La desarticulación de un comando integrado en su mayoría por extranjeros puede llevar a las autoridades bolivianas hasta los autores intelectuales de una docena de atentados perpetrados desde 2006 en Santa Cruz de la Sierra, que, según el gobierno, culminarían con el asesinato del presidente Evo Morales.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, puso la ficha para armar el rompecabezas al asegurar que empresarios y terratenientes del departamento de Santa Cruz, algunos por propia voluntad y otros presionados, armaron el esquema para cubrir los costos de operaciones encubiertas de los cinco presuntos terroristas, tres de los cuales fueron muertos por la policía.
Pero desde la oposición, el presidente del Senado, el empresario santacruceño Oscar Ortiz, puso en duda el enfrentamiento informado por las autoridades y lanzó sus sospechas de que habrían sido en realidad ajusticiados.
El prefecto (gobernador) departamental, Rubén Costas, el principal político opositor a Morales y quien en un principió acusó al gobierno de un montaje, ahora reclama una investigación imparcial. Por su parte, el derechista Comité Cívico Pro Santa Cruz, integrado por empresarios y grupos sociales, exige las pruebas y fotografías del comando que el gobierno declaró poseer.
La acción policial, en la que además fueron detenidos dos hombres, se realizó en un lujoso hotel de la capital del departamento de Santa Cruz, una ciudad de 1,5 millones de habitantes ubicada 903 kilómetros al este de La Paz.
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Ninguna investigación policial y judicial ha podido hasta ahora esclarecer la escalada de ataques e incendios de viviendas de ministros, autoridades y de líderes opositores en esta urbe convertida en el bastión de las gremiales empresariales, latifundistas y sectores conservadores contrarios al gobierno izquierdista de Morales, en funciones desde el 22 de enero de 2006.
Sin embargo, el atentado con explosivo plástico de uso militar en el domicilio del cardenal católico Julio Terrazas, cometido en la madrugada del 15 de este mes en Santa Cruz de la Sierra, precipitó acciones policiales de búsqueda de los responsables, bajo una condena generalizada por la acción.
El líder de la Iglesia Católica de Bolivia estaba fuera de la ciudad en el momento del ataque, del cual nadie se atribuyó autoría.
Desde ese momento, varios acontecimientos se desencadenaron en diferentes escenarios casi de manera sincronizada, creando una sensación de acercamiento a los supuestos autores de los atentados ampliamente censurados por la oposición y el oficialismo.
En la madrugada siguiente al atentado a la morada de Terrazas, un grupo policial de elite antiterrorista tomó una planta del hotel Las Américas, en el centro de la ciudad cruceña, y el primer parte oficial habló de un enfrentamiento con un supuesto grupo terrorista de ultraderecha.
La versión oficial señala que los policías abatieron al rumano-húngaro Magyarosi Arpak, al irlandés Michael Dwyer y al boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, mientras que fueron detenidos el boliviano-croata Ramiro Francisco Tadic, y el rumano-húngaro Elod Toaso.
La policía informó en una conferencia de prensa realizada pocas horas después de la existencia de un depósito de armas de largo alcance, sub ametralladoras, municiones, explosivo plástico, similar al empleado en el atentado a la casa del cardenal Terrazas, y la tapa del envase en el que presumiblemente se dejó la carga que estalló la madrugada anterior.
Pero más allá de las armas halladas, el centro de la noticia estaba representado por el almacén ferial donde estaban escondidas y que pertenece a la Cooperativa de Teléfonos de Santa Cruz de la Sierra (Cotas), una moderna empresa de dominio exclusivo de acaudalados empresarios y líderes de esa zona de pública militancia opositora al gobierno de Morales.
Los antecedentes de los muertos y de los detenidos, que incluye un historial declarado por algunos de ellos en páginas de Internet y entrevistas de televisión sobre la participación en los años 90 en la guerra de los Balcanes, creó el sustento necesario para una declaración de García Linera respecto de un plan para asesinar al presidente.
Mientras en Santa Cruz de la Sierra se descorría el telón de las armas escondidas, García Linera alertaba desde La Paz de la presencia de mercenarios en el país y Morales insistía desde Venezuela que ese grupo quería matarlo, como había denunciado días antes.
Morales hizo la declaración junto a su par anfitrión, Hugo Chávez, poco antes de comenzar la cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, convocada en horas previas a la Cumbre de las Américas del viernes al domingo pasado en Trinidad y Tobago.
En una entrevista concedida el 8 de septiembre de 2008 a la Red de Televisión Húngara (MTV), Rózsa Flores afirmó que su objetivo en Bolivia era la creación de un grupo de autodefensa y que, si no se lograba la coexistencia pacífica, se lucharía por la independencia del departamento de Santa Cruz.
En el historial ampliamente difundido en Internet de Rózsa Flores, hijo de un húngaro de militancia comunista que se radicó en Santa Cruz de la Sierra, se menciona su actuación como comandante de una brigada internacional en la guerra de los Balcanes, integrada por 380 mercenarios procedentes de 20 países y con la meta de independizar a Croacia.
La violencia política y los actos terroristas denunciados no son nuevos desde que asumió el gobierno el líder indígena. Grupos radicales opositores tomaron por asalto en septiembre pasado instalaciones de edificios estatales en Santa Cruz de la Sierra, mientras que una cañería de exportación de gas natural fue volada en el sureño departamento de Tarija.
El conflicto cobró mayor intensidad el 11 de septiembre, cuando una movilización indígena fue detenida violentamente por funcionarios de la prefectura (gobernación) del departamento amazónico de Pando, en la región de El Porvenir, al norte de La Paz.
La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y una comisión de la Organización de las Naciones Unidas condenaron la masacre de 13 campesinos, hecho que derivó en la detención del entonces prefecto conservador de Pando, Leopoldo Fernández, quien ahora espera en la cárcel pública de La Paz el proceso judicial en su contra.
Horas antes de la masacre, dos funcionarios de la prefectura de Pando habían muerto en un ataque con armas de fuego.
Entre los hechos de violencia en tiempos de democracia se cuentan la voladura de torres del sistema de transmisión de energía eléctrica y atracos a camiones de caudales estatales, cometidos durante el gobierno del socialdemócrata Jaime Paz Zamora (1989-1993) y atribuidas al Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), encabezado por el líder campesino Felipe Quispe y el indigenista García Linera.
Tanto Quispe como García Linera fueron apresados y luego liberados tras determinarse un atraso irregular de la justicia y, por tanto, no llegaron a juicio.
Hoy García Linera apuesta desde su cargo de vicepresidente de Bolivia a develar los entretelones de este nuevo episodio violento protagonizado por personas acusadas de militar en la ultraderecha.
