Unas de las primeras medidas del presidente estadounidense Barack Obama tras asumir el cargo fueron ordenar el cierre de la prisión en la base militar de Guantánamo, Cuba, para enero próximo y suspender los juicios en comisiones militares a los detenidos.
Sin embargo, el Departamento de Defensa todavía intenta reclutar a abogados para defender su centro de detención..
En un aviso que circuló en la Asociación de Colegios de Abogados, el Pentágono ofrecía salarios de entre 39.407 y 130.211 dólares al año para abogados que ayuden a responder los recursos de hábeas corpus presentados por los prisioneros de Guantánamo ante tribunales federales estadounidenses.
El recurso de hábeas corpus, por el cual los prisioneros cuestionan el derecho del gobierno a detenerlos, les fue reconocido en una histórica decisión de la Corte Suprema en junio de 2008.
[related_articles]
El aviso del Pentágono señalaba que "abogados con cualquier experiencia en litigio" podían presentarse para cargos de tres años, e indicaba que estos se desempeñarían en la ciudad de Washington, con la posibilidad de algún viaje a la bahía de Guantánamo". Además, subrayaba que la Oficina del Abogado Defensor General del Departamento de Defensa buscaba interesados que pudieran "comenzar de inmediato".
Cada vez más recursos de hábeas corpus llegan a diferentes jueces federales, quienes evalúan si el Pentágono tiene suficiente evidencia como para mantenerlos recluidos.
Obama ha anunciado que los presos en Guantánamo no serán más calificados de "combatientes enemigos", como los definió la administración de su antecesor, George W. Bush (2001-2009), para eludir el reconocimiento de los derechos que las Convenciones de Ginebra conceden a los prisioneros de guerra.
Los abogados del Pentágono trabajan denodadamente en busca de evidencias que justifiquen la detención de los "combatientes enemigos", pero los defensores de estos aseguran que los esfuerzos hasta ahora han sido vanos.
La mayoría de los detenidos en Guantánamo han estado allí más de siete años sin acusación formal. Diecinueve de ellos han ganado sus casos, pero aún están presos porque Estados Unidos se ha negado a permitirles el ingreso a su territorio y no han sido aún aceptados por otro país.
Un portavoz del Pentágono le aseguró al periódico The Miami Herald que en este momento no había vacantes. El diario informó que el Departamento de Defensa ha estado publicando el aviso desde el pasado verano boreal —antes de que asumiera Obama— como parte de un esfuerzo para atender "cualquier futura necesidad de contratación, incluso la de reemplazar a un abogado".
Pero Daniel DellOrto, ex abogado general del Pentágono, informó en agosto pasado que esa cartera estaba contratando 40 abogados para trabajar en los casos, y que ya tenía a unos 30 "exclusivamente en el litigio por hábeas corpus".
Durante el gobierno de Bush, los departamentos de Justicia y Defensa crearon varias unidades de expertos para defender sus políticas, y fueron conformadas comisiones militares para juzgar a los detenidos en Guantánamo.
Estas comisiones tienen cada vez más abogados, aun cuando la ley que permitió su creación está siendo revisada por la administración de Obama. Hoy hay 63 fiscales en las comisiones militares, dos más que en diciembre.
Mientras, los abogados del ex detenido Binyam Mohamed podrían ser condenados a seis meses de prisión en Estados Unidos, luego de haberle escrito una carta a Obama detallando las acusaciones de su cliente, quien afirma haber sido torturado por agentes estadounidenses.
Los defensores legales fueron denunciados por el Equipo de Revisión de Privilegios (PRT, por sus siglas en inglés), comisión integrada por funcionarios del Departamento de Defensa que siguen de cerca y censuran las comunicaciones entre los presos de Guantánamo y sus abogados.
Los abogados Clive Stafford Smith, director de la organización de ayuda legal Reprieve, y Ahmed Ghappour han sido citados a comparecer ante un tribunal en Washington el 11 de mayo.
El PRT acusó a Stafford Smith y Ghappour de "conducta contraria a la ética profesional" al divulgar información sobre el caso de Mohamed, violando las reglas que rigen a los abogados de Guantánamo.
Varios abogados de los "combatientes enemigos" han acusado al PRT de usar sus poderes para suprimir evidencias de torturas a los detenidos.
El caso de Mohamed tiene reminiscencias kafkianas. Stafford Smith decidió escribirle a Obama después de que jueces en Gran Bretaña fallaron contra la divulgación de evidencia estadounidense que detallaba la tortura denunciada por el ex preso en Guantánamo. La carta le pedía al mandatario que reconsiderara la posición de su país y permitiera la divulgación de la evidencia.
En la carta adjuntó un memorando resumiendo el caso, pues su calidad de abogado de un prisionero le daba acceso a material clasificado. Para cumplir con las reglas referidas a material clasificado, el memorando no identificaba a funcionarios por nombre ni lugares específicos de los abusos denunciados.
Stafford Smith y Ghappour enviaron el memorando al PRT para su autorización, pero esta comisión redujo el documento a solo el título, por lo cual Obama no pudo leer la información. De todas formas, Stafford Smith adjuntó una copia redactada del memorando en su carta para ilustrar a qué grado había sido censurado, y describió el caso como "realidad bizarra".
"A usted, comandante en jefe, se le niega acceso a material que ayudaría a probar que esos crímenes han sido cometidos por personal de Estados Unidos. Esta decisión es tomada por las mismas personas que usted comanda", escribió el abogado en la misiva.
Stafford Smith dijo que las acciones del PRT eran una intimidación, y señaló que la demanda que presentó esa comisión contra ellos "ni siquiera especifica qué reglas supuestamente se violaron".
