Profesores y estudiantes participaron este jueves en una marcha de protesta contra la Ley General de Educación, aprobada el miércoles por el parlamento de Chile, casi tres años después de la «revolución pingüina» protagonizada por el movimiento estudiantil de enseñanza media.
Cerca de las 11 de la mañana, representantes del Colegio de Profesores junto a estudiantes de secundaria y universidad se reunieron en la Plaza de Armas de la capital chilena para dar inicio a la jornada de manifestación.
Pero antes de que comenzaran los discursos, un pequeño grupo de gente encapuchada protagonizó desmanes que terminaron con seis carabineros (policías uniformados) heridos.
Luego, manifestantes marcharon, sin permiso oficial y en medio de enfrentamientos con efectivos policiales, hacia el edificio del Ministerio de Educación, cercano al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, donde dejaron una carta. La protesta terminó con 47 personas detenidas, dos profesores y un alumno.
Mientras el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, consideró "exitoso" el paro educativo que acompañó la protesta en todo el país, con una adhesión que cifró en 90 por ciento, el subsecretario de Educación, Cristian Martínez, lamentó los hechos de violencia y aseguró que sólo 22 por ciento de maestras y maestros del país, unos 39.000 docentes, participaron en la movilización.
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La controvertida norma, que reemplazará a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada por el fallecido ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) un día antes de dejar el poder, fue rechazada desde un comienzo por los sindicatos de educadores y las agrupaciones estudiantiles porque no era la reforma estructural que esperaban.
Pero lo que terminó de irritar a profesoras y profesores fue el último artículo aprobado por el parlamento, el número 46, que permite a profesionales sin estudios pedagógicos dar clases en la educación secundaria hasta por cinco años, previa solicitud de la dirección del establecimiento.
Esto "va a precarizar aún más nuestro empleo", declaró este jueves Gajardo, arguyendo que "los profesionales no sólo deben tener conocimientos sino también pedagogía".
El Colegio de Profesores estudia junto a parlamentarios impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional, además de pedir a la presidenta Michelle Bachelet que la vete.
Esta disposición niega "legalmente, frente a la sociedad, la existencia de una especificidad que es el saber pedagógico. Esto le quita el piso a las facultades de educación, a las políticas de mejoramiento, a la acreditación de las pedagogías", comentó a IPS el decano de la Facultad de Educación de la privada Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García-Huidobro.
Con esto se abre la posibilidad, además, de que profesionales que no encuentren empleo en sus respectivas áreas de formación empiecen a rotar dentro del sistema educativo, apuntó este experto en educación, que presidió el consejo asesor que Bachelet formó en junio de 2006 para aplacar el histórico paro estudiantil de ese año.
Por tratar de solucionar un problema coyuntural, como la falta de docentes en algunas especialidades, se permitió la entrada indefinida a profesionales de cualquier disciplina a la docencia, criticó García-Huidobro.
"En todos los países que están haciendo las cosas bien en educación se ve justamente lo contrario: fortalecimiento de la profesión docente, mecanismos para atraer a los mejores jóvenes y para que los titulados permanezcan en la docencia", precisó.
La ley se aprobó un día después de que el Ministerio de Educación entregara los resultados de la primera prueba "Inicia" practicada voluntariamente a 1.994 egresados de carreras de pedagogía básica de 39 instituciones, que la propia ministra Mónica Jiménez calificó de "malos".
"Constatamos que los resultados no son buenos. Aplicamos cinco tipos de pruebas, y el porcentaje de respuestas correctas no superó el 50 por ciento", detalló la funcionaria.
Pero el artículo 46 es sólo uno de los problemas de la ley, plantearon algunos especialistas, mientras otros saludaron la aprobación de la nueva normativa.
Entre ellos el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la privada Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, para quien la norma "dispone las bases de una nueva institucionalidad escolar".
El proyecto de ley, que nació tras el paro estudiantil de 2006 y se nutrió de las propuestas del consejo asesor presidido por García-Huidobro, fue enviado al parlamento por el gobierno en abril de 2007.
Pero el texto original, que prohibía el lucro y la selección de estudiantes en la educación, sufrió numerosas modificaciones debido a las presiones políticas que el gobierno recibió tanto de la oposición derechista como de la propia coalición gobernante.
Por ello, la ley no revertirá el proceso de descentralización y privatización del sistema educacional chileno iniciado con la LOCE, plantean expertos como García-Huidobro.
Además de traspasar la administración de los establecimientos públicos desde el Ministerio de Educación hacia los 345 municipios del país, la LOCE permitió la creación de colegios particulares con subvención estatal.
Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, que llevan 19 años en el poder, lejos de acabar con este modelo lo profundizaron al autorizar, por ejemplo, que las escuelas particulares subvencionadas cobren una mensualidad a las familias por la educación de sus hijos. Esto se conoce como "financiamiento compartido".
Con la nueva ley "hay pequeños avances, pero los problemas centrales de la educación chilena, que son su profunda desigualdad y su creciente segregación social, no se tocan, no se solucionan", indicó García-Huidobro. La norma no asegura el mejoramiento de la educación pública ni termina con el financiamiento compartido, especificó.
Entre los aspectos que se pueden valorar, según este experto, está "la mejor formulación del derecho a la educación" y las mayores condiciones impuestas a los propietarios de colegios subvencionados por el Estado.
La ley también crea una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación, que velará por el correcto uso de los recursos públicos.
Asimismo, establece una modificación gradual de los ciclos educativos: de los actuales ocho años de enseñanza básica y cuatro de educación media, se pasará a seis años de primaria y los mismos de secundaria. Coincidiendo con García-Huidobro, el investigador Rodrigo Cornejo, del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile, considera que con la ley "no se supera ninguno de los elementos que han sido diagnosticados como los causantes de la crisis educativa en Chile".
En diálogo con IPS, Cornejo planteó que "la educación chilena sigue estando secuestrada por los empresarios", puesto que la ley "no modifica ni el sistema de financiamiento ni el modelo de administración de la educación municipal y particular subvencionada" del país.
Las mayores condiciones puestas a los propietarios "tampoco son un avance porque es hacer que el mercado funcione mejor y nosotros planteamos que el mercado simplemente no debe funcionar en educación", señaló Cornejo.
Ambos expertos consideran, además, que los proyectos de ley complementarios redactados por el gobierno, entre ellos uno que fortalece la educación pública, "son peores" que la ley.
"Uno de los grandes errores en los que ha caído el debate educativo, en general, es pensar que la educación se puede mejorar sin tocar la sociedad", planteó este investigador, quien sitúa el problema dentro de un país que tiene una "Constitución antidemocrática" y "una distribución del ingreso extremadamente desigual".
"Esto no es solamente la aprobación de una ley, esto no es solamente un problema de educación, esto es un problema de cómo la sociedad chilena está enfrentando los cambios. Nosotros creemos que no puede ser posible que en un país que se dice democrático sólo el gobierno y el parlamento puedan presentar proyectos de ley", declaró el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Federico Huneeus.
"Nosotros vamos a empujar a la sociedad civil que prepare un proyecto popular de educación, que la presidenta lo tome, para poder presentarlo al parlamento, y que sea un proyecto efectivamente de todos los actores educativos", concluyó el estudiante.
