Otros cuatro países se unieron a la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que se propone fijar normas concretas para una clara gestión de los ingresos procedentes de la explotación de gas, petróleo y minería.
Albania, Burkina Faso, Mozambique y Zambia se incorporaron a la lista de 25 países que aspiran a implementar el proceso de la EITI, anunció el lunes en Washington la junta directiva de la iniciativa.
Los países candidatos son Costa de Marfil, Camerún, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Níger, Nigeria, Noruega, Perú, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, República de Kirguistán, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Tanzania, Timor Oriental y Yemen.
"La EITI ofrece a gobiernos y ciudadanos un muy necesario programa para legitimar el diálogo sobre la gestión de recursos naturales", señaló Karin Lissakers, directora del Revenue Watch Institute (Instituto de Vigilancia de Ingresos).
"Sin un intercambio saludable entre sociedad civil y políticos, los países ricos en minerales y petróleo seguirán siendo los más vulnerables a todas las formas de explotación social, política y económica y a sufrir disturbios sociales", apuntó.
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La junta directiva de la EITI mantuvo una serie de reuniones con diversos actores en Washington la semana pasada con el auspicio del Banco Mundial, que respalda la iniciativa desde que fue presentada en 2002.
"Me entusiasma que más países de África y otras regiones se unan a la EITI y reconozcan los beneficios de lograr una mayor transparencia en el sector de las industrias extractivas", señaló Somit Varma, director de petróleo, gas y minería del Banco Mundial.
"Pero sólo habrá resultados si los países asumen un compromiso total con esta iniciativa voluntaria. El Banco Mundial está dispuesto a ofrecer ayuda a los gobiernos", apuntó.
También se informó que tres nuevos países serán donantes de la EITI a través de ese organismo multilateral de crédito.
Diez países y la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, financian el Fideicomiso de la EITI, administrado por el Banco Mundial, para brindar asistencia técnica en la implementación del proceso.
Los 10 países son Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Noruega.
Finlandia se incorporó hace poco al grupo de donantes y en breve le seguirán Estados Unidos y Suiza.
Un importante asunto de discusión fue la planificación de la validación de la EITI, el mecanismo mediante el cual se supervisará la implementación del programa en cada país. Los 21 candidatos tienen plazo hasta marzo de 2010 para completar el proceso.
Mediante la EITI, los países reúnen a representantes de compañías, de la sociedad civil y de gobiernos para supervisar y rendir cuentas de los pagos que las autoridades reciben de las empresas que operan en sus territorios.
Los países que cumplieron con los indicadores operativos y de comunicación fijados por las pautas de la EITI y completaron el riguroso proceso de validación son considerados como respetuosos de la iniciativa, es decir que los estándares de información de sus ingresos vinculados con las industrias extractivas alcanzaron un mayor grado de transparencia.
Azerbaiyán, rico en petróleo, fue nombrado en febrero el primer país respetuoso de la EITI.
"Es admirable ver el esfuerzo de los países que implementan la EITI y se preparan para la validación y están dispuestos a cumplir con sus estándares. La comunidad internacional valora y respalda el trabajo realizado por los gobiernos y los otros actores", señaló el presidente de la junta directiva de la iniciativa, Peter Eigen.
Alrededor de 3.500 millones de personas viven en países con abundante petróleo, gas y minerales, según el Banco Mundial.
La abundancia de recursos naturales de África causó tal sufrimiento que se la ha llamado la "maldición de los recursos". La exportación de esos bienes contribuyó a propagar la pobreza, la corrupción, el conflicto y la degradación ambiental en todo el continente.
La penosa situación de África fue expuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000 cuando se reconoció que la explotación de diamantes, a menudo llamados "diamantes de la guerra" o "diamantes sangrientos", es un factor crucial de las brutales guerras del continente.
En Angola y Sierra Leona, los diamantes de la guerra financiaron la compra de armas y otras actividades ilegales de organizaciones rebeldes.
En la República Democrática del Congo (RDC), los grupos armados se aprovechan de la venta de minerales como estaño, tántalo, tungsteno y oro, empleados en la fabricación de productos electrónicos en todo el mundo, controlando las minas y las fronteras, lo que les permite cobrar sobornos, o "impuestos de guerra", a transportistas y compradores locales e internacionales.
Los países que integran la EITI la consideran una oportunidad para atraer a los tan necesarios inversores extranjeros, que disminuyeron a causa de la actual crisis financiera internacional.
"Las empresas mineras son socias indispensables del desarrollo", señaló Ernest Bai Koroma, presidente de Sierra Leona, con motivo de una ceremonia de la empresa African Minerals Limited.
"La colaboración entre ellas y el gobierno funciona mejor en un ambiente de confianza e integridad", señaló. "Por eso mi gobierno decidió aumentar la transparencia en materia de explotación de los recursos minerales sumándonos a la EITI".
Pero algunos actores sostienen que si realmente se aspira a que la población se beneficie de los recursos nacionales, todos los actores de la industria extractiva deben ponerse de acuerdo para divulgar toda la información pertinente.
"Integrarse a la EITI es un primer paso y envía una fuerte señal respecto del compromiso de un gobierno con la transparencia", escribió Obiageli Katryn Ezekwesili, vicepresidenta del Banco Mundial en África, en un artículo editorial del periódico The Independent.
"Para que los ciudadanos se beneficien de la industria extractiva, todo el proceso debe ser transparente, desde la concesión de contratos, pasando por cómo se cobran impuestos y regalías, hasta cómo se deciden las inversiones y cómo se ejecutan", añadió.
En un intento de contener el flujo de dinero que alimenta la brutal guerra civil de RDC, el 23 de abril se presentó en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista que obligaría a las empresas estadounidenses a rastrear y divulgar el país de origen de los minerales que se emplean para fabricar productos electrónicos.
Si es aprobada, la Congo Conflict Minerals Act (Ley sobre Minerales en el Conflicto del Congo) obligará a las empresas estadounidenses de productos electrónicos que usan estaño, tántalo o tungsteno a revelar el país de origen de esas materias primas a la Comisión de Valores y Cambio.
La norma también dispondría que el Departamento de Estado (cancillería) controle el financiamiento de los grupos armados en zonas ricas en minerales del este de RDC.
