El periodismo de investigación peligra en República Checa por la entrada en vigor de una ley «draconiana», según los profesionales del sector.
Los periodistas pueden ser condenados a más de cinco años de prisión y a pagar multas de cientos de miles de euros si violan la nueva norma que prohíbe publicar escuchas telefónicas policiales o mencionar a víctimas de delitos.
Los profesionales checos, que la llaman la "ley del bozal", temen que el periodismo de investigación pase a ser algo del pasado en algunos medios.
El presidente del sindicato de periodistas, Miroslav Jelinek, dijo a IPS: "Será una complicación para quienes investigan. La ley apenas entró en vigor y hay que ver cómo reaccionan los medios. Pero existe el temor de si frenará o dificultará las investigaciones periodísticas en algunas organizaciones".
La norma que entró en vigor a principios de este mes fue criticada por organizaciones internacionales como la Asociación Europea de Editores de Periódicos (ENPA, por sus siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras.
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El fin de semana pasado, diarios checos publicaron una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de visita en el país, en protesta por la ley.
"Bienvenido a un país que aprobó un castigo sin precedentes por la publicación de información verdadera. Es triste que esa fuerte limitación a la libertad de expresión y al derecho de información ocurra el mismo año en que se celebran los 20 años del retorno de la democracia en Europa central", reza la misiva.
"Queremos remarcar el hecho y provocar un debate sobre la necesidad de la libertad de expresión, cuya importancia excede las fronteras y es uno de los valores centrales de la civilización occidental", añade.
Muchos periodistas sostienen que la ley fue promovida por políticos interesados en frenar la información sobre los presuntos vínculos entre ellos y delincuentes o la publicación de escándalos de corrupción.
La norma fue propuesta tras la publicación de transcripciones de grabaciones secretas hechas en el marco de investigaciones policiales sobre presuntos vínculos entre políticos y delincuentes.
El representante checo ante la Asociación Mundial de Periódicos, Michal Klima, dijo a Radio Praga: "Comencé porque eran delitos que involucraban a algunos políticos y que se venían investigando desde hace tiempo. Hubo policías presionados para demorar el proceso o quizá para terminarlo. Es posible que decidieran dar información a los periodistas para activar la presión pública".
"Y esta es la respuesta de los políticos", añadió. "Es un verdadero peligro para la libertad de prensa".
Los legisladores que apoyaron la ley, incluido su promotor Marek Benda, del gobernante centroderechista Partido Cívico Democrático, alegan que permite proteger a las víctimas de delitos.
El presidente checo Vaclav Klaus se negó a vetar la ley porque, según dijo, él no se está del lado de "medios sedientos de sensacionalismo". Publicar el contenido de grabaciones policiales "antes del fin de un proceso legal infringe claramente los derechos de ciudadanos inocentes" porque se divulgan sus nombres.
Jelinek cuestiona esos argumentos y sostiene que "la ley es totalmente innecesaria porque lo que se supone que resguarda, como la identidad de las víctimas, ya está protegida por otras normas".
La peor parte de la nueva ley, remarcó, son los castigos "draconianos" que prevé para quien infrinja la norma.
"Es increíble. Una sentencia de cinco años no tiene ningún sentido en comparación con otras penas. Una persona puede ser condenada a un máximo de tres años de prisión por un delito tan grave como un homicidio en determinadas circunstancias, pero un periodista puede estar en la cárcel mucho más tiempo según la ley", alegó.
"La sanción económica de 175.000 euros (unos 231.000 dólares) es terrible", apuntó.
La aprobación de la norma tocó una fibra sensible en los periodistas de la vecina Eslovaquia, que salieron a apoyar a sus colegas checos.
El año pasado, la centroizquierdista coalición gubernamental de ese país aprobó una ley polémica que obligaba a los periódicos y a otros medios impresos a publicar respuestas de personas o instituciones que figuraran en cualquier artículo, aun si la información publicada era verdadera y precisa.
Los periódicos locales se opusieron de plano a la nueva norma, que también fue criticada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa por considerarla una amenaza a la libertad de prensa. Además advirtió que podía llevar a la quiebra a muchas publicaciones y bloquear información importante de personalidades públicas.
La norma fue aprobada a pesar de su protesta.
El Sindicato de Periodistas Eslovacos divulgó un comunicado el 7 de este mes en apoyo a la prensa checa en el que describe a la ley como "un serio obstáculo para los profesionales que aún quieran investigar", así como una amenaza "atemorizante a su profesión".
La prensa checa espera poder anular la norma tras reunir el apoyo de 17 senadores, requisito para presentar una queja formal ante el Tribunal Constitucional.
"Llevaremos la lucha hasta el Tribunal Constitucional. Tenemos que hacerlo", aseguró Jelinek a IPS.
