuaron a todo el personal de la compañía. La situación se ha prolongado hasta ahora, a pesar de que African Consolidated Resources ganó un caso judicial para recuperar el control de las minas.
La minería informal es una práctica común allí desde 2006. En octubre de 2008, el comandante de la fuerza aérea Perence Shiri, primo de Mugabe, lideró una incursión militar a Marange para reafirmar el control del gobierno. En el ataque murieron decenas de personas.
Ahora, los yacimientos de diamantes parecen guarniciones militares. Quienes realizan las operaciones mineras son soldados y pobladores de las cercanías forzados a trabajar por el ejército.
Antes del ataque contra Marange, entre 1983 y 1984 Shiri fue más conocido como comandante de la ahora extinta Quinta Brigada de Zimbabwe, entrenada por Corea del Norte. En esa etapa acometió una lucha sin cuartel por toda la occidental región de Matabeleland.
Por entonces, la región era un centro de apoyo del partido de la Unión del Pueblo Africano, rival de la Unión Nacional Africana de Mugabe.
En 1997, un informe de la Comisión Católica para la Justicia y la Paz en Zimbabwe consideró "indiscutible que miles de civiles no armados fallecieron, fueron golpeados o sufrieron pérdida de propiedad" en los ataques de los años 80 en la campaña de terror estatal que se conoció como Gukurahundi.
La Unión Europea le ha prohibido a Shiri visitar los países del bloque desde 2002.
En cuanto a Marange, "los informes son muy preocupantes", entre ellos los relativos al "uso de una violencia bastante difundida a manos de las autoridades", dijo la activista Annie Dunnebacke, de la organización no gubernamental Global Witness.
Global Witness, con sede en Londres, tiene la finalidad de demostrar que los recursos naturales de diversos países se utilizan para financiar conflictos.
El PAC y Global Witness han solicitado al Proceso de Kimberley —programa diseñado para garantizar que los diamantes tengan certificado de origen— que expulse a Zimbabwe de su mecanismo.
Aunque un equipo de evaluación del Proceso de Kimberley concluyó en mayo de 2007 que en Marange se estaban realizando pocas operaciones mineras, su relativa inactividad respecto de Zimbabwe fue objeto de graves críticas en los últimos meses.
"En los últimos tres o cuatro años, el Proceso de Kimberley ha funcionado a los tropezones al tratar asuntos controvertidos", sostuvo Ian Smillie, experto del PAC.
Sus miembros "parecen no estar dispuestos a intervenir en ningún tipo de controversia, y preferirían hacer de cuenta que está todo bien hasta que se convierta en un fenómeno mediático destacado", agregó.
El viceministro de Minas de Namibia, Bernhard Esau, hoy a cargo de la presidencia de la secretaría rotativa del Proceso de Kimberley, se reunió en marzo con funcionarios de Zimbabwe al visitar el país en misión de investigación.
Según los críticos, Esau no hizo ningún contacto con ninguna figura independiente sobre las condiciones en que se desarrolla la minería en el país.
Esau canceló una entrevista programada con IPS a propósito de Zimbabwe, pero en una declaración pública posterior al viaje escribió que suspender a ese país del Proceso de Kimberley "solamente exacerbaría los problemas" y que "estos diamantes seguirán penetrando el comercio legítimo".
Además de las acusaciones de violencia en Marange, el manejo de las reservas de diamante de Zimbabwe también pasó a un primer plano en el debate sobre el futuro del país en el Proceso de Kimberley.
Según las estadísticas del gobierno de Zimbabwe sobre minería y exportaciones, el país posee una reserva diamantífera equivalente a unos 150 millones de dólares, cifra aun más alta si se le sumaran los datos conocidos el año pasado.
Pero, dada la crisis económica, muchos dudan, incluso, de que esas reservas realmente existan.
Además, a los últimos tres ministros de Minas —Amos Midzi (2004-2009), Sydney Sekeramayi (enero 2009-febrero 2009) y Obert Mpofu (en funciones desde febrero)— se les ha prohibido viajar a Estados Unidos y la Unión Europea.
El bloque los consideró "activamente comprometidos en la violencia o en violaciones de derechos humanos".
Con un panorama tan lúgubre, se teme que el contrabando minero se haya vuelto una práctica usual.
En septiembre de 2008, dos ciudadanos libaneses fueron arrestados en el occidental estado indio de Gujarat —centro de la industria diamantífera de India— con el equivalente a 800.000 dólares en diamantes en bruto sin documentación válida. Los detenidos declararon que las piedras procedían de Zimbabwe.
Un mes después, una mujer zimbabwense fue interceptada mientras se encontraba en tránsito en el aeropuerto de Dubai, con una carga de diamantes de 1,2 millones de dólares.
