En medio de la guerra interna y la represión contra comunidades del Caguán, en el sur de Colombia, éstas insisten en convocar foros y denunciar atropellos a los derechos humanos. ¿Por qué?
La cárcel podría ser el destino de 96 habitantes del Caguán, muchos de ellos líderes locales, sobre los cuales se filtró en los últimos días un informe de inteligencia militar que los acusa de trabajar para la guerrilla.
"O, por fin, ustedes aprenden a respetarnos". Cuando pronuncia la última frase, dirigida a un oficial del ejército, se dibuja una sonrisa en el rostro jovial de Feliciano Sánchez, desplazado en 2004 de su casa en Peñas Coloradas, poblado a orillas del río Caguán, en el sureño departamento de Caquetá. A su lado asiente José Yezid Doncel, de 58 años, quien figura entre los 96 del informe de inteligencia.
Sánchez y Doncel descubrieron que habían dado una respuesta idéntica cuando, cada uno en lugares distintos, pero por la misma época, algún oficial del ejército les preguntaba por qué persistían en buscarse problemas, organizando foros y misiones humanitarias que recogen y divulgan testimonios de víctimas de atropellos en esta zona de guerra.
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Los dos activistas pertenecen a Asojuntas, una organización comunitaria del municipio de Cartagena del Chairá.
"Noventa por ciento de la gente entre los 14 y los 90 años está afiliada" a Asojuntas, dice Doncel, su presidente, sobre la población de Cartagena del Chairá. Son unos 25.000 miembros organizados en 187 Juntas de Acción Comunal (JAC), una por cada vereda, o vecindario rural, de ese municipio de 13.622 kilómetros cuadrados situado al norte de Florencia, la capital departamental.
Las JAC, reconocidas por ley en todo el país, cumplen en el valle del Caguán roles que en otros lugares asumen las autoridades: organizar la escuela, construir o reparar caminos y puentes, generar fuentes de ingreso, solucionar rencillas, entre otras tareas no menos importantes en la zona, donde el Estado está ausente.
Asojuntas se alió esta vez con la no gubernamental Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, entre otras organizaciones, para convocar la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad del Departamento del Caquetá, que sesionó el sábado en Florencia.
Caguán Vive es el capítulo departamental del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Su fundador, Joel Pérez, fue desaparecido el 8 de marzo del año pasado. Su cadáver apareció en diciembre, aún humeante, tras ser quemado, apuñaleado, decapitado, con dos balas en el cráneo y las piernas fracturadas, a pocos kilómetros de San Vicente del Caguán, en la vía que une a esa población con el vecino pueblo de Puerto Rico, en un tramo que tiene 15 retenes militares.
Debido a la lentitud de las autoridades, los restos de Pérez permanecen enterrados como sin identidad (NN) en el cementerio de San Vicente, ciudad de la que fue concejal (legislador local). También fue presidente de la JAC Vegas-Bajo Pato, fundador y presidente de la Asociación Ambiental del Bajo Pato y miembro del Comité Municipal de Ganaderos.
En 10 audiencias celebradas en distintos puntos de este país andino desde diciembre de 2006, el Movice ha propiciado la divulgación de más de 1.000 testimonios de víctimas de fuerzas estatales en el longevo conflicto colombiano.
El Movice promueve esas audiencias "confiando en que la participación directa de las víctimas se traduzca en un elemento esencial para la identificación de los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado", una categoría que el gobierno rechaza.
Según el reglamento de cada audiencia, cuando las víctimas suben al estrado a relatar su drama se prohíbe tomar fotos y las cámaras se apagan, a excepción de una que registra todo lo ocurrido y entrega el material a una comisión del parlamento.
Luego, algunos parlamentarios, hasta ahora siempre opositores, se encargan de presentar diferentes denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, o llevan los casos ante la Procuraduría General, una instancia disciplinaria.
Pocas víctimas se atreven a hablar en público. En la audiencia de Florencia, hubo 23 testimonios, varios en medio del llanto. Pero 62 denuncias adicionales fueron documentadas en forma paralela en las afueras del auditorio de la Universidad de la Amazonia, que fue sede del encuentro.
Quienes reciben estas denuncias demoran en promedio 45 minutos dialogando con la persona que las efectúa.
"Lo importante no es llenar el formato", dijo a IPS Óscar Gómez, de la Corporación AVRE, organización humanitaria que asiste la salud mental de víctimas antes y durante la audiencia y luego les hace seguimiento.
En las últimas cuatro audiencias, AVRE ha apoyado al Movice en el área psicosocial, para que cada una sea "como un entorno protector para la víctima", que permita a la persona atreverse hablar, y, lo que es más importante, un lugar donde ésta encuentre las condiciones para dar un paso más allá del llanto, y reclame justicia, dijo Gómez.
Algo característico de la audiencia de Florencia fue que permitió palpar cómo el conflicto colombiano abarca ya varias generaciones. Había una anciana cuya madre fue víctima de la guerra de los años 40 y 50, conocida como La Violencia, y a su vez ella denunciaba el asesinato de su hijo.
