Activistas por los derechos humanos que criticaron la decisión del presidente estadounidense Barack Obama de no juzgar a agentes de la CIA por torturas elogiaron la intención del juez español Baltasar Garzón de investigar a seis ex funcionarios de la administración George W. Bush (2001-2009).
Esos funcionarios proveyeron el marco legal para que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) aplicara sus "técnicas de interrogatorio mejoradas", como el "submarino" (simulación de ahogamiento), golpes, privación prolongada de sueño y encierro del detenido en habitaciones con insectos, contra sospechosos de terrorismo recluidos en la base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba.
La semana pasada, el fiscal general español Cándido Conde-Pumpido le recomendó al juez Garzón —famoso mundialmente por haber ordenado el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998— que desechara la demanda, presentada por grupos de derechos humanos. No obstante, al día siguiente, el juez resistió la presión y decidió proceder con el caso.
Según informó la cadena británica BBC, Conde-Pumpido sostuvo que la propuesta investigación penal de Garzón contra los ex funcionarios de Bush por posibles violaciones al derecho internacional "no tenía mérito".
Los seis funcionarios en la mira de Garzón son Alberto Gonzales, ex fiscal general de Estados Unidos, John C. Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia, Douglas J. Feith, ex subsecretario de Defensa, David Addington, ex jefe del gabinete de la Vicepresidencia, Jay S. Bybee, ex funcionario del Departamento de Justicia, y William Haynes, ex abogado del Pentágono.
[related_articles]
Estos fueron señalados por proveer la argumentación legal que utilizó el gobierno de Bush para ignorar las Convenciones de Ginebra, referidas a los tratos a los detenidos.
Bajo la ley española, una vez que un juez recibe la opinión de un fiscal, puede desechar la querella o abrir una completa investigación que podría llevar a una acusación. Es en este caso el juez, no el fiscal, el que presenta las acusaciones penales.
La ley española le da a los tribunales jurisdicción fuera de fronteras nacionales en casos de torturas o crímenes de guerra, basándose en la doctrina conocida como "justicia universal".
Gonzalo Boye, uno de los abogados defensores de los derechos humanos que presentó el caso ante Garzón, explicó a la agencia AP que el reclamo de jurisdicción española se fortalece por el hecho de que cinco de los detenidos en Guantánamo son ciudadanos o residentes de España.
Pero este caso, si avanza, tendría implicaciones mucho más allá de España, porque las eventuales órdenes de arresto serían vinculantes para todos los 27 miembros de la Unión Europea (UE).
La mayoría de los seis hombres señalados no han hecho comentarios. Solo Feith rechazó enérgicamente las acusaciones y sostuvo que España no tenía jurisdicción. Además, sostuvo que el caso era "un insulto nacional con dañinas implicaciones".
El gobierno de España, que ha intentado mejorar sus relaciones con Washington, insistió en que sus tribunales son independientes y que la rama ejecutiva no tiene dominio sobre sus decisiones.
Grupos de derechos humanos apoyaron en forma unánime la iniciativa de Garzón.
El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que representa a varios de los detenidos en Guantánamo, elogió la decisión del juez español.
"La importancia de esta investigación no puede ser subestimada. Contrariamente a las declaraciones de algunos, las investigaciones españolas no son simbólicas. Si se emiten órdenes de arresto, todos los países de la UE estarán obligadas a cumplirlas. El mundo se está haciendo más pequeño para los conspiradores de la tortura", dijo el presidente del CCR, Michael Ratner.
El CCR, junto al Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos, había intentado en tres ocasiones, dos en Alemania y una en Francia, presentar cargos en la UE contra ex funcionarios de Bush. El caso alemán todavía está pendiente.
"La única razón por la cual España considera un juicio a estadounidenses por tortura es porque Estados Unidos se niega a hacerlo. Eric Holder (el actual fiscal general) debe cumplir las leyes estadounidenses e iniciar investigaciones penales a los funcionarios de Bush que cometieron tortura y otros crímenes de guerra", dijo a IPS la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados, Marjorie Cohn.
"Las consideraciones políticas no deben controlar nuestra obligación bajo la Convención contra la Tortura de procesar o extraditar a crímenes de guerra", añadió.
Con ella coincidió Ben Wizner, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. "La idea de que España investigue el trato dado por Estados Unidos a los detenidos es una vergüenza para nosotros", afirmó.
"Una vez éramos los campeones del mundo, no sólo en derechos humanos, sino en rendición de cuentas. No deberíamos depender de otros países para limpiar nuestro desorden", añadió.
"Si la administración de Obama hiciera lo que requiere la ley (designar un fiscal especial), veríamos a menos de nuestros aliados sintiendo que deben hacer nuestro trabajo", agregó.
