Tribunales de Venezuela ordenaron la captura de Manuel Rosales, el principal líder de la oposición que se refugió en Perú, de un ex gobernador regional disidente del oficialismo y de la esposa de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
La Fiscalía, además, anunció que acusará a Juan Barreto, un partidario del presidente venezolano Hugo Chávez que fue alcalde metropolitano de Caracas entre 2004 y 2008. Las medidas se dictaron la última semana y en todos los casos se presume corrupción.
A comienzos de este mes fue detenido, por presuntas fallas en sus cuentas cuando fue ministro de Defensa en 2006-2007, el general retirado Raúl Baduel, artífice de la restitución de Chávez a la presidencia al desbaratar el complot cívico militar responsable del golpe de Estado de abril de 2002.
En la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), en la que 156 de sus 167 diputados responden al gobierno, se anunciaron investigaciones contra los gobernadores Pablo Pérez, del noroccidental estado de Zulia, César Pérez Vivas, del sudoccidental Táchira, y Henrique Fernando Salas, del central Carabobo, tres de los cuatro opositores a Chávez que ganaron las elecciones regionales de noviembre.
"Todo corrupto que aparezca en el radar tiene que ser enjuiciado y condenado, Guerra a la impunidad, sea quien sea", proclamó este viernes el presidente Chávez.
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A su vez, su ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, aclaró que "aquí no hay perseguidos políticos, sino imputados por causas previstas en la ley anticorrupción". "Las personas que han tenido una responsabilidad pública deben dar la cara ante la justicia", añadió.
Las autoridades venezolanas solicitaron a Interpol (policía internacional) el arresto de Rosales.
La oposición política y mediática sostuvo que no sólo hay interés político en estas actuaciones sino represalia. Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, dijo que "de fuera de Venezuela nos preguntan cómo es posible que se enjuicie por presunta corrupción nada menos que a Rosales, quien disputó la candidatura presidencial a Chávez".
Robert Bottome, de Transparencia Venezuela, brazo local de Transparencia Internacional, dijo a IPS que no se está "en presencia de una cruzada contra la corrupción, sino de una persecución política, para liquidar políticamente a opositores o para un pase de facturas entre personeros del oficialismo".
El caso más notorio ha sido el de Rosales, alcalde de Maracaibo, segunda ciudad del país y capital de Zulia, estado del que fue gobernador de 2000 a 2008 y que le sirvió de plataforma cuando en 2006 perdió ante Chávez en la competencia por la presidencia de Venezuela, como abanderado opositor, al conseguir 4,3 millones de votos, equivalente a 37 por ciento de los sufragios.
El parlamento investigó la presunta posesión por parte de Rosales de ocho establecimientos rurales en Venezuela y una decena de propiedades en el exterior, incluyendo centros comerciales, y también ventiló la donación de una vieja camioneta de la gobernación a un ex jefe policial que pasó a retiro. El dirigente opositor admitió la posesión de una finca desde 1975.
Pero esas pesquisas no prosperaron, y entonces sus acusadores (dirigentes oficialistas de su región) solicitaron a tribunales desempolvar un expediente de 2004, que la Fiscalía había archivado en 2006, sobre enriquecimiento ilícito, al no demostrar el origen de unos 60.000 dólares en sus ingresos de 2002 a 2004.
Los tribunales no sólo desempolvaron el caso sino que radicaron el juicio en Caracas, a 600 kilómetros de Maracaibo, y Rosales pasó a la clandestinidad.
Tres días antes de la audiencia fijada para el 20 de este mes, el diputado opositor Ismael García divulgó el texto de una supuesta decisión de la jueza del caso de conducir a Rosales a una dura cárcel de Caracas, aun antes de leerle cargos o escuchar sus alegatos.
Rosales entonces apareció en Lima y solicitó asilo al gobierno de Perú, amparado por su abogado en ese país, el diputado Javier Valle-Riestra, del gobernante Partido Aprista Peruano. "Demócrata no se le entrega a dictadura", afirmó el dirigente opositor venezolano.
Luego, envió un mensaje televisado a sus compatriotas, describiendo las que considera irregularidades en su caso y con fortísimas acusaciones contra Chávez, lo que podría afectar la concesión de asilo por parte del gobierno peruano.
El aún alcalde de Maracaibo enumeró casos de corrupción "que no son investigados por la justicia venezolana porque dijo— Chávez ha confiscado todos los poderes", y entre ellos mencionó el de los centrales azucareros, complejos que se construían con participación cubana y en los que se detectó apropiación o dilapidación de decenas de millones de dólares.
Dijo que Chávez ha comprado armas a Rusia con sobreprecios millonarios "pagados a los militares en cuyos pantalones se escuda", ha entregado contratos de taladros petroleros por 178 millones de dólares a empresas con menos de 400.000 dólares de capital y mencionó también el escándalo de la valija requisada en Argentina con 800.000 dólares.
Un tribunal de Miami investigó un supuesto caso de espionaje relacionado con el caso del dinero que intentó ingresar el venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, residente en ese distrito, a Argentina en 2007 y que un testigo en el juicio dijo que estaba destinado a la campaña electoral, en ese momento en curso, que llevó a la presidencia a Cristina Fernández.
En Buenos Aires hay una investigación en curso y se abrió otra en Venezuela, que no han ido más allá de solicitar documentos o copias de actuaciones a las autoridades argentinas o estadounidenses.
Otro buscado por la justicia venezolana es Eduardo Manuitt, quien fue gobernador del estado de Guárico, en las llanuras centrales, y actuó como aliado de Chávez hasta que discreparon respecto de las candidaturas en la región hace un par de años. Se le acusa de peculado y se ignora su paradero.
En tanto, la esposa de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia fue arrestada por dirigir una notaría (oficina de registro) paralela a la que detentaba legalmente y mediante la cual saltaba trámites de ley o facilitaba ilegalidades.
Finalmente, la Fiscalía acusará al ex alcalde Barreto por haber contratado globos aerostáticos de fabricación sudcoreana para vigilancia de Caracas, los que jamás fueron entregados y el único vuelo de demostración fue un fracaso.
Barreto sostuvo que hace un año y medio él denunció a la compañía proveedora por incumplimiento de contrato. "Yo denuncio y salgo imputado. Parece que con esta controversia de Rosales también quieren buscar un corrupto en otra parte", deploró.
El analista político Manuel Felipe Sierra dijo a IPS que la acción contra Rosales, al forzarlo a dejar la alcaldía de Maracaibo e irse del país, "es una retaliación (represalia) y una manera de arrinconar a las fuerzas democráticas, en medio de una campaña contra la descentralización, para mostrar el poder nacional que puede enviar a la cárcel a quien quiera y cuando quiera".