De esa saga son hijas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) surgidas en 1964. La localidad de El Pato, en parte jurisdicción de San Vicente, fue precisamente una de sus cunas. El mismo año nació el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por influencia de la Revolución Cubana.
Esta tierra calurosa, feraz, húmeda y en gran parte aún selvática, en la esquina noroccidental de la Amazonia, es de una belleza que quita el aliento. Pero el mundo no conoce por eso al Caguán.
Esta región fue sede, durante tres años, de diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC.
Pastrana desmilitarizó 42.000 kilómetros cuadrados en torno al Caguán, pero nunca hubo tregua en el resto del país.
Las FARC aprovecharon el plazo para fortalecerse, dicen unos. El gobierno gestionó entretanto la intervención estadounidense en el conflicto, rememoran otros.
El resultado más palpable fue el Plan Colombia, una estrategia contrainsurgente diseñada, financiada y asesorada por Washington, que buscó atacar los cultivos de coca —materia prima de la cocaína— para "quitarle el agua al pez": el pez es la guerrilla y el agua, la población que convive con ella en estos territorios olvidados.
A partir de 2000 han fluido a la guerra colombiana 5.179 millones de dólares por cuenta del Plan Colombia.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó interés en continuar el Plan Colombia, y propuso para 2010 una partida de asistencia militar y policial que rondaría los 268 millones de dólares, según Adam Isacson, del estadounidense Center for Internacional Policy, con sede en Washington.
La suma destinada a esta ayuda se reduce progresivamente, como estaba previsto desde el gobierno del antecesor de Obama, George W. Bush (2001-2009).
El Plan Colombia se inauguró en Putumayo, departamento vecino de Caquetá por el sur.
El sistema satelital brasileño de monitoreo de incendios forestales de la Amazonia registraba a finales de febrero de 2002 centenares de puntitos rojos en todo el Caquetá, y algunas grandes manchas del mismo color al occidente de la sede de los diálogos.
Eran los bombardeos instantáneos y masivos que sucedieron a la ruptura de las negociaciones del Caguán, y que marcaron el ingreso del Plan Colombia al Caquetá.
Detrás de los bombardeos, llegó la Brigada 12 del ejército, con sede en Florencia, al mando de Guillermo Quiñónez, quien sería más tarde jefe del Estado Mayor de esa fuerza.
Quiñónez fue ascendido a general un mes antes de ser llamado sorpresivamente a retiro el 20 de diciembre de 2008, en medio de una fuerte presión internacional por esclarecer y sancionar un sinnúmero de ejecuciones de civiles en todo el país, que luego son reportadas por el ejército como bajas de guerrilleros en combate.
Después del "ablandamiento" practicado por Quiñónez, como lo describió en términos elogiosos el diario bogotano El Tiempo, y sumado a intensas fumigaciones aéreas con una mezcla potenciada del herbicida glifosato sobre las zonas cocaleras, llegaron las fuerzas especiales del ejército.
En abril de 2003, las FARC develaron el inicio del Plan Patriota, una vasta ofensiva militar que luego cambió su nombre por Plan Consolidación, siempre con financiación estadounidense.
Según Caguán Vive, en Caquetá y en el vecino departamento del Guaviare operan en total 35.000 militares.
A su vez, la guerrilla obstaculiza o prohíbe la entrada de misiones médicas al Caguán. Eso sin contar los múltiples ataques y amenazas contra políticos que se oponen a sus designios, en otras zonas del Caquetá.
La bonanza de la coca, desde 1980, llevó montañas de dinero y nubes de buscadores de fortuna a la región. Tras la represión, mucha gente se fue.
De los 450.000 habitantes que tenía Caquetá a comienzos de este siglo, 145.660 están desplazados, lo que equivale a 32 por ciento, "casi la población del Chairá o de San Vicente del Caguán", dijo la senadora del Partido Comunista, Gloria Inés Ramírez, de la Comisión de Paz del Senado, única parlamentaria presente en la Audiencia por la Verdad.
En la audiencia se denunció que el ejército somete a la población a bloqueos económicos y sanitarios, racionando el ingreso de alimentos y medicinas.
Los militares emprenden detenciones masivas y arbitrarias, esposando a mujeres y hombres delante de sus hijos, sostuvo Nubia Perdomo, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Remolino del Caguán, capturada en ese poblado junto con otras 24 personas el 11 de mayo de 2008.
Una tras otra, madres estremecidas relataron la ejecución de sus hijos, que fueron presentados luego por el ejército como guerrilleros muertos en combate.
El lunes, todos los delegados del Bajo y Medio Caguán que habían acudido a la audiencia, incluidos Doncel y Sánchez, de Asojuntas, lograron que la Asamblea Departamental legislativa fijara para el 18 de junio un debate sobre la situación de derechos humanos en la zona. Tomarán parte todas las organizaciones sociales del Caquetá, supo IPS.
Además, la senadora Ramírez se comprometió a convocar un debate parlamentario para reclamar la responsabilidad de las autoridades pertinentes sobre sus acciones y omisiones en la región.
