El jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este martes en el Parlamento que antes de finalizar el año enviará los proyectos de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, de libertad religiosa, de igualdad de trato y de no discriminación, sea del tipo que sea.
La principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP), anticipó que, si el gobierno socialista presenta esas iniciativas y salieran aprobadas, presentará de inmediato un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que ambas violarían la Constitución. Así se lo señaló a IPS Sandra Muñoz, diputada y portavoz de Igualdad de esa agrupación política.
Además precisó que el planteo de Zapatero es inconstitucional, pues en el texto fundamental se proclama el derecho a la vida "y el aborto lo vulnera".
En términos similares se pronunció la psicóloga y portavoz de la Asociación de Víctimas del Aborto, María Teresa Rodríguez-Pomatta, quien dijo a IPS que no se puede ser frívolo ante estos problemas y que hay que tener presente que la interrupción voluntaria del embarazo, además de eliminar una vida, tiene efectos negativos sobre la que iba a ser madre.
Rodríguez-Pomatta adicionó que esa mujer que abortó, a su entender, sufrirá alcoholismo, drogadicción e incluso hay casos que llegan al suicidio.
"Está comprobado que sólo 14 por ciento de las mujeres que abortaron lo hicieron sin sufrir daños y que la mayoría lo pasa muy mal".
Zapatero aclaró que el objetivo al que su gobierno otorga prioridad es a la lucha contra la depresión global y el desempleo, pero que eso no significa que renuncie a cumplir con las promesas que hizo en su campaña electoral, entre otras las de aprobar esas dos leyes, así como las de Igualdad de Trato y de No Discriminación.
Fuentes parlamentarias del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dijeron a IPS que entre las reformas planteadas está la de que las menores de 16 años puedan decidir por sí mismas si abortan o no, en vez de tener que contar con la aprobación de su padre, como sucede en la actualidad.
La Conferencia Episcopal católica se ha pronunciado varias veces categóricamente en contra de la ley del aborto y mucho más si ésta fuese ampliada, como plantea Zapatero.
Pero ante esa posición desde la misma Iglesia surgen voces discordantes, como la expresada por centenares de personalidades cristianas que en un escrito subrayaron que, ante problemas como el del aborto, "la pérdida de credibilidad de la institución católica está alcanzando cotas preocupantes".
Entre los firmantes están Juan José Tamayo y Julio Lois, máximos dirigentes de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, y sacerdotes jesuitas, franciscanos, benedictinos y domínicos. Además de una decena de mujeres también suscribieron el escrito el diplomático Yago Pico de Coaña y el senador Imanol Zubero.
Reivindicando la necesidad de impulsar las reformas del Vaticano iniciadas y suspendidas décadas atrás, reiteran su fidelidad a la religión católica.
Pero aclaran que "el amor a una madre enferma no consiste en negar o disimular su enfermedad sino en sufrir con ella y por ella. Si deseamos una Iglesia mejor no es para militar en el club de los mejores, sino porque el evangelio de Dios en Jesucristo se la merece".
De manera dura, señalan que el resultado de esa posición "es el injusto poder de la curia romana sobre el colegio episcopal, que deriva en una serie de nombramientos de obispos al margen de las iglesias locales, y que busca no los pastores que cada iglesia necesita, sino peones fieles que defiendan los intereses del poder central y no los del pueblo de Dios".
Por eso entienden que las autoridades eclesiásticas tienen la mano tendida hacia posiciones lindantes con la extrema derecha, "aunque sean infieles al evangelio e incluso ateas" y los "golpes inmisericordes" contra las posiciones efectivamente evangélicas, la fraternidad cristiana y la igualdad entre todos los hijos de Dios, "tan clamorosamente negada hoy".
Por último recuerdan el caso de Galileo, condenado por su visión de la Tierra quien, dicen, tenía razón sobre su tesis acerca del movimiento de los astros pero no la tenía en sus argumentos. Hoy en día, añaden, la ciencia suministra datos que la curia romana prefiere desconocer y ponen como ejemplo lo referido al inicio y al fin de la vida.
Por ello, los firmantes del escrito sostienen que "la proclamada síntesis entre fe y razón se ve así puesta en entredicho". Sin embargo, confían en el futuro afirmando: "No vamos a romper con la Iglesia, ni aunque hayamos de soportar las iras de parte de su jerarquía", recordando, eso sí, "que las opiniones de la jerarquía sobre el aborto no representan la opinión de la totalidad de la comunidad católica".
Concluyen pidiendo respeto a quienes apoyan el derecho al aborto, pues "nadie debería hacer bandera política ni religiosa de este tema tan profundamente humano y por nadie deseado", piden que se informe a los ciudadanos sobre ese tema y se manifiestan en contra de la excomunión.
El aborto es legal en España desde 1985 para determinados casos. La ley respectiva establece que para hacerlo la mujer debe peligrar gravemente su vida, o que haya quedado embarazada por violación o porque se presuma que el feto padece graves taras físicas o psíquicas.
En los últimos años la cantidad de abortos ha ido creciendo en este país.
Así, 5,8 de cada 1.000 mujeres abortaron en 1991, pasando esa tasa a 9,6 por 1.000 en 2005, la última información oficial disponible. Una de las causas fundamentales reconocidas para que se dé ese aumento es la precariedad laboral de las mujeres inmigrantes, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid.
Ante ello, el especialista Francisco Torres recuerda que la Organización de las Naciones Unidas rechaza el aborto como medio de planificación familiar y que para luchar contra él plantean la difusión de políticas que indirectamente lo reduzcan, sobre todo mediante la educación de los jóvenes.
Otro tema, que destacan asociaciones femeninas, es que el problema afecta a los sectores menos pudientes, ya que las mujeres ricas pueden trasladarse por avión a Londres para abortar o, incluso, hacerlo en un barco próximo a puertos como el de Valencia, en el que se realizaron varios en octubre de 2008 en uno con base en Holanda.
