Madres y padres de la capital de México se oponen con acciones judiciales al transporte escolar obligatorio, dispuesto por el gobierno de la ciudad para descongestionar el tránsito y que debería regir a partir de septiembre. La medida busca también abatir la contaminación, pero entre enero y marzo los juzgados capitalinos recibieron cerca de 1.500 solicitudes de amparo contra ella.
El transporte escolar obligatorio “es una medida dictatorial”, dijo a Tierramérica Antonio Carrasco, de la no gubernamental Unión Nacional de Padres de Familia.
Las autoridades habían previsto que el sistema comenzara en septiembre de 2008, pero lo pospusieron mientras dialogaban con los inconformes y ofrecían descuentos para el transporte y medidas de excepción para escuelas y familias.
El gobierno de la capital sostiene que el uso de automóviles particulares para transportar alumnos genera múltiples problemas. Menos de nueve por ciento de las escuelas capitalinas tienen autobuses propios.
