Senadores y representantes de los dos grandes partidos de Estados Unidos respaldan proyectos de ley que pondrían fin a medio siglo de embargo contra Cuba, e incluso a la prohibición de viajar a esa isla de régimen comunista.
El proyecto denominado "libertad de viajar a Cuba" fue presentado el martes en el Senado por el demócrata Byron Dorgan y el republicano Michael Enzi, a los que se unieron otros 20 legisladores, entre ellos los influyentes Christopher Dodd y Richard Lugar.
Un proyecto idéntico fue presentado este jueves en la Cámara de Representantes por el demócrata Bill Delahunt y el republicano Jeff Flake como principales patrocinantes, acompañados por 121 diputados.
También manifestaron su apoyo a la medida la Federación de Granjeros de Estados Unidos, la Cámara de Comercio y la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
"El pueblo de Cuba debe ser libre", dijo el senador Dorgan. El embargo y la política de aislamiento no dieron el resultado esperado de alentar una reforma política en Cuba, y sólo fue capaz de "castigar a los estadounidenses", agregó.
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De aprobarse, el proyecto prohibiría al presidente regular o prohibir el traslado de ciudadanos estadounidenses o residentes legales hacia o desde Cuba, ni las transacciones habituales en esos viajes, excepto en tiempos de guerra u hostilidad armada entre los dos países o de inminente riesgo para la salud pública o de riesgo para la seguridad física de los viajeros.
El embargo a Cuba, iniciado en 1961 y afianzado posteriormente, prohíbe los viajes a Cuba y los negocios con ese país a todos los ciudadanos estadounidenses. Críticos han considerado que esa política perjudica los intereses de Washington y fortalecido al gobierno en La Habana.
"El embargo es un fracaso de 50 años. Levantar la prohibición a los viajes es un buen primer paso hacia una política más racional", dijo Myron Brilliant, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a cargo de asuntos internacionales.
Esta medida "fue implementada como un intento de darle libertad a Cuba, pero convirtió a un tirano en mártir y, en realidad, contribuyó a apuntalar al régimen", agregó el empresario.
Entre los impulsores del proyecto de ley figuran asociaciones de productores agrícolas para quienes el levantamiento de la prohibición de los viajes a Cuba aumentará las ventas del sector en productos básicos como pollo, trigo y soja. Esas ventas han promediado los 400 millones de dólares anuales desde 2000.
"En el largo plazo, debemos hacer más para brir canales de comercio con Cuba, como lo hacemos con otros países", dijo Bob Stallman, presidente de la Federación de Granjeros.
El embargo no ha hecho nada en pro de la democracia o de los derechos humanos en Cuba, según los impulsores del proyecto de ley.
"Human Rights Watch ha analizado la situación de los derechos humanos en Cuba por casi dos decenios, y el estado lamentable de esos derechos no ha mejorado", dijo el director ejecutivo de la división de América de esa organización, José Manuel Vivanco.
Pero la iniciativa cuenta con la habitual oposición.
"Este proyecto sólo aumentará el turismo a Cuba, que enriquece a quienes están en el poder, al tiempo que mantiene la opresión de quienes buscan los cambios", dijo el senador Mel Martínez, del opositor Partido Republicano, nacido en Cuba y procedente del sudoriental estado de Florida.
La presentación del nuevo proyecto sigue a la aprobación, a comienzos de marzo, de una ley presupuestal que incluye entre sus cláusulas la atenuación de varias restricciones a los viajes y el comercio con Cuba.
La norma ya vigente deja sin efecto regulaciones impuestas por Bush, las cuales obligaban a quienes deseaban vender sus productos en Cuba solicitaran una licencia específica caso por caso, un proceso engorroso y a veces prolongado que llevó a muchas empresas a desistir.
"Por primera vez en casi una década, el Congreso actúa para flexibilizar el embargo de Cuba y envía estas modestas reformas a un presidente que prometió cambiar la política, sin emitir amenazas de veto o de mantener las cosas como están", señala una declaración emitida en conjunto por organizaciones como el Centro para la Democracia en América y la Oficina en Washington para América Latina.
Según la ley aprobada, a los cubano-estadounidenses aún se les permite visitar a sus familiares en la isla apenas una vez cada tres años, pero la norma priva al Departamento del Tesoro (ministerio de hacienda) de los fondos para controlar la frecuencia de los viajes, lo cual la hace impracticable.
También a las empresas estadounidenses que exportan alimentos y medicinas a Cuba se les obliga todavía a recibir el pago de sus ventas en efectivo antes de que sus embarques abandonen el puerto. Pero en este caso el Tesoro tampoco podrá controlar eso.
Muchos esperan que Obama apoye el proyecto de ley. El presidente se apresta a asistir a la Cumbre de las Américas, que se realizará del 17 al 19 de este mes en Trinidad y Tobago.
Allí se reunirá con todos los líderes del hemisferio, excepto con el presidente cubano Raúl Castro, que no participa en esas cumbres.
"El presidente Obama está en el camino correcto al restablecer los derechos de los cubano-estadounidenses a visitar y apoyar a sus familias, pero aclaremos que el derecho constitucional a los viajes pertenece a todos los estadounidenses, sin importar su origen étnico o nacional", dijo Sarah Stephens, del Centro para la Democracia en las Américas.